Entidad pide Presidente revisar el proyecto Manzanillo Power

MANZANILLO, Montecristi.– El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) solicitó al presidente Luis Abinader una revisión institucional independiente del proyecto Manzanillo Power Land (Energía 2000) antes de su inauguración.

En una carta enviada al Mandatario la entidad advierte que existen elementos documentados que ameritan una evaluación técnica, jurídica y ambiental de alto nivel, así como la implementación de un proceso de resarcimiento integral para el municipio de Pepillo Salcedo.

Frank Valenzuela, presidente de la organización, destacó que no se oponen al desarrollo energético ni a la inversión, pero advirtió que el progreso del municipio debe sustentarse en criterios de legalidad ambiental, proporcionalidad territorial y sostenibilidad ecosistémica, especialmente en un entorno de alta sensibilidad ecológica, donde cualquier error técnico puede traducirse en daños irreversibles.

Denunció inconsistencias críticas en el expediente ambiental del proyecto, cuya ejecución se desarrolla en un corredor ecológico que integra el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, Playa Estero Balsa y un complejo sistema de humedales costeros de importancia internacional, lo que, a su juicio, exige una revisión institucional urgente e independiente.

Aclaró que la entidad no se opone al desarrollo energético ni a la inversión extranjera, pero advirtió que el progreso de Pepillo Salcedo no puede construirse al margen de la legalidad ambiental, la proporcionalidad territorial y la sostenibilidad de los ecosistemas.

Enfatizó que Pepillo Salcedo se ha convertido en un punto estratégico para la inversión energética nacional, pero también constituye uno de los sistemas ecológicos más frágiles del Caribe, donde convergen manglares, humedales, lagunas costeras y zonas marinas protegidas que sostienen la economía local y la biodiversidad regional.

Alertó que el proyecto ha sufrido transformaciones sustanciales desde su concepción original, superando los 437 megavatios e incorporando infraestructura gasífera, marítima y eléctrica no contemplada en el diseño inicial.

Responsabilizó a entidades del sector eléctrico, como la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas, de haber permitido, mediante decisiones acumuladas, la evolución de un proyecto cuya configuración final difiere sustancialmente de la evaluada originalmente, sin una verificación ambiental proporcional.

Uno de los puntos más críticos señalados es que la línea base del estudio ambiental se construyó con datos de hace más de una década.

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