El peso de los impuestos en las telecomunicaciones 

El autor es economista, Reside en Punta Cana.

Por Rafael Ramírez Medina

En la República Dominicana, los servicios de telecomunicaciones soportan una de las cargas tributarias más elevadas del consumo cotidiano. Telefonía, internet y televisión por cable acumulan aproximadamente un 30% en impuestos sobre su valor. Este porcentaje se compone de 18% de ITBIS, 10% de Impuesto Selectivo al Consumo y 2% de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones. No se trata de un impuesto oculto, sino de una realidad visible en cada factura.

El ciudadano común lo paga mensualmente sin muchas veces detenerse a analizarlo. La pregunta que surge es si esta estructura responde a la realidad actual del país.

El ITBIS del 18% es el impuesto general al consumo y grava la mayoría de bienes y servicios. Desde esa perspectiva, su aplicación a las telecomunicaciones puede entenderse dentro del esquema tributario general. Sin embargo, cuando se suma a otros gravámenes específicos, la carga comienza a tornarse excesiva.

No es lo mismo aplicar un impuesto general que imponer un castigo adicional. La acumulación de tributos encarece significativamente el servicio final. Y en un país donde el ingreso promedio es limitado, cada punto porcentual pesa.

El Impuesto Selectivo al Consumo, equivalente al 10%, es el elemento más debatible de esta estructura. Este tipo de impuesto tradicionalmente se aplica a bienes considerados de lujo o que el Estado busca desincentivar. Alcohol, tabaco o productos suntuarios suelen estar sujetos a esta figura.

Necesidad

Pero las telecomunicaciones hoy no encajan en esa categoría. Más que un lujo, son una necesidad básica en la vida moderna. Equipararlas fiscalmente a bienes prescindibles parece un contrasentido.

En la actualidad, el internet es herramienta de trabajo, educación y emprendimiento. Miles de jóvenes estudian de manera virtual y dependen de la conectividad para su formación. Profesionales independientes generan ingresos a través de plataformas digitales. Pequeñas empresas promocionan y venden sus productos en redes sociales.

Penalizar fiscalmente ese acceso es limitar indirectamente oportunidades. El desarrollo digital no puede convivir con cargas tributarias desproporcionadas.

El 2% de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones fue concebido como un aporte transitorio. Su propósito era impulsar la expansión y modernización del sector. Sin embargo, como ocurre con muchos tributos temporales, el tiempo ha pasado y el gravamen permanece.

La transitoriedad se convirtió en permanencia. Esto genera una legítima preocupación sobre la coherencia fiscal. Cuando un impuesto excepcional se vuelve estructural, merece ser revisado.

Desde la perspectiva económica, gravar fuertemente un servicio esencial afecta la competitividad nacional. Las empresas necesitan conectividad eficiente y accesible para operar. El costo elevado de telecomunicaciones impacta la estructura de gastos de negocios grandes y pequeños.

En un entorno globalizado, cada país compite también en costos digitales. Reducir la carga impositiva podría estimular mayor formalización y expansión empresarial. La conectividad es infraestructura productiva, no un lujo accesorio.

Además, existe un componente social que no puede ignorarse. En zonas vulnerables, el acceso a internet puede significar inclusión o exclusión. Las brechas digitales se amplían cuando el servicio se encarece.

Las familias de menores ingresos destinan una proporción mayor de su presupuesto a mantenerse comunicadas. Esto genera desigualdad en el acceso a información y oportunidades. Un sistema tributario justo debe considerar estos efectos distributivos.

No se trata de desconocer la necesidad de recaudación del Estado. Toda política pública requiere financiamiento responsable. Sin embargo, la eficiencia tributaria también implica seleccionar adecuadamente las bases imponibles.

Gravar en exceso servicios estratégicos puede tener efectos contraproducentes. A veces una reducción selectiva dinamiza el consumo y compensa parcialmente la merma inicial. La política fiscal debe equilibrar ingresos con desarrollo.

Revisar el 10% de Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a telecomunicaciones sería un paso coherente. Evaluar la eliminación o reducción del 2% originalmente transitorio también enviaría una señal positiva. Estas medidas no implican desmantelar el sistema tributario.

Más bien suponen adaptarlo a la realidad tecnológica del siglo XXI. La conectividad es hoy un componente esencial del progreso. Las normas fiscales deben evolucionar junto con la sociedad.

Si el país aspira a ser más competitivo, inclusivo y moderno, debe comenzar por facilitar el acceso a la comunicación. La digitalización es un motor de crecimiento y productividad. Cada estudiante conectado y cada emprendedor digital fortalecen la economía.

Penalizar ese acceso contradice los objetivos de desarrollo. La discusión no es meramente tributaria, sino estratégica. La conectividad no es un lujo; es una herramienta fundamental para el futuro nacional.

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