Exige al PRM romper vínculos con la narcopolítica y explicar financiamiento del narcotráfico
El 30 de septiembre de 2025, un gran jurado federal en Miami acusó a Fabio Jorge-Puras (alias “Vecino”), exasesor honorífico del Poder Ejecutivo; y a Gaspar Polanco-Virella (alias “El Grande”), exdirector de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por conspiración internacional para traficar cocaína. El 16 de octubre, Polanco se entregó voluntariamente a las autoridades en Miami.
Estos dos casos se suman a un conjunto de procesos y condenas, dentro y fuera del país, que involucran a funcionarios y exfuncionarios del gobierno y congresistas del PRM.
Conviene recordar, para que no se olvide, los siguientes casos:
Extradiciones a Estados Unidos:
Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas, en Padre las Casas, quien en 2020 fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico presentados en el Distrito Este de Nueva York.
Ex miembro del Comité Nacional del PRM, a favor de quien el director de la campaña presidencial del PRM en 2020, Roberto Fulcar, solicitó de manera pública a todos sus amigos del distrito municipal Las Lagunas, en Padre de las Casas, que apoyaran la candidatura del señor Abreu Navarro. Pero, además, y de acuerdo con las informaciones de las autoridades investigativas del país reseñadas en los medios de comunicación, el señor Yamil Abreu Navarro fungía, hasta su detención, como director de campaña del PRM para la región del Sur-Central.
En junio de 2020, el PLD le solicitó a la JCE una investigación de los recursos que el señor Yamil Abreu Navarro entregó al PRM para la campaña política de ese partido; y pedimos además que el PRM entregara a la JCE el registro de contribuyentes con sus nombres y apellidos, así como la cédula de identidad y electoral, la dirección y el monto de la contribución.
Procesados en Estados Unidos (sin extradición desde RD):
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, exdiputado del PRM de Santiago, arrestado en 2021 en Miami y condenado en 2024 a 16 años de prisión tras admitir cargos de conspiración para tráfico de cocaína.
Edickson Herrera Silvestre, alias “Yeyea”, regidor del PRM en el Distrito Nacional, se entregó este año en Miami a donde tiene un proceso abierto por narcotráfico.
Roberto de los Santos Domínguez, alias “El Chino Domínguez”, empresario de Santiago, se presentó voluntariamente y el 7 de octubre de 2025, un tribunal federal en Miami lo condenó a 235 meses de prisión por narcotráfico.
Alexander Iglesias Ventura, empresario, se entregó en Miami en 2024 y fue condenado a 43 meses de prisión.
Francisco Alberto Gómez, alias “Frico”, empresario turístico, se declaró culpable y en junio de 2025, medios locales reportaron su condena a 100 meses de prisión federal por su rol en la red asociada al complejo ‘Fricolandia’.
Erick Randhiel Mosquea Polanco, el 6 de diciembre de 2024 fue capturado en Colombia, a solicitud de EE. UU., dentro del caso Operación Falcón.
Condenas en la República Dominicana:
Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM en La Vega, esposa de Micky López, condenada en septiembre de 2025 a 5 años por lavado de activos.
Pascual Aristy Novas, alias “El Regidor”, regidor del PRM en Jimaní, condenado en 2019 por tráfico de drogas.
Estos expedientes, que constan en acusaciones formales, capturas internacionales, condenas firmes y procesos en curso ante tribunales de Estados Unidos y de la República Dominicana, muestran un patrón preocupante de penetración del crimen organizado en estructuras políticas y administrativas.
En este gobierno, donde todo se anuncia como ‘histórico’ o ‘sin precedentes’ sin que sea cierto, sí ha batido un récord único y poco honroso: el número de figuras del PRM vinculadas a casos de narcotráfico con procesos abiertos o condenas en los Estados Unidos.
Lejos de ser un hecho aislado, se trata de un patrón alarmante que refleja cómo el crimen organizado ha encontrado cobijo en las estructuras del poder político actual. Nunca como ahora, el crimen organizado había estado tan cómodo, tan protegido y tan representado en los estamentos del poder político.
Los sectores de la vida nacional, que han tomado conocimiento de estos casos a través de los medios de comunicación, están alarmados por la penetración del narcotráfico en estos estamentos.
En general, y el PLD coincide con esos sectores, se teme que el narcotráfico y el crimen organizado sigan asentados en esos poderes del Estado hasta ser descubiertos, como ha ocurrido con los casos que hoy son públicos.
En consecuencia, queda demostrado que todos los partidos políticos no somos iguales.
Ha sido el PRM el partido que le otorgó aval político a narcotraficantes.
Ha sido el PRM el partido que incluyó narcos en su boleta electoral, permitiéndoles acceder al Congreso Nacional, el primer Poder del Estado, y a otras posiciones electivas.
Son del PRM los funcionarios del gobierno y los electos por el voto popular que, por primera vez en la historia, han sido solicitados en extradición por narcotráfico.
Ha sido el PRM la puerta de acceso del narcotráfico al poder político. Un gobierno que se autoproclama distinto, pero que ha permitido que el crimen organizado tenga asiento, voz y voto en el Estado.
Por otro lado, el mérito de las extradiciones o entregas voluntarias de estos casos no pertenece al gobierno dominicano, como han querido señalar. Las investigaciones, acusaciones y los procesos han sido impulsados por la justicia internacional, especialmente por la DEA y las fiscalías de Estados Unidos, que actuaron a pesar de la inacción del poder local que, en cambio, se ha visto convocado a entregar a quienes visiblemente financiaron sus campañas y han formado parte de su gobierno y el congreso en representación de su partido.
Si el PRM fuera un partido realmente comprometido con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado:
Explicará el alcance del financiamiento del narcotráfico para las campañas electorales del 2020 y 2024.
Reconociera que integraron en sus estructuras, en sus candidaturas y en cargos del gobierno a narcotraficantes, dándoles acceso al Estado y que, de no ser por la justicia de Estados Unidos, aun estuviesen en sus puestos y dirigiendo sus redes delictivas.
3. Reconociera que su gobierno no ha perseguido a los narcotraficantes.
4. Reconociera que las extradiciones y condenas no son logros de la lucha del gobierno contra el narcotráfico, sino consecuencias de la acción de la justicia internacional.
5. Se comprometiera a una depuración real de sus estructuras, con filtros éticos y transparencia para expulsar de sus filas y de los puestos públicos, no sólo a los narcos que ya han sido descubiertos, sino a los que aún están bajo la sombra y que el PRM sí sabe quiénes son.
El narcotráfico es una amenaza a la consolidación de la democracia en República Dominicana. Aceptar la normalización de la narcopolítica produce que redes criminales continúen penetrando los gobiernos locales y las estructuras partidarias, como ha propiciado el PRM. El financiamiento del narcotráfico a la actividad política distorsiona la competencia electoral, compra voluntades, captura las agendas públicas y secuestra la institucionalidad.
De igual manera, la penetración de la política por parte del narcotráfico debilita el Estado, desalienta la cooperación ciudadana y degrada la confianza institucional, produciendo una erosión de la representación popular en la medida que el ciudadano percibe que el poder sirve a intereses criminales, no al interés público.
El país requiere explicaciones transparentes sobre los mecanismos de financiamiento político y la depuración de candidaturas que permitieron estas vinculaciones. El PLD exige que el Partido Revolucionario Moderno explique hasta dónde llega su vinculación y compromiso con el narcotráfico, sin que tengamos que esperar que otros países soliciten estos criminales en extradición; y exigimos que tomen las medidas correctivas inmediatas, claras, inequívocas y necesarias para romper toda vinculación con esas estructuras criminales y cerrarle el paso a la narcopolítica, que comprometen la paz pública, la seguridad ciudadana, el sistema de partidos políticos y la democracia dominicana.
Y ante este panorama, que avergüenza al país y degrada la política… el gobierno que dice haber hecho historia, en realidad ha hecho otra historia: la de abrirle las puertas del poder al narcotráfico. La narcopolítica no se combate con discursos o con poses: se combate con control de financiamiento, depuración de boletas electorales y rendición de cuentas. Eso es lo que hoy exigimos.
