OPINION: La doctrina Trump y la inseguridad de América Latina
Por LUIS CASTILLO
La doctrina de Donald Trump hacia América Latina y el Caribe amenaza con desmantelar más de cinco décadas de relaciones construidas entre Estados Unidos y la región. Hoy, ningún país latinoamericano puede sentirse plenamente seguro de tomar decisiones libres, independientes y soberanas sin el riesgo de represalias políticas, económicas o diplomáticas.
Esta advertencia va dirigida, especialmente, a aquellos gobiernos que creen formar parte del círculo de confianza del expresidente estadounidense. La historia demuestra que, paradójicamente, quienes más caro han pagado las consecuencias de las decisiones de Washington han sido sus aliados más cercanos. América Latina ofrece numerosos ejemplos.
El caso de Venezuela no puede analizarse únicamente desde una óptica institucional o democrática. La postura de Donald Trump frente a ese país ha estado marcada por una obsesión personal evidente. El propio Trump llegó a afirmar que perdió las elecciones por un supuesto fraude en el que participaron venezolanos, que el narcotráfico hacia Estados Unidos proviene de Venezuela y que ese país es responsable de múltiples males internos estadounidenses. Estas acusaciones, carentes de pruebas sólidas, reflejan más una narrativa política que una política exterior coherente.
Lo que se presenta como una acción “correctiva” contra el régimen de Nicolás Maduro se perfila, en realidad, como una de las decisiones más costosas y controvertidas de la historia reciente: costosa en términos humanos, económicos y regionales; y penosa por el silencio o la complacencia de varios países latinoamericanos ante el castigo impuesto a una nación hermana.
Cuando Rusia invadió Ucrania, Europa reaccionó con unidad, coordinación y una defensa clara del principio de soberanía. En América Latina, esa unidad nunca ha existido. No se manifestó en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Centroamérica, ni en la República Dominicana. La fragmentación regional ha sido constante y ha debilitado cualquier capacidad de respuesta colectiva.
Cabe preguntarse: si mañana Estados Unidos decidiera actuar de manera directa contra otro país de la región, ¿existiría una reacción conjunta que lo impidiera? La experiencia indica que no. Esa división interna constituye, quizás, el mayor activo estratégico de Washington frente a América Latina.
Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro país.
Estados Unidos, por su parte, mantiene una sólida coherencia institucional cuando se trata de proteger a su poder político. La Corte Suprema estadounidense ha establecido que el presidente goza de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Donald Trump no pudo ser juzgado por hechos graves ocurridos durante su mandato debido a esa protección constitucional.
Aquí surge una contradicción fundamental: si el presidente de Estados Unidos no puede ser juzgado por actos cometidos en el ejercicio de su cargo, ¿por qué ese mismo principio no se reconoce a otros presidentes de Estados soberanos? Nicolás Maduro, más allá de cualquier valoración política, es el presidente de un país reconocido internacionalmente. Sin embargo, se le niega una inmunidad que sí se respeta dentro de Estados Unidos.
Esta doble moral debilita el derecho internacional y expone a América Latina a una inseguridad permanente. La ley parece aplicarse según la conveniencia política y no bajo principios universales.
La región debería entender que nadie está realmente a salvo mientras persista esta lógica. Mientras América Latina continúe dividida y sin una posición común, seguirá siendo vulnerable a decisiones unilaterales tomadas desde el poder.
Lo ocurrido con Venezuela no es una excepción. Es una advertencia.
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