![\"imagen\"](\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/fernando.jpg\" "\\"Faltas")
<\/a><\/p>\nEl autor es abogado. Reside en Santo Domingo<\/p>\n<\/p><\/div>\n
POR FERNANDO QUEZADA GARCIA<\/b><\/p>\n
Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acci\u00f3n e imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n correspondiente, la incursi\u00f3n por parte de quien desempe\u00f1a funciones p\u00fablicas en cualquiera de las conductas o comportamientos descritos en la ley que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de incompatibilidades y conflicto de intereses, sin estar amparado en una causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad disciplinaria, que tiene previsto como consecuencia una sanci\u00f3n de igual naturaleza.<\/p>\n
El art\u00edculo 36 de la ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administraci\u00f3n y de Procedimientos Administrativos establece que \u201cSon infracciones administrativas los hechos o conductas as\u00ed tipificados en la ley, que establecer\u00e1 las sanciones administrativas correspondientes\u201d. <\/i>P\u00e1rrafo I. \u201cLos reglamentos s\u00f3lo podr\u00e1n especificar o graduar las infracciones o sanciones legalmente establecidas con la finalidad de una m\u00e1s correcta y adecuada identificaci\u00f3n de las conductas objeto de las infracciones o de una m\u00e1s precisa determinaci\u00f3n de las sanciones a que haya lugar<\/i>\u201d (\u2026). En consecuencia, para que una conducta sea reprochable disciplinariamente, es condici\u00f3n sine qua non que la misma se encuentre descrita y catalogada como falta disciplinaria por una norma con rango de ley (Principio de legalidad).<\/p>\n
La conducta relevante en el campo disciplinario puede ser activa u omisiva, la primera conlleva una acci\u00f3n o comportamiento positivo, esto es, de hacer, efectuar o realizar algo que est\u00e1 expresamente prohibido por la normativa vigente, en tanto la omisi\u00f3n comporta una abstenci\u00f3n cuando se tiene el deber legal de actuar; en este supuesto el resultado disciplinario da\u00f1oso es consecuencia precisamente de que el agente no ejecuta el acto a que estaba obligado y como consecuencia de su abstenci\u00f3n se produce un resultado relevante en el \u00e1mbito disciplinario.<\/p>\n
Conforme a la m\u00e1s socorrida doctrina, para que se configure una infracci\u00f3n o falta administrativa no se exige un resultado lesivo o da\u00f1ino al Estado, sino que se configura con la existencia del quebrantamiento sustancial de los deberes funcionales encargados al servidor p\u00fablico que afecten la consecuci\u00f3n de los fines del Estado, o sea, obrar en contrav\u00eda de los deberes funcionales exigibles al disciplinado. A trav\u00e9s de sus disposiciones, el Derecho Disciplinario pretende encauzar la conducta de los servidores p\u00fablicos, reprochando comportamientos que vulneran la garant\u00eda de la funci\u00f3n p\u00fablica, en aras de que se cumplan los fines del Estado social de derecho.<\/p>\n
El Consejo de Estado, m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo de Colombia sostiene en jurisprudencia constante que \u201cLa falta en materia disciplinaria se estructura a partir de la infracci\u00f3n al deber funcional. En ese tenor, vale decir que quienes ejercen funciones p\u00fablicas deben desempe\u00f1ar el cargo con diligencia, eficiencia y apego a la \u00e9tica, absteni\u00e9ndose de ejecutar actos que impliquen ejercicio indebido de la funci\u00f3n<\/i>\u201d. Queda claro pues que el Estado le confiere a una persona una funci\u00f3n para cumplir los fines del servicio p\u00fablico; cuando esa persona se aparta de lo que \u201cdebe hacer\u201d nace la falta.<\/p>\n
Lejos de ser un asunto meramente interno, una falta disciplinaria puede producir efectos que trascienden al servidor involucrado y afectan directamente a la Administraci\u00f3n P\u00fablica, a los derechos de las personas y al propio Estado de derecho. Cuando un servidor p\u00fablico incurre en una falta disciplinaria \u2014ya sea por negligencia, abuso de autoridad o incumplimiento de sus deberes\u2014 se altera el normal funcionamiento de los servicios p\u00fablicos, generando retrasos, decisiones arbitrarias o un uso inadecuado de los recursos que pertenecen a toda la sociedad; esto puede acarrear afectaci\u00f3n de la confianza ciudadana, erosi\u00f3n silenciosa de la cultura organizacional, limitaci\u00f3n en el logro de metas y objetivos, deterioro del clima laboral, debilitamiento de la legitimidad institucional, entre otros efectos nocivos.<\/p>\n
En un pa\u00eds donde la ciudadan\u00eda exige cada vez mayor integridad y rendici\u00f3n de cuentas, las faltas disciplinarias debilitan la credibilidad institucional y alimentan la percepci\u00f3n de desorden o impunidad, especialmente cuando no son debidamente investigadas y sancionadas conforme a la ley. La funci\u00f3n p\u00fablica existe precisamente para servir al inter\u00e9s general. En ese tenor, no debemos perder de vista que cuando un servidor o funcionario p\u00fablico falla, no falla una persona, falla el Estado. Como afirma Galofre Campo (2024) \u201cla Administraci\u00f3n es lo que, nosotros, los servidores, hacemos de ella; es el reflejo de nuestro compromiso o descuido<\/i>\u201d.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de lo operativo, una falta disciplinaria compromete principios esenciales de la Administraci\u00f3n P\u00fablica como la legalidad, la imparcialidad, la transparencia y la responsabilidad. Estos principios no son conceptos abstractos, representan la base sobre la cual se construye la legitimidad del ejercicio del poder. De ah\u00ed la importancia de comprender que la disciplina en el servicio p\u00fablico no es un fin en s\u00ed mismo, sino un medio indispensable para garantizar un Estado m\u00e1s justo, eficiente y confiable.<\/p>\n
Si tomamos en cuenta el costo que conllevan los procesos disciplinarios, lo cual se evidencia en el impacto que generan las suspensiones de servidores p\u00fablicos de distintos niveles en las \u00e1reas en que prestan servicio, es decir, las horas de trabajo perdidas, los traslados a vistas y audiencias, as\u00ed como el pago de salarios ca\u00eddos e indemnizaciones en aquellos procesos en que los colaboradores eventualmente sancionados obtienen ganancia de causa, evidentemente que el incumplimiento de deberes en el \u00e1mbito de la funci\u00f3n p\u00fablica implica un elevado costo financiero para el Estado.<\/p>\n
Los procesos disciplinarios tambi\u00e9n acarrean con frecuencia una afectaci\u00f3n personal directa, caracterizada por la estigmatizaci\u00f3n de aquellos servidores p\u00fablicos que resultan investigados, procesados y\/o sancionados, sobre todo cuando, en violaci\u00f3n al debido proceso, la informaci\u00f3n se hace de conocimiento p\u00fablico, lo que puede afectar la autoestima, la salud mental y por ende la calidad de vida del servidor p\u00fablico encausado y de su n\u00facleo familiar. Esto puede traducirse en ocasiones en discriminaci\u00f3n, rechazo y dificultades para conseguir un nuevo empleo; de manera que hay de por medio un costo social.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, las faltas disciplinarias implican un alto costo para la sociedad, para los propios sujetos disciplinables involucrados y para las instituciones estatales impactadas, toda vez que pueden entorpecer o desvirtuar la buena marcha de la funci\u00f3n p\u00fablica. Cobra pues especial relevancia fomentar la cultura de transparencia y apego a la \u00e9tica en el servicio p\u00fablico, de forma proactiva. Cuidar la disciplina no es un simple ejercicio de autoridad, es un acto de preservaci\u00f3n del activo m\u00e1s valioso de cualquier instituci\u00f3n: su integridad.<\/p>\n