SAN JUAN.- Los manifestantes rechazaron las políticas autoritarias de la administración del presidente Donald Trump y denunciaron la colaboración de la gobernadora Jenniffer González Colón y otros funcionarios locales que, según los participantes, replican estilos de gobierno similares en la isla.
“Nos unimos hoy para condenar el creciente abuso de poder del presidente Trump y de los funcionarios que le imitan en Puerto Rico, enviándoles un mensaje claro: el pueblo no será silenciado y nuestros derechos no serán borrados”, declaró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, mediante un comunicado de prensa de la organización. “No cederemos ante los abusos, no cederemos ante las políticas autoritarias, no cederemos ante las amenazas y no cederemos ante el intento de que el pueblo viva con miedo, porque nos sobra fuerza y valentía”, continuó.
De acuerdo con una comunicación, la manifestación en Hato Rey coincidió con eventos similares en todo el país, en los que los participantes expresaron su rechazo al uso arbitrario de la Guardia Nacional, la reducción de servicios de salud, las violaciones a los derechos de inmigrantes y la militarización de comunidades.
Los manifestantes portaron carteles con mensajes como “Migrar es un derecho”, “Gobierno para la gente, no para el terror” y “Ni imperios, ni dictadores”, y corearon consignas como “¡Trump, escucha, estamos en pie de lucha!”, y “Respeta mi existencia o espera resistencia”.
Para Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, la protesta también es una respuesta a la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos.
“Nuestra relación colonial con Estados Unidos y los administradores de poca espina dorsal en nuestro país nos vuelve a poner en una situación muy vulnerable y reprochable. Respondemos hoy en la calle, en colectivo, con la promesa de la defensa de nuestros derechos, de la seguridad de nuestras comunidades y de nuestra dignidad”, afirmó Narváez.
En total, se informó que unas 38 organizaciones respaldaron una declaración conjunta que destacó la criminalización y violencia hacia las comunidades migrantes. La protesta en Puerto Rico forma parte de la tercera movilización masiva “No Kings” en Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, señaló por escrito: “En Puerto Rico, donde las comunidades migrantes han sido parte de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales, nos sostenemos en que migrar es un derecho humano reconocido por Estados Unidos y las personas migrantes no cometen crimen alguno por el mero hecho de migrar”.
La entidad detalló que la protesta también denunció la re-militarización de la isla, el impacto de políticas que afectan a mujeres, personas gestantes y comunidades LGBTQIA+, así como el uso de agencias federales para silenciar y perseguir políticamente a sectores civiles y medios de comunicación.
Carmen Ana Dávila, portavoz de Comuna Caribe, indicó que “el presidente Trump ha retomado y aumentado el rol militar en nuestro país, imponiendo despliegues y ejercicios que afectan a nuestra gente y nuestro medioambiente, generando temor por la posibilidad de conflictos en el Caribe”.
Otros manifestantes, como Justin Jesús Santiago, director de la Federación LGBTQ+, enfatizaron la vulneración de derechos fundamentales.
“Se han promovido leyes que limitan el acceso a servicios de salud reproductiva y se han revertido protecciones contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Estas acciones erosionan derechos como el de la salud, la intimidad y la dignidad”, explicó Santiago.
Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, denunció que “cuando el acceso a fondos de emergencia o a programas sociales se convierte en una herramienta de coerción política, se amenaza la supervivencia de las comunidades más vulnerables”.
Por su parte, Arturo Massol Deyá, de Casa Pueblo, añadió que la falta de acción contra el cambio climático y la priorización de intereses económicos sobre el bienestar colectivo “perpetúan desigualdades y vulneran la dignidad de las poblaciones más afectadas”.
Una enorme bandera de Puerto Rico fue extendida a lo largo de la avenida Chardón, mientras los manifestantes exigían derechos fundamentales, seguridad y dignidad.
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