{"id":82318,"date":"2026-03-25T08:07:18","date_gmt":"2026-03-25T08:07:18","guid":{"rendered":"http:\/\/almomento.net\/?p=1107578"},"modified":"2026-03-25T08:07:18","modified_gmt":"2026-03-25T08:07:18","slug":"disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sarmiento24h.com\/?p=82318","title":{"rendered":"Disposiciones Suprema y Constitucional encarecen costo de la justicia"},"content":{"rendered":"<p><!-- .entry-header --> <\/p>\n<div class=\"img_center\"> <a href=\"https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia.jpg\" title=\"Disposiciones Suprema y Constitucional encarecen costo de la justicia\" data-toggle=\"lightbox\" class=\"thickbox\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"imagen\" title=\"Disposiciones Suprema y Constitucional encarecen costo de la justicia\" data-toggle data-title=\"Disposiciones Suprema y Constitucional encarecen costo de la justicia\"><\/a><\/p>\n<p>El autor es abogado. Reside en Sano Domingo<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p>En un hecho sin precedente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante un comunicado establece que quien interpone una revisi\u00f3n constitucional deber\u00e1 notificar a Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) y si la revisi\u00f3n constitucional es contra una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), este tribunal, sin apoyo legal, emite un auto donde ordena al usuario notificar a la Procuradur\u00eda General y a Procuradur\u00eda General Administrativa (PGA).<\/p>\n<p>Con estas disposiciones ilegales, el Tribunal Superior Administrativo como la Suprema Corte de Justicia act\u00faan fuera de sus competencias y facultades legales. No existe cobertura legal que ordene a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Administrativo que impongan a los usuarios de la justicia notificar el recurso de revisi\u00f3n constitucional a PGA y a PGR. Esta mala pr\u00e1ctica del Poder Judicial es una forma de aumentar y subir el coso de acceso a la justicia.<\/p>\n<p>El procedimiento para interponer un recurso de revisi\u00f3n constitucional se encuentra establecido en la ley 137 -11 sobre procedimiento constitucionales. El art\u00edculo 54 de esta ley desarrolla este procedimiento y en ninguna parte de esta regla legal dispone que las partes deben notificar el recurso de revisi\u00f3n constitucional a la Procuradur\u00eda General ni mucho menos a la Procuradur\u00eda General Administrativa. En la pr\u00e1ctica diaria, quien interpone un recurso lo notifica a la parte recurrida pero no a la PGR ni a la PGA.<\/p>\n<p>De hecho, no hay una regla especifica que establezca que quien pone un recurso de revisi\u00f3n constitucional tenga que notificarlo a la parte recurrida. Lo que dice el art\u00edculo 54.4 es que el recurso se notificar\u00e1 a las partes que participaron en el proceso, pero no dice qui\u00e9n debe hacerlo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1106559 alignleft\" src=\"https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia.png\" alt width=\"225\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia.png 225w, https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia-1.png 150w, https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia-2.png 95w, https:\/\/sarmiento24h.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia-3.png 220w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\"><\/p>\n<p>Distinto, a como lo expresa la ley 1494 sobre procedimiento administrativo en el art\u00edculo 15, el cual impone de manera espec\u00edfica que el Tribunal Superior Administrativo deber\u00e1 comunicar al Procurador Administrativo todo lo relativo al recurso contencioso interpuesto por el administrado.<\/p>\n<p>Por su parte, el art\u00edculo 60 de esta ley, de manera expresa, pone a cargo del secretario de la Suprema Corte de Justicia quien debe remitir copia del memorial del recurso de casaci\u00f3n al Procurador General Administrativo y le avisar\u00e1 el d\u00eda que haya sido fijado para la celebraci\u00f3n de la audiencia, a fin de que, en ella, el referido funcionario presente conclusiones en representaci\u00f3n de los organismos administrativos.<\/p>\n<p>El Tribunal Superior Administrativo al emitir el auto que ordena al administrado notificar a la Procurar\u00eda General y a la Procuradur\u00eda General Administrativa lo hace fuera de un mandato expreso de ley.<\/p>\n<p>El Tribunal Superior Administrativo como la Suprema Corte de Justicia confunden el concepto parte, pues, la PGR ni la PGA pueden ser considerados partes en un contencioso o en un amparo. En este tenor la jurisprudencia de la SCJ ha dicho que la Procuradur\u00eda no es parte en s\u00ed misma en los procesos&nbsp;contencioso administrativos, es decir, no tiene un derecho propio que reclamar que no sea una obligaci\u00f3n de defensa t\u00e9cnico jur\u00eddica de los poderes de la Administraci\u00f3n P\u00fablica envuelta en el proceso de que se trate.<\/p>\n<p>Es decir, ella es un instrumento de la administraci\u00f3n litigante, como manda nuestra Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica en su art\u00edculo 166, que expresa que la Administraci\u00f3n P\u00fablica estar\u00e1 representada por la Procuradur\u00eda General Administrativa (PGA), SCJ-TS-25-0015, Tercera Sala del 31\/01\/2025.<\/p>\n<p>En cambio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha planteado<b>&nbsp;<\/b>que el Estado no es titular de derechos fundamentales. El Estado y sus manifestaciones institucionales, sea en la rama ejecutiva, legislativa o judicial, carecen de derechos fundamentales.<\/p>\n<p>En efecto, el Estado no puede ser, a la vez, acreedor y deudor de derechos fundamentales, TC\/0564\/25. Mientras que en la sentencia TC\/0252\/21&nbsp;dijo esta corporaci\u00f3n que el Estado solo es titular de derechos fundamentales cuando act\u00faa en relaciones de derecho privado, es decir, en condici\u00f3n de igualdad frente a los particulares y, por tanto, desprovisto de poder p\u00fablico. Ello se debe a que, en esa circunstancia, no act\u00faa como Estado en sentido estricto, sino que su persona se equipara a la de los particulares.<\/p>\n<p><b>Mala pr\u00e1ctica<\/b><\/p>\n<p>La SCJ y el TSA con esta pr\u00e1ctica de obligar a las personas que al interponer un recurso de revisi\u00f3n constitucional tengan que notificar a PGR y a PGA constituye una mala pr\u00e1ctica judicial arbitraria. Esta situaci\u00f3n viola el derecho de acceso a la justicia y crea una traba para acceder a una justicia que debe ser menos cara y no costosa. Habida cuenta de que hay cobertura legal para que sean los tribunales los que deben remitir, notificar y poner en conocimiento a PGR y a PGA todo lo relativo a un contencioso administrativo y respeto una revisi\u00f3n constitucional.<\/p>\n<p>Cuando se le pregunta a la Suprema Corte de Justicia la raz\u00f3n de poner al recurrente a notificar a la PGA y a la PGR alegan que el Tribunal Constitucional no recibe el recurso de revisi\u00f3n constitucional si no ha sido notificado el recurso a la PGR y PGA.<\/p>\n<p>Estas pr\u00e1cticas hacen del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia un ejercicio de mala administraci\u00f3n judicial y contravienen el derecho a la buena administraci\u00f3n, arts. 4 y 6 de la ley 107-13. Esto se agrava por el hecho de que el recurrente de un recurso de revisi\u00f3n constitucional lo coaccionan para que deposite ante la Secretear\u00eda General de la SCJ todas las sentencias relacionadas al recurso de revisi\u00f3n constitucional, cuando por mandato legal, los ciudadanos tienen el derecho a no depositar documentos que ya obran en poder de la administraci\u00f3n, arts. 4 y 6 de la ley 107-13. Estas sentencias est\u00e1n en manos del Poder Judicial, en consecuencia, no se le puede exigir que las depositen.<\/p>\n<p><i>jpm-am<\/i><\/p>\n<div class=\"heateor_sss_sharing_container heateor_sss_horizontal_sharing\" data-heateor-sss-href=\"https:\/\/almomento.net\/disposiciones-suprema-y-constitucional-encarecen-costo-de-la-justicia\/\">\n<p>Comp\u00e1rtelo en tus redes:<\/p>\n<\/div>\n<p>ALMOMENTO.NET publica los art\u00edculos de opini\u00f3n sin hacerles correcciones de redacci\u00f3n. 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