Mandatarios removibles: ¿por qué en Perú caen tan fácilmente los presidentes?
Un puesto con poco oxígeno. El jueves 19 de febrero, Perú vio jurar a su noveno gobernante en lo que va de la última década. José Balcázar, quien originalmente es congresista, fue designado por el Parlamento para suceder al destituido José Jerí, cuyo mandato interino había iniciado hace apenas cuatro meses, tras la remoción de Dina Boluarte. Sin embargo, y como ya es costumbre en el país suramericano, la crisis política no ha acabado, pues –al igual que sus antecesores– Balcázar arrastra cuestionamientos que hacen tambalear su permanencia en el poder.
Según especialistas consultados por France 24 en Español, el ciclo infinito de volatilidad presidencial en Perú responde a fallas en el sistema legal y político, que han desdibujado el balance de poderes y debilitado los filtros de calidad entre los representantes. Por ello, advierten que las elecciones generales de abril próximo solo garantizan una renovación de actores, pero no mayor mesura en el uso de herramientas constitucionales ni mejores filtros éticos desde los partidos.
Aquí, las tres claves que explican por qué en Perú la caída de presidentes es tan recurrente:
1. Políticos que no pasan el test moral
A 24 horas de haberse puesto la banda presidencial, a José Balcázar ya lo acorralaban cuentas por rendir. Medios de comunicación recordaron cuestionamientos y revelaron denuncias sobre el nuevo ocupante de Palacio de Gobierno. Además de su apoyo al matrimonio infantil durante una sesión pública del Congreso, sobre el izquierdista de 83 años también pesan acusaciones de corrupción que se remontan a su etapa como decano del Colegio de Abogados de la región Lambayeque.
Adicionalmente, se lo señala por un presunto intercambio de favores para beneficiar con su voto como parlamentario a una ex fiscal general en un proceso sancionatorio. En su edición del viernes 20 de febrero, el diario local ‘El Comercio’ destacó en su portada que Balcázar –expulsado como juez– también fue abogado de dos sujetos condenados por abuso sexual de menores.
Cabe recordar que el ahora expresidente José Jerí, quien retornará a sus funciones como congresista, fue removido por el Parlamento el 17 de febrero luego de que acumulara escándalos relacionados con reuniones secretas con un empresario chino y contrataciones y visitas irregulares de mujeres tanto en su despacho parlamentario como en la sede del Ejecutivo. Jerí había sido, además, denunciado por violación antes de asumir como mandatario.
En Perú, salvo contadas excepciones, ninguno de los presidentes electos por voto popular ni los que han llegado por designación del Congreso se salvan de señalamientos penales o conductas antiéticas. De hecho, ya son cuatro los exmandatarios que actualmente purgan prisión; entre ellos se encuentran dos que gobernaron en la última década: Pedro Castillo (2021-2022) y Martín Vizcarra (2018-2020).
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En entrevista con France 24, la exministra de Justicia Ana Neyra Zegarra comentó que los partidos políticos peruanos se encuentran en crisis desde hace años y que, en su momento, el Congreso rechazó aprobar mecanismos que mejoraran la oferta electoral. Por ello, ya no resulta sorprendente para la ciudadanía ver que políticos con denuncias escalen en el poder.
“[Las mejoras en la oferta electoral] Son complejas de asegurarse, pero un mecanismo que puede servir para ese objetivo son las elecciones primarias, que los partidos del Congreso dejaron sin efecto cuando fue planteado. Yo insisto en que los filtros, más que por una cuestión normativa, deben generarse también por participación de la ciudadanía. Sin embargo, es complejo sostener expectativas de penalización electoral –es decir, que la ciudadanía presione cambios en la transparencia de los partidos a cambio de su voto– porque tiene que sentirse en un volumen suficiente que desincentive su conducta”, explicó.
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Neyra sostuvo que la falta de transparencia en los partidos es una práctica normalizada al punto de que se aplica estratégicamente de manera muy pública, como ocurrió en la elección por voto secreto de José Balcázar el 18 de febrero:
“Nadie quiso asumir responsabilidad individual de manera visible por llevar nuevamente a la Presidencia a alguien cuestionado”, agregó la también especialista en derecho electoral.
2. Un Congreso fragmentado pero poderoso
Si bien en el actual Parlamento peruano no existen grandes mayorías partidarias, el tiempo ha dejado entrever coaliciones que pactan para objetivos comunes sin necesidad de coincidir ideológicamente. Así, grupos políticos de derecha –como Fuerza Popular (partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori), Renovación Popular o Alianza para el Progreso– y facciones de la izquierda, como Perú Libre (el partido que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo y del que es parte también el actual mandatario Balcázar), han sumado votos suficientes en decisiones clave.
Aunque es una de las instituciones más rechazadas por los peruanos y este mes tiene un 80% de desaprobación, el Congreso aglutina a su vez un poder mayor sobre otros entes del Estado, incluido el Ejecutivo. Esto, debido a modificaciones normativas aprobadas por el propio Legislativo, que en la práctica han reducido la dinámica de contrapesos. Por otro lado, el Parlamento ha mantenido en la Constitución el concepto de “incapacidad moral permanente” –de amplia interpretación– para destituir presidentes.
“La vacancia (destitución) presidencial por incapacidad moral permanente, contenida en el artículo 113 de la Constitución peruana, nunca se pensó originalmente como un mecanismo de control, como se ha estado aplicando en el Congreso contra algunos presidentes en la última década. Es un mecanismo que se previó en caso excepcional, cuando el presidente o la presidenta en funciones muestre falta de conciencia o de capacidad mental. Eso es algo que los Parlamentos han evitado precisar porque la interpretación abierta facilita el uso indiscriminado”, indicó a este medio el especialista en temas electorales y parlamentarios peruanos Jorge Jáuregui Mendieta.
Para declarar la vacancia de un presidente por incapacidad moral, el Congreso requiere del respaldo de dos tercios de su fuero de 130 integrantes; es decir, actualmente, 87 votos. No obstante, a diferencia de otros casos como el de Martín Vizcarra (destituido en 2020), Pedro Castillo (destituido en 2022) y Dina Boluarte (destituida en 2025), para la remoción de José Jerí el Congreso aplicó la figura de la censura: se le despojó del cargo de presidente del Parlamento y, con ello, cayó también como mandatario.
Para la exministra Ana Neyra, este nuevo precedente en el caso Jerí hace aún más vulnerable el cargo presidencial cuando es ocupado por congresistas. Como se recuerda, cuando en Perú no quedan vicepresidentes en el Ejecutivo y el presidente en funciones es removido o renuncia, quien asume el cargo por mandato constitucional es el jefe del Parlamento. Esto último ya ocurrió en cuatro ocasiones, con Manuel Merino, Francisco Sagasti, José Jerí y José Balcázar; todos originalmente presidentes del Congreso.
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“Creo que, al haberse repetido tanto la ausencia de presidente y vicepresidentes, y haber tenido que recurrir al reemplazo por el presidente del Congreso, se está forzando a una reinterpretación de cómo remover gobernantes. Con Jerí se ha llegado a esta idea de que la modalidad es la censura. Y eso, incluso, pone en mayor riesgo el cargo porque la mayoría que se requiere para censurar al presidente del Congreso es bastante baja [se requiere de mayoría simple y en el caso de Jerí fueron suficientes 75 votos]”, comenta Neyra.
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3. La normalización del desbalance de poderes
Con un Congreso que puede invocar la causal de incapacidad moral permanente para destituir mandatarios y un Ejecutivo que puede perder autoridad a fuerza de votos en el hemiciclo, el sistema presidencialista peruano ha mutado –según expertos– en un parlamentarismo forzoso o, incluso, en un autoritarismo parlamentario.
En 2023, el Parlamento peruano aprobó modificaciones al mecanismo de la cuestión de confianza, con las que limitó el uso que le pueda dar el Ejecutivo para presionar al Congreso. Por ejemplo, no se podría repetir el escenario de 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra y su gabinete impusieron cuestión de confianza a la elección parlamentaria de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, lo que devino en que Vizcarra disolviera el Parlamento.
“Por un lado, el Congreso ha revisado las prerrogativas del Ejecutivo, lo que en la práctica ha eliminado la posibilidad de que el Ejecutivo disuelva el Congreso. Por otro lado, no se ha revisado el poder que tiene el Congreso frente al Ejecutivo. Y esto es muy claro porque la vacancia por incapacidad moral no se ha modificado. Parte del problema tiene que ver con que se han revisado normas con respecto a un solo poder y no bajo la idea de crear contrapesos adecuados. Por eso es que se habla ahora de que tenemos una especie de autoritarismo legislativo, que tiene mucho poder y poco control”, afirma la exministra Ana Neyra.
La constitucionalista Gabriela Oporto Patroni coincidió en que el debilitamiento de la figura presidencial se mantendrá si es que no hay modificaciones ni restablecimientos normativos urgentes.
“Ha habido cambios que afectaron la capacidad del Ejecutivo de forzar la mano del Congreso y, en política, las prácticas fuerzan a la normalización de cómo hacer las cosas. Es urgente precisar en la Constitución que la incapacidad moral permanente no se refiere a incapacidad ética, sino intelectual, para modernizar un poco los términos. También se deben deshacer los cambios a la cuestión de confianza introducidos hace dos Congresos. Con ello se podría regresar a una dinámica un poco más equilibrada”, explicó Oporto.
El especialista Jorge Jáuregui añadió que el modelo peruano –originalmente presidencialista– “está hipercargado de institutos típicos del parlamentarismo, como el voto de confianza o la censura de ministros y gabinetes, y peor aún, con la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que ya de por sí está mal interpretada”.
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4. Un futuro cercano sin buenas proyecciones
El 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir nuevo presidente en un proceso insólito, donde se presentan 34 candidatos. Además de mandatario, se elegirá un nuevo Congreso nacional –esta vez, bicameral, que reintroduce al Senado– y también miembros del Parlamento Andino. Para los expertos consultados por France 24 en Español, la ampliación del número de congresistas en Perú, que pasará de 130 a 190 por la adición de 60 senadores, no garantiza mejoras cualitativas ni reflexivas en el uso del poder.
“Yo tengo una proyección realista de lo que viene. Es una elección con una oferta enorme, con lo cual es probable que el voto se fragmente bastante en general. Se ha proyectado que, más o menos, solo cinco o seis fuerzas políticas pasen la valla electoral y logren espacio en la cámara de diputados y la de senadores. Estamos hablando de más de 30 partidos que se están presentando y de solo cinco o seis –muy probablemente los de mayor recordación– que lograrán representación. Yo no creo, entonces, que el Congreso nuevo vaya a ser sustancialmente diferente a este. Me parece demasiado idealismo”, refiere Ana Neyra.
“No hay evidencia empírica que demuestre que un sistema bicameral trabaje mejor que uno unicameral” y que “tal y como está diseñado el sistema político en Perú ahora mismo, tener dos cámaras intensifica los problemas que ya tenemos de subrepresentación en el Parlamento”, opina Jorge Jáuregui.
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A su turno, la constitucionalista Gabriela Oporto expresó que un Congreso fragmentado como el que se proyecta potencialmente repetirá tensiones con el Ejecutivo y que la oferta electoral, con partidos políticos sin incentivos para filtrar a sus candidatos, también llevaría a un plano similar al actual, donde priman los intereses particulares o partidistas y no el interés público.
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