\u201cSi hay algo que pone de manifiesto la falta de transparencia del actual Gobierno <\/b>en el manejo de los recursos p\u00fablicos es la pr\u00e1ctica reiterada del se\u00f1or Tony Pe\u00f1a Guaba, coordinador del Gabinete de Pol\u00edtica Social, al distribuir personalmente los 1,500 millones de pesos de los bonos navide\u00f1os establecidos para beneficiar a familias humildes. Im\u00e1genes de Pe\u00f1a Guaba realizando estas entregas han sido difundidas con entusiasmo, como si se tratara de un gesto de cercan\u00eda y sensibilidad social<\/b>. Sin embargo, lo que a primera vista parece un acto de solidaridad plantea preocupaciones relevantes desde la \u00f3ptica de la transparencia, la institucionalidad y la correcta administraci\u00f3n del erario p\u00fablico.<\/p>\n
La pregunta es inevitable: \u00bfPuede considerarse transparente que un funcionario reparta, de manera personal y discrecional, beneficios financiados con fondos p\u00fablicos<\/b>? \u00bfQui\u00e9n garantiza que ese funcionario no retiene una parte de los recursos destinados a esos bonos? Estas interrogantes no surgen de la malicia, sino de la falta de mecanismos que permitan descartar irregularidades. En un Estado democr\u00e1tico, la transparencia no descansa en la confianza subjetiva, sino en la trazabilidad, la documentaci\u00f3n y el control institucional.<\/p>\n
Durante dos d\u00e9cadas, nuestro pa\u00eds ha avanzado hacia sistemas m\u00e1s robustos de asistencia social: el padr\u00f3n \u00fanico del Siuben, los pagos electr\u00f3nicos de la ADESS, los procesos de verificaci\u00f3n cruzada y las auditor\u00edas de la Contralor\u00eda y la C\u00e1mara de Cuentas<\/b>. Todos estos instrumentos se dise\u00f1aron para reducir la discrecionalidad, profesionalizar la pol\u00edtica social y disminuir riesgos de corrupci\u00f3n o manipulaci\u00f3n. Por eso, observar a un funcionario distribuyendo sobres o tarjetas como si se tratara de bienes de car\u00e1cter personal constituye un claro retroceso.<\/p>\n
La pr\u00e1ctica del se\u00f1or Pe\u00f1a Guaba no s\u00f3lo debilita los controles b\u00e1sicos del gasto social; tambi\u00e9n genera confusi\u00f3n entre la funci\u00f3n p\u00fablica y la construcci\u00f3n de capital pol\u00edtico. Cuando un alto cargo aparece entregando recursos a personas vulnerables, la l\u00ednea que separa la asistencia institucional del proselitismo se vuelve difusa. Ello abre espacio a favoritismos, distorsiona la competencia electoral y transforma fondos p\u00fablicos en herramientas potenciales de beneficio pol\u00edtico.<\/p>\n
El problema no es \u00fanicamente \u00e9tico; es tambi\u00e9n operativo. La entrega discrecional impide verificar cu\u00e1ntos bonos fueron asignados, cu\u00e1ntos llegaron efectivamente a manos de los beneficiarios, bajo qu\u00e9 criterios se seleccionaron y qu\u00e9 parte de los fondos pudo quedar sin distribuir. Sin estos elementos, el proceso se vuelve, por definici\u00f3n, inobservable para fines de auditor\u00eda. Y aquello que no puede auditarse siempre despierta dudas razonables. Ni organismos independientes, ni la ciudadan\u00eda, ni siquiera el propio gobierno pueden demostrar que cada peso alcanz\u00f3 su destino previsto. La personalizaci\u00f3n de la entrega convierte un programa p\u00fablico en una relaci\u00f3n particular entre quien entrega y quien recibe\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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