El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
El decreto 517-25, emitido por el presidente Luis Abinader, declara de emergencia nacional todas las compras del sistema eléctrico durante un año. A primera vista, parece una respuesta técnica ante la crisis energética.
Sin embargo, más allá del ruido de los apagones y el calor sofocante, este decreto reabre una vieja pregunta ¿cuántas veces más el país gobernará por emergencia en lugar de por planificación?
La medida permite que las EDEs, la Egehid y Punta Catalina realicen compras sin los procesos tradicionales de licitación. En teoría, busca acelerar soluciones, plantas modulares, bancos de baterías y medidores inteligentes.
Pero en la práctica, lo que se acelera no siempre es la eficiencia, sino la discrecionalidad. Las emergencias, cuando se vuelven costumbre, terminan siendo una forma sofisticada de improvisación.
El problema es que esta “emergencia eléctrica” no fue provocada por un desastre natural ni una guerra, sino por años de desinversión, pérdidas técnicas y ausencia de reformas estructurales. Lo que hoy se presenta como urgencia, en realidad es el resultado de una planificación fallida. Las redes envejecieron sin mantenimiento, y la burocracia energética se volvió un santuario de privilegios e ineficiencias.
El gobierno ha dicho que las altas temperaturas, el sargazo y el aumento del consumo justifican la medida. Pero el país lleva décadas con veranos cada vez más cálidos y redes saturadas. Nada de eso es nuevo ni imprevisible.
Declarar una emergencia por causas previsibles es, en el fondo, admitir que el Estado no previó lo evidente. La planificación no puede seguir siendo reemplazada por decretos de urgencia.
Las distribuidoras eléctricas —EdeSur, EdeNorte y EdeEste— siguen siendo un pozo sin fondo para el presupuesto nacional. Sus pérdidas superan el 40 % y su déficit anual obliga al Estado a destinar miles de millones de pesos en subsidios.
Aun así, cada gobierno las “rescata” con nuevos préstamos, promesas y compras aceleradas. Lo estructural nunca se toca, la gestión, el cobro y la independencia técnica.
Por eso, preocupa que este decreto se convierta en un nuevo “parche”. Si las EDEs continúan operando con la misma ineficiencia, corrupción y manipulación política, todo lo que se compre —por moderno que parezca— terminará atrapado en la misma red defectuosa. Se gasta mucho, se inaugura con euforia, y meses después, el servicio sigue igual o peor. El ciclo se repite con cada administración.
El mayor riesgo está en las compras directas. En nombre de la urgencia, se eliminan licitaciones abiertas y se favorece a “proveedores confiables”, una figura tan ambigua como peligrosa. La historia dominicana demuestra que detrás de cada decreto de excepción hay contratos concentrados, sobrecostos disfrazados y un puñado de empresarios cercanos al poder beneficiándose a costa del contribuyente.
Las alarmas no son teóricas.
Desde la pandemia hasta las compras de asfalto o equipos médicos, los estados de emergencia han servido para justificar adquisiciones sin competencia real. Esos atajos administrativos se han convertido en una práctica estructural que erosiona la credibilidad institucional. La urgencia energética corre el riesgo de convertirse en la nueva coartada del gasto discrecional.
La contradicción es clara, se invierten millones para mejorar el sistema, pero los apagones y el déficit permanecen. La deuda pública crece, los subsidios se multiplican y la población sigue pagando tarifas altas por un servicio deficiente. En este modelo, el ciudadano pierde siempre: primero como contribuyente, luego como usuario, y finalmente como testigo de una promesa que nunca se cumple.
Más que una emergencia eléctrica, lo que vive el país es una emergencia institucional. Se gobierna a base de decretos que sustituyen la planificación. Se actúa sobre los síntomas, pero no sobre las causas. Mientras tanto, las verdaderas reformas —auditorías profundas, despolitización de las EDEs, cumplimiento del Pacto Eléctrico— se posponen en silencio, como si el cortocircuito fuera técnico y no político.
El decreto 517-25 podría ser una oportunidad si se acompañara de un plan de transición energética serio, con metas medibles y control ciudadano. Pero si solo sirve para abrir compuertas de gasto rápido y nuevas deudas, será un paso más en la historia del despilfarro. La transparencia no se proclama, se demuestra; y las emergencias, cuando son verdaderas, no deberían repetirse cada dos años.
La República Dominicana no necesita más decretos de urgencia, sino instituciones que funcionen con urgencia permanente. Necesita planificación, supervisión, y un Estado que deje de ser rehén de los mismos sectores que lucran con su ineficiencia.
Si la electricidad es el pulso del país, el verdadero apagón no está en las redes, está en la conciencia pública, cada vez más acostumbrada a vivir en la penumbra de la impunidad.
JPM
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