![\"imagen\"](\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Virgilio-Malagon.jpg\" "\\"En")
<\/a><\/p>\nEL AUTOR es economista y docente universitario. Reside en Santo Domingo<\/p>\n<\/p><\/div>\n
Amigo Lector:<\/p>\n
Antes que nada, deseo dejar claro que no pretendo judicializar a nadie y mi estilo de redacci\u00f3n solo refleja una inquietante preocupaci\u00f3n por ambos eventos. Veamos:<\/p>\n
No solo se \u201ccuecen habas\u201d en nuestro querido pa\u00eds, tambi\u00e9n en el coloso del norte han ocurrido \u201cindelicadezas\u201d en el sector salud.<\/p>\n
El caso de Indiana no es una anomal\u00eda aislada. De hecho, sus hallazgos resuenan con inquietante familiaridad en la Rep\u00fablica Dominicana, donde el SENASA enfrenta cuestionamientos p\u00fablicos sobre la transparencia, la supervisi\u00f3n de pagos y la integridad de los procesos internos. Aunque los contextos son distintos, ambos escenarios revelan un patr\u00f3n com\u00fan: sistemas de salud que manejan enormes flujos de dinero p\u00fablico y que, cuando los controles se debilitan o se politizan, quedan vulnerables a sobrepagos, irregularidades y decisiones administrativas que erosionan la confianza ciudadana.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Una demanda federal reci\u00e9n desclasificada acusa a 66 hospitales y a una de las mayores aseguradoras de Indiana de haber recibido, durante a\u00f1os, cientos de millones de d\u00f3lares en pagos indebidos de Medicaid \u2014incluidos hasta 285 millones por estad\u00edas hospitalarias mal clasificadas y m\u00e1s de 700 millones en reclamos potencialmente impropios\u2014 pese a que el propio Estado sab\u00eda, por auditor\u00edas internas, que gran parte de esos pagos no correspond\u00edan.<\/p>\n
El caso, impulsado por dos exfuncionarios, destapa un presunto entramado de presiones pol\u00edticas, controles desactivados y decisiones administrativas que habr\u00edan permitido que sumas masivas salieran de las arcas p\u00fablicas sin ser recuperadas. Veamos:<\/p>\n
I-Consideraciones procesales aplicable al caso norteamericano<\/b><\/p>\n
1.Actores principales: <\/i><\/b>En un caso t\u00edpico de desfalco o mal uso de fondos federales de pandemia en un estado como Indiana, los actores suelen agruparse as\u00ed:<\/p>\n
a)-Funcionarios p\u00fablicos estatales o locales:<\/b> Ejemplos t\u00edpicos:<\/b><\/p>\n
Directores o altos cargos de agencias estatales (salud, educaci\u00f3n, trabajo, desarrollo econ\u00f3mico).<\/p>\n
Tesorero, contadores, encargados de compras o de licitaciones.<\/p>\n
Alcaldes, concejales o administradores de condados\/municipios si los fondos pasaron por gobiernos locales<\/p>\n
b)-Intermediarios privados y contratistas:<\/b> Ejemplos t\u00edpicos:<\/b><\/p>\n
Empresas que recibieron contratos r\u00e1pidos durante la emergencia (compras de equipos m\u00e9dicos, servicios de consultor\u00eda, tecnolog\u00eda, programas sociales).<\/p>\n
ONG\u2019s \u201caliadas\u201d o de nueva creaci\u00f3n, usadas como canal para sacar dinero.<\/p>\n
Despachos de contabilidad o consultores que armaron estructuras para \u201coptimizar\u201d o directamente defraudar.<\/p>\n
c)-Beneficiarios ficticios o c\u00f3mplices:<\/b> Ejemplos t\u00edpicos:<\/b><\/p>\n
Personas que figuran en n\u00f3minas falsas, listas de beneficiarios inexistentes, supuestos proveedores que no prestaron servicios.<\/p>\n
Testaferros: socios, familiares, amigos o empresas de papel.<\/p>\n
<\/p>\n
2.Fuentes principales para determinar montos malversados:<\/b><\/p>\n
a)-Acusaciones formales (indictments) o querellas civiles:<\/b> suelen indicar montos \u201cdefraudados\u201d, \u201creclamados\u201d, \u201cpagados\u201d o \u201cintentados defraudar\u201d.<\/p>\n
b)-Informes de auditor\u00eda:<\/b> del estado (State Board of Accounts, Auditor\u00eda estatal) o de auditor\u00edas federales (Inspector General de la agencia federal correspondiente).<\/p>\n
c)-Acuerdos o sentencias:<\/b> montos de restituci\u00f3n, multas civiles, decomisos, etc.<\/p>\n
3. Agencias involucradas: <\/b>En un caso de desfalco de fondos federales COVID en un estado, suelen aparecer dos niveles:<\/p>\n
a)-Agencias Federales\/Tipos de fondos malversados:<\/b><\/p>\n
Departamento del Tesoro \/ programas de alivio fiscal y fondos a estados.<\/p>\n
Departamento de Trabajo \/ fondos de desempleo reforzado.<\/p>\n
Departamento de Salud y Servicios Humanos \/ ayudas a hospitales, salud p\u00fablica, vacunas.<\/p>\n
Departamento de Educaci\u00f3n \/ ayudas a escuelas y universidades.<\/p>\n
Small Business Administration (SBA) \/ si hubo fraude con PPP o EIDL canalizados o coordinados desde Indiana.<\/p>\n
Departamento de Justicia (DOJ) \/ Fiscal\u00eda federal del distrito que cubre Indiana.<\/p>\n
Oficinas de Inspectores Generales (OIG) de las agencias federales afectadas.<\/p>\n
b)-Agencias Estatales y locales (Estado de Indiana) en contubernio<\/b><\/p>\n
Agencias administradoras de los fondos:<\/b><\/p>\n
Departamento de Salud de Indiana.<\/p>\n
Departamento de Trabajo o de Workforce Development (para desempleo).<\/p>\n
Departamento de Educaci\u00f3n (para fondos a escuelas).<\/p>\n
Agencias de servicios sociales, vivienda o desarrollo comunitario.<\/p>\n
4. Canales de desv\u00edo de fondos: <\/b>Los mecanismos se repiten mucho entre estados; esto te da un marco anal\u00edtico s\u00f3lido:<\/p>\n
a)-Contratos inflados o dirigidos:<\/b><\/p>\n
Sobreprecio: productos o servicios pagados muy por encima del valor real.<\/p>\n
Empresas sin experiencia: creadas poco antes o sin historial en el \u00e1rea (ej.: una empresa sin experiencia en salud recibiendo grandes contratos m\u00e9dicos).<\/p>\n
Licitaciones ama\u00f1adas o procesos de excepci\u00f3n usados como excusa para favorecer a un proveedor.<\/p>\n
b)-Beneficiarios ficticios o programas manipulados:<\/b><\/p>\n
N\u00f3minas falsas: empleados que no existen, horas no trabajadas, salarios inflados.<\/p>\n
Subsidios o ayudas a entidades fantasma: ONG\u2019s de papel, asociaciones inactivas reactivadas para \u201ccaptar fondos\u201d.<\/p>\n
Uso de intermediarios: que retienen parte del dinero \u201cpor gesti\u00f3n\u201d sin aportar valor real.<\/p>\n
c)-Fraude en programas de desempleo o ayudas directas:<\/b><\/p>\n
Identidades robadas o usurpadas.<\/p>\n
M\u00faltiples solicitudes bajo nombres distintos controlados por el mismo grupo.<\/p>\n
Declaraci\u00f3n falsa de p\u00e9rdida de ingresos o de empleados.<\/p>\n
d)-Desv\u00edo por mal uso, no necesariamente robo directo:<\/b><\/p>\n
Gastos fuera de objeto: usar fondos COVID para cubrir d\u00e9ficit general del gobierno, proyectos pol\u00edticos, obras no relacionadas con la pandemia.<\/p>\n
Reasignaciones opacas: mover dinero de un programa a otro sin cumplir con los requisitos federales.<\/p>\n
5. Responsabilidades penales: <\/b>A nivel federal y estatal, las figuras penales m\u00e1s habituales en estos casos incluyen:<\/p>\n
a)-Fraude a los Estados Unidos o a un programa federal:<\/b><\/p>\n
T\u00edpicamente se encuadra como fraude electr\u00f3nico, fraude bancario, conspiraci\u00f3n para defraudar, falsedad documental, lavado de dinero.<\/p>\n
b)-Conspiraci\u00f3n:<\/b><\/p>\n
Varios actores que acuerdan un plan para desviar fondos, aunque no todos ejecuten todas las partes.<\/p>\n
c)-Falsificaci\u00f3n y declaraciones falsas:<\/b><\/p>\n
Presentaci\u00f3n de informes falsos para obtener o justificar fondos.<\/p>\n
Estados financieros o reportes de ejecuci\u00f3n adulterados.<\/p>\n
d)-Lavado de dinero:<\/b><\/p>\n
Uso de empresas pantalla, transferencias a terceros, compra de bienes (veh\u00edculos, inmuebles, lujo) para ocultar el origen de los fondos.<\/p>\n
e)-Responsabilidad administrativa y \u00e9tica:<\/b><\/p>\n
Aunque no siempre llegue a lo penal, puede haber violaciones de normas de contrataci\u00f3n, conflicto de intereses, incumplimiento de deber de supervisi\u00f3n.<\/p>\n
6. Procesos legales ya abiertos o por abrirse: <\/b>Para un caso concreto en Indiana, el mapa legal suele verse as\u00ed:<\/p>\n
a)-Procesos penales federales:<\/b><\/p>\n
Investigaci\u00f3n de agencias federales de control y fiscales del DOJ.<\/p>\n
Acusaci\u00f3n formal (indictments) ante una corte federal.<\/p>\n
Posibles acuerdos de culpabilidad (plea bargains) con devoluci\u00f3n parcial del dinero.<\/p>\n
Sentencias: prisi\u00f3n, multas, restituci\u00f3n.<\/p>\n
b)-Procesos penales o administrativos estatales:<\/b><\/p>\n
Si hay violaci\u00f3n de leyes estatales de corrupci\u00f3n, malversaci\u00f3n o fraude.<\/p>\n
Sanciones administrativas a funcionarios: suspensi\u00f3n, destituci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n.<\/p>\n
c)-Procesos civiles:<\/b><\/p>\n
Demandas bajo leyes tipo False Claims Act (para recuperar fondos federales mal usados).<\/p>\n
Demandas de terceros afectados (ciudadanos, empresas honestas que quedaron fuera, etc.).<\/p>\n
d)-Investigaciones en curso o posibles aperturas futuras:<\/b><\/p>\n
Comisiones legislativas estatales investigando el uso de fondos COVID.<\/p>\n
Auditor\u00edas en curso que pueden dar lugar a nuevas causas penales o civiles.<\/p>\n
Ampliaci\u00f3n de procesos: a veces se empieza con 2\u20133 acusados y luego se agregan otros factores conforme se analiza el flujo del dinero.<\/p>\n
II-DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEL CASO INDIANA<\/b><\/p>\n
1. Actores principales<\/b><\/p>\n
a)-Demandantes (denunciantes \/ whistleblowers)<\/p>\n
James McCullough: exdirector de \u201cprogram integrity\u201d de Indiana Medicaid hasta 2017.<\/p>\n
James Holder (Holden en algunas notas de prensa): ex\u2013chief deputy y ex\u2013general counsel de la Tesorer\u00eda del estado hasta 2014. Ambos presentaron la demanda federal en febrero de 2021, inicialmente bajo sello, como acci\u00f3n \u201cqui tam\u201d bajo la False Claims Act.<\/p>\n
b)-Demandados principales<\/b><\/p>\n
Total de demandados:<\/b> 66; Incluye:<\/b><\/p>\n
Anthem Insurance Companies<\/b> (aseguradora clave en el programa de Medicaid administrado).<\/p>\n
55 hospitales de Indiana<\/b>, representados pol\u00edticamente por la Indiana Hospital Association, que no respondi\u00f3 a la prensa al momento de la nota.<\/p>\n
c)-Otros actores relevantes en el relato del caso<\/b><\/p>\n
Oficiales del programa de Medicaid de Indiana:<\/b> la demanda alega que \u201cfuncionarios favorables a la industria\u201d dentro de la oficina de Medicaid del estado cedieron a presiones pol\u00edticas de aseguradoras y hospitales, y redujeron los esfuerzos para recuperar pagos indebidos a partir de 2017.<\/p>\n
IBM Watson Health:<\/b> contratista de detecci\u00f3n de fraude, que elabor\u00f3 an\u00e1lisis para el estado identificando cientos de millones en pagos potencialmente indebidos entre 2015 y 2020.<\/p>\n
2. Montos desviados (sobrepagos) en d\u00f3lares<\/b><\/p>\n
La demanda habla de sobrepagos de Medicaid a proveedores (aseguradoras y hospitales), no de un \u201cdesfalco\u201d cl\u00e1sico con apropiaci\u00f3n directa, pero desde el punto de vista fiscal el impacto es similar. Cifras claves:<\/p>\n
Hasta 700\u2013724 millones de d\u00f3lares en sobrepagos potenciales a proveedores del programa Medicaid de Indiana. La demanda habla de \u201chasta 700 millones\u201d y menciona 724 millones en reclamos potencialmente fraudulentos, con la advertencia de que puede haber duplicaciones u otros factores que reduzcan la cifra final.<\/p>\n
En un an\u00e1lisis interno, IBM Watson identific\u00f3 que, en tres a\u00f1os, 285 millones de d\u00f3lares en estad\u00edas hospitalarias pagadas como \u201cinpatient\u201d deber\u00edan haberse facturado como cuidado \u201coutpatient\u201d (m\u00e1s barato).<\/p>\n
Otro archivo citado en la demanda se\u00f1ala que el programa pag\u00f3 unos 300 mil d\u00f3lares en atenci\u00f3n m\u00e9dica a personas fallecidas.<\/p>\n
La prensa (IndyStar) vincula la magnitud de estos sobrepagos con un d\u00e9ficit de unos 1,000 millones de d\u00f3lares en el programa Medicaid, que llev\u00f3 posteriormente a recortes de servicios, es decir, se plantea el argumento pol\u00edtico-fiscal de que el dinero mal pagado habr\u00eda podido disminuir el d\u00e9ficit o evitar recortes.<\/i><\/p>\n
En un resumen preliminar podr\u00edamos decir que <\/i>la demanda no habla de una sola maniobra, sino de un conjunto de pr\u00e1cticas de facturaci\u00f3n consideradas impropias o fraudulentas. Entre las alegadas:<\/p>\n
Sobreclasificaci\u00f3n de servicios (upcoding): IBM Watson encontr\u00f3 285 millones de d\u00f3lares en estad\u00edas hospitalarias facturadas como \u201cinpatient\u201d que debieron haberse facturado como \u201coutpatient\u201d, m\u00e1s econ\u00f3mico; es decir, se habr\u00eda cobrado una categor\u00eda m\u00e1s costosa de la que correspond\u00eda.<\/p>\n
Pagos por servicios a personas fallecidas: Se identifican reclamos pagados meses o incluso a\u00f1os despu\u00e9s de que los pacientes hab\u00edan muerto. En total, un archivo menciona 300 mil d\u00f3lares pagados en atenci\u00f3n a pacientes ya fallecidos.<\/p>\n
Reclamos duplicados e impropios en general: La demanda menciona una \u201camplia gama de pr\u00e1cticas de facturaci\u00f3n y reclamos que violan las reglas del programa\u201d, incluyendo reclamos duplicados y otros patrones que inflan irregularmente los pagos de Medicaid.<\/p>\n
Canal pol\u00edtico-administrativo del desv\u00edo: El elemento m\u00e1s delicado no est\u00e1 solo en la facturaci\u00f3n, sino en la decisi\u00f3n pol\u00edtica y administrativa de no recuperar los pagos indebidos que el propio an\u00e1lisis del estado ya hab\u00eda detectado. El texto alega que, desde finales de 2017, los funcionarios de Medicaid de Indiana \u201ccedieron a la presi\u00f3n pol\u00edtica de aseguradoras y hospitales\u201d y ordenaron al equipo de Program Integrity reducir dr\u00e1sticamente el uso de los hallazgos de IBM Watson para recuperar sobrepagos.<\/p>\n
III-SIMILITUDES CON EL CASO SENASA DOMINICANO<\/b><\/p>\n
1. El paralelismo estructural<\/b><\/p>\n
\u201cLo que hoy se investiga en Indiana \u2014sobrepagos masivos, controles debilitados y decisiones administrativas que favorecen a grandes proveedores\u2014 tiene un eco inquietante en la Rep\u00fablica Dominicana, donde el SENASA enfrenta cuestionamientos similares sobre la transparencia, la supervisi\u00f3n y el uso adecuado de fondos p\u00fablicos destinados a la salud.\u201d<\/i><\/p>\n
Esto te permite introducir el caso dominicano sin afirmar nada que no est\u00e9 documentado.<\/p>\n
2. El patr\u00f3n com\u00fan: cuando el regulador se vuelve reh\u00e9n del regulado<\/b><\/p>\n
En ambos escenarios, el coraz\u00f3n del problema es el mismo:<\/p>\n
- \n
- Sistemas de salud complejos.<\/span><\/li>\n
- Grandes flujos de dinero p\u00fablico.<\/span><\/li>\n
- Proveedores con poder econ\u00f3mico y pol\u00edtico.<\/span><\/li>\n
- Supervisi\u00f3n debilitada o interferida.<\/span><\/li>\n
- Auditor\u00edas que detectan irregularidades\u2026 pero no siempre se act\u00faa.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
Ese marco comparativo te da profundidad anal\u00edtica sin necesidad de entrar en acusaciones directas.<\/p>\n
3. El \u00e1ngulo dominicano:<\/b><\/p>\n
En Rep\u00fablica Dominicana, el SENASA ha sido objeto de cuestionamientos recientes relacionados con la gesti\u00f3n de pagos, la supervisi\u00f3n de proveedores y la transparencia en el uso de fondos. Aunque los detalles y alcances est\u00e1n a\u00fan en discusi\u00f3n p\u00fablica, el paralelismo con el caso de Indiana invita a examinar con lupa los mecanismos de control del sistema.<\/i><\/p>\n
Esto te permite abrir la puerta al caso dominicano sin comprometerte con afirmaciones no verificadas. Sin embargo, en ambos casos, vemos que prevalecieron estos entramados administrativos:<\/p>\n
- \n
- Dependencia de contratistas privados.<\/span><\/li>\n
- Incentivos perversos en la facturaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
- Falta de auditor\u00edas independientes robustas.<\/span><\/li>\n
- Opacidad en la toma de decisiones.<\/span><\/li>\n
- Riesgo de que los fondos destinados a los m\u00e1s vulnerables terminen beneficiando a actores poderosos.<\/span><\/li>\n
- Conchupancia preconcebida como instrumento de \u201crecuperar\u201d lo invertido en las campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/span><\/li>\n
- Contubernio bancario en el trasiego de fondos y montos previsto por el entramado monetario y jur\u00eddico.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
De ah\u00ed que, esta ampliamente demostrado que la laxitud en la aplicaci\u00f3n de controles oportunos en el uso de e fondos p\u00fablicos solo beneficia a los corruptos \u201cde nuevo cu\u00f1o\u201d y sigue protegiendo a los de anta\u00f1o.<\/p>\n
EN AMBOS CASOS SE CUMPLE EL LEITMOTIV DEL FUNCIONARIO CORRUPPTO: \u201cPara que hacerlo f\u00e1cil, si dif\u00edcil tambi\u00e9n se puede\u201d<\/i><\/p>\n
JPM-AM<\/p>\n
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