El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
El reciente caso del asesor presidencial Fabio Jorge-Puras y el exfuncionario Gaspar Polanco-Virella, acusados por un jurado federal de Florida de conspirar para traficar cocaína, ha abierto una grieta que deja ver las raíces más profundas del poder en República Dominicana.
Ya no se trata solo de un hecho judicial, sino del retrato de una enfermedad política que el país ha preferido negar, la infiltración silenciosa del narcotráfico en las instituciones.
Ambos personajes se movían entre las sombras del prestigio. Fabio era asesor honorífico del Gobierno y tesorero de las Águilas Cibaeñas; Gaspar, exdirector del Ayuntamiento del Distrito Nacional y antiguo seguridad presidencial.
Ninguno parecía un “capo”, pero ambos muestran cómo el crimen organizado ya no necesita fusiles para penetrar el poder, le basta un cargo honorífico, una invitación al palco y la complicidad de los silencios.
Mutación
El narcotráfico en República Dominicana ha mutado. Pasó de las pistas clandestinas de los años ochenta al despacho climatizado de los asesores políticos. Hoy compra reputaciones, financia campañas y usa el deporte como refugio moral.
Cada foto, cada patrocinio o cada donación son mecanismos de legitimación que lavan más que dinero, lavan el pasado, el origen y, sobre todo, la sospecha.
El deporte, y en especial el béisbol, se ha convertido en un espejo de esa metamorfosis. Los clubes profesionales, que deberían ser espacios de transparencia, se han vuelto plataformas ideales para lavar prestigio. El caso de las Águilas Cibaeñas muestra cómo el crimen puede disfrazarse de honor. El problema no es el club, sino la facilidad con que el poder abre sus puertas a quien viene con dinero, aunque huela a polvo blanco.
El poder político tampoco escapa. Desde 2008, los casos Figueroa Agosto, César el Abusador, Operación Falcón y la condena del exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz revelan el mismo patrón, redes criminales que financian campañas, compran protección y después se blindan con cargos públicos o con el silencio de quienes saben demasiado. El narco no solo trafica drogas; trafica influencia.
La Ley 33-18 de Partidos y la Ley 15-19 Electoral intentaron poner orden, pero quedaron cortas. Los comités financieros carecen de auditorías independientes y los informes de gasto llegan tarde o nunca. Ningún partido tiene un sistema real para verificar el origen de los fondos que recibe.
En la práctica, cualquiera con dinero puede convertirse en benefactor político, sin que nadie pregunte de dónde proviene su fortuna.
La institucionalidad estatal, fragmentada y débil, funciona como un archipiélago donde cada isla guarda su secreto. La DNCD, la PEPCA, la UAF y la Contraloría no comparten información con agilidad, y las alertas de lavado o corrupción se activan cuando ya el daño está hecho. Las autoridades reaccionan por presión mediática o diplomática, casi siempre cuando el caso llega desde una corte extranjera.
Entre 2008 y 2024, el país avanzó en leyes, pero retrocedió en vigilancia. Los flujos de dinero ilícito se adaptaron a los nuevos tiempos, fundaciones caritativas, patrocinios deportivos, donaciones culturales y empresas fachada. El narco aprendió que, en un país donde el éxito se confunde con virtud, basta parecer próspero para ser respetable. Y cuando el respeto social se compra, la justicia se alquila.
El peligro no está solo en las grandes operaciones internacionales. Está en los municipios, en las licitaciones exprés, en los transportistas que financian mítines y en los empresarios improvisados que pagan vallas a cambio de contratos. Es en esos pequeños pactos cotidianos donde el crimen penetra la política. El dinero sucio no entra con violencia; entra con una sonrisa, un aporte y una promesa.
La Ley de Extinción de Dominio 340-22 representa una oportunidad histórica. Permite confiscar bienes ilícitos sin esperar una condena penal, siempre que haya pruebas del origen ilegal. Si se aplica con rigor, puede romper la alianza entre poder y dinero oscuro. Pero si se politiza, si se usa como arma selectiva, terminará alimentando la misma impunidad que dice combatir.
Necesidad
El país necesita un blindaje ético y técnico. Auditorías en tiempo real, trazabilidad bancaria para las campañas, suspensión inmediata de funcionarios bajo investigación y protocolos de “idoneidad” en los clubes deportivos. No se trata de moralizar, sino de institucionalizar la transparencia. Cuando el dinero opaco financia la política, cada voto pierde valor y cada ley nace contaminada.
El virus del narcotráfico no se combate con discursos ni con indignación ocasional. Se combate con instituciones que no tengan precio. Mientras los partidos sigan ciegos al origen de sus fondos y el Estado continúe reaccionando después del escándalo, el poder seguirá siendo un terreno fértil para la corrupción.
Solo la luz constante de la vigilancia podrá curar una enfermedad que ya es sistémica.
jpm-am
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