EVA YORK.- La familia de del dominicano Allan Feliz, un hombre que murió a tiros durante una parada de tráfico en el Bronx en 2019, presentó una demanda contra la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, por su decisión de conservar en el cuerpo al teniente responsable del disparo.
La acción legal, interpuesta el miércoles por la noche en la Corte Suprema de Manhattan, solicita a un juez que anule la decisión de Tisch de mantener en funciones al teniente Jonathan Rivera y que ordene su destitución inmediata.
La demanda fue presentada por familiares de Feliz y grupos defensores de la responsabilidad policial, como el Comité de Justicia, en lo que abogados describen como una medida sin precedentes.
En marzo pasado, la comisionada adjunta y jueza administrativa del NYPD, Rosemarie Maldonado, había recomendado el despido de Rivera tras hallarlo culpable de agresión en primer grado durante un juicio disciplinario interno.
En su fallo, Maldonado calificó el testimonio del oficial como «obstinado, defensivo e inverosímil» y concluyó que debía ser separado del cargo.
Sin embargo, Tisch revocó esa recomendación en un memorando posterior, en el que sostuvo que Maldonado «se equivocó» en su valoración y coincidió con la conclusión de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, que en 2020 determinó que no existían pruebas suficientes para imputar a Rivera por delito alguno.
El informe de la Fiscalía sostuvo que Rivera, quien entonces era sargento, disparó al creer que Feliz estaba a punto de atropellar a otro agente. «Si bien su percepción del riesgo no fue finalmente precisa, fue razonable o, al menos, no manifiestamente irrazonable», señalaba el documento.
Por esa razón, la Fiscalía concluyó que no podía demostrar «más allá de toda duda razonable» que el uso de fuerza letal fuera injustificado.
Los abogados de la familia Feliz argumentan que Tisch actuó de forma «arbitraria y caprichosa» al revertir la decisión disciplinaria sin considerar las nuevas pruebas ni la valoración de credibilidad hecha por Maldonado. «Revocar las conclusiones de un oficial de audiencias —algo que ni siquiera un tribunal puede hacer— constituye un abuso de discreción», escribieron en su demanda, presentada bajo el Artículo 78, que permite impugnar decisiones de agencias municipales.
Aunque la Carta de la Ciudad de Nueva York otorga al comisionado de policía autoridad absoluta en asuntos disciplinarios, los representantes legales de la familia sostienen que esa discreción no es ilimitada.
La ciudad tiene 20 días para responder a la demanda, y se espera que un juez decida si acepta escuchar los argumentos en una audiencia.
Abogados especializados en casos internos del NYPD señalan que no recuerdan un precedente similar. «Nunca se había visto que la familia de una víctima de tiroteo policial solicitara a un juez anular una decisión del comisionado en materia disciplinaria», dijo uno de ellos bajo anonimato.
Otros juristas creen que la demanda será desestimada, argumentando que los familiares no fueron parte del proceso administrativo y, por tanto, no pueden ser considerados legalmente una parte agraviada. «El comisionado de policía es el árbitro final. Es muy poco probable que un juez interfiera con esa autoridad», apuntó otro abogado.
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