ONDA: cuando una institución olvida su rol rector y pierde el rumbo

El autor es compositor y activista comunitario. Reside en San Cristóbal

En el sistema institucional dominicano existen órganos llamados a garantizar el equilibrio, la legalidad y el respeto de las normas que rigen determinados sectores. Cuando esas instituciones olvidan su rol rector y se convierten en promotoras de irregularidades, no solo se debilita el orden jurídico: también se destruye el trabajo y las estructuras que otros han construido con esfuerzo y apego a la ley.

Ese parece ser el caso de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), órgano propiciador y rector de las sociedades de gestión colectiva en la República Dominicana, institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

La ONDA impulsó la emisión del Decreto 290-24, firmado y promulgado por el presidente Luis Abinader, tras recibir opinión favorable del licenciado José Rubén Gonell mediante una resolución remitida al entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, dicho decreto nace con un problema fundamental de legitimidad que inevitablemente será objeto de control constitucional cuando sea recurrido ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor establece en su artículo 162 que se creará una sociedad de gestión colectiva por cada rama de autores. En el caso de los autores musicales ya existe una entidad debidamente constituida: SGACEDOM, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música.

Bajo esa premisa legal, la creación mediante decreto de una sociedad de arreglistas musicales carece de sustento jurídico, ya que el Decreto 290-24 no tiene fuerza de ley para modificar el régimen establecido por la propia Ley 65-00.

Desde el punto de vista conceptual y jurídico, los arreglistas musicales también son autores. En consecuencia, deben pertenecer a la sociedad de gestión colectiva correspondiente a su rama, en este caso SGACEDOM. La diferencia radica en el modelo de remuneración: por práctica del mercado musical, los arreglistas suelen recibir un pago único por su trabajo en una producción y no una regalía recurrente.

Pero esa realidad económica no los convierte en una categoría distinta de autores ni justifica la creación de una nueva sociedad de gestión colectiva por vía de decreto.

La problemática institucional no termina ahí. Otra actuación cuestionable de la ONDA se relaciona con el cobro por el registro de obras inéditas. Durante la gestión de José Rubén Gonell se han recaudado más de 26 millones de pesos por este concepto.

No obstante, la Ley 65-00 establece de manera expresa, en su artículo 153, que el primer registro de una obra es gratuito; lo que la ley autoriza cobrar es el duplicado del certificado, no el registro inicial. Si esa práctica administrativa se confirma, estaríamos ante un cobro contrario a la ley, lo que obligaría a la institución a reintegrar esos recursos a los ciudadanos afectados, en cumplimiento del principio de legalidad que debe regir toda actuación del Estado.

Asimismo, la ONDA ha legitimado asambleas irregulares dentro de SGACEDOM, como ocurrió el 2 de septiembre de 2023, donde se validó la utilización de votos delegados que posteriormente fueron cuestionados públicamente. Entre los casos más notorios se encuentra el del senador y artista Héctor Acosta, conocido artísticamente como “El Torito”, quien remitió una comunicación formal desmintiendo haber delegado su voto en otra persona.

Ese mecanismo de voto delegado, contemplado en los estatutos de SGACEDOM, ha sido cuestionado por presuntamente contradecir principios constitucionales de representación y voluntad individual. Por esa razón, dichos estatutos han sido recurridos ante el Tribunal Superior Administrativo, donde el caso se encuentra pendiente de fallo en la Primera Sala presidida por la magistrada Luisa Canaan.

Ante este panorama, resulta inevitable hacer un llamado al presidente Luis Abinader, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que en su gobierno “tiene amigos, pero no cómplices”.

El país merece instituciones que respeten la ley y que administren con responsabilidad los recursos públicos. En ese sentido, también sería oportuno revisar decisiones administrativas relacionadas con el manejo de recursos del Estado.

Por ejemplo, actualmente el Estado paga 11,000 dólares mensuales por el alquiler de la sede de la ONDA en la urbanización Naco, luego de que la institución fuera desalojada tras tres años sin pagar el alquiler de un amplio local de aproximadamente tres mil metros cuadrados en Piantini, cuyo costo mensual ascendía a 39,000 dólares.

Cuando una institución pierde el rumbo y se aleja de su misión fundamental, corre el riesgo de que sus decisiones terminen convertidas en simples piezas administrativas sin valor jurídico ni institucional.

De ahí que, con ironía pero también con preocupación, muchos ciudadanos se pregunten si no sería más coherente instalar algunos furgones administrativos en el vertedero de Duquesa, lugar donde terminan muchas cosas que ya no sirven. Porque algunas resoluciones parecen adquirir, lamentablemente, la categoría de basura jurídica.

Finalmente, también corresponde hacer un llamado al licenciado Eduardo Sanz Lovatón para que no se convierta en padrino político de irregularidades administrativas que afectan la institucionalidad del derecho de autor en la República Dominicana.

Las instituciones no pueden dedicarse a destruir lo que no construyeron. Su deber es fortalecer lo que ya existe, respetar la ley y proteger el trabajo de los creadores dominicanos. Porque cuando el Estado olvida su rol de árbitro y garante de la legalidad, no solo se debilitan las instituciones: también se hiere la confianza de toda una sociedad.

JPM

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