Aproximadamente 250.000 de los 3,6 millones de niños que llegan al mundo anualmente en Estados Unidos provienen de padres indocumentados o con residencia temporal. Este 1 de abril, la Corte Suprema comenzará a analizar la legalidad de una decisión de Donald Trump que podría afectarlos a todos.
La máxima instancia judicial estadounidense escuchará este miércoles los argumentos de Trump a favor de eliminar la ciudadanía por nacimiento, la primera orden ejecutiva que firmó en su regreso a la Casa Blanca, y también las objeciones de los abogados de una demanda colectiva que desafía este decreto.
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Una decisión a favor de Trump implicaría el desconocimiento de un precedente que se remonta a 1898, cuando la Corte Suprema falló a favor de Wong Kim Ark, un joven hijo de inmigrantes que elevó hasta esta instancia su recurso, luego de que se le negara el derecho a reingresar al país tras un viaje a la tierra natal de sus padres, China.
La decisión en el caso de Wong se basó en la Décimo Cuarta enmienda, que establece en su Sección I que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La enmienda fue redactada originalmente una vez que concluyó la Guerra Civil, como una forma de consagrar el derecho a la ciudadanía para centenares de miles de hijos de esclavos que habían ganado la libertad y no eran reconocidos como ciudadanos estadounidenses.
En la demanda de Wong, nacido en Estados Unidos, los jueces consideraron que la norma era aplicable, creando una jurisprudencia que ha permanecido vigente por casi 130 años.
Un derecho difícil de cuestionar
Desafiar este precedente es, de acuerdo con el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y analista político, Carlos Díaz Olivo, una tarea cuesta arriba, incluso para la composición claramente conservadora de esta Corte Suprema.
“Esta es una decisión que implica revocar un precedente que es del siglo XIX, y en estos casos los jueces, aun los conservadores, son más reacios a proceder. En el caso de los aranceles, era una decisión nueva, así que los jueces podían moverse con mayor facilidad”, estima Díaz Olivo.
Para Alex Gálvez, abogado de inmigración en Estados Unidos, resulta sorprendente que haya escalado hasta la máxima instancia judicial un caso que ya había sido rechazado de manera casi unánime por todos los tribunales ante los cuales fue impugnado.
“Generalmente, la Corte Suprema no toma un caso si no hay conflicto en cortes inferiores, y aquí no hubo conflicto”, afirma Gálvez, que no duda en tildar de “parcial” la posición del tribunal. “Por eso hay algo de temor de que el derecho sea revertido, no por la legalidad, sino por la posición política”.
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La orden ejecutiva de Trump ya había recibido reveses en un tribunal federal de New Hampshire, que consideró que podía violar la Décimo Cuarta enmienda, y en otro de Washington cuya titular, Deborah Boardman, sostuvo que “entra en conflicto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y va en contra de los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación”.
Luego fue rechazada también por un panel de apelaciones de California, que concluyó que el decreto “intenta matizar y limitar el lenguaje claro de la cláusula de ciudadanía de la Constitución”, y por otro de Massachusetts, que recordó que “la historia de esfuerzos en nuestra nación por restringir el derecho de nacimiento no ha sido fuente de orgullo”.
Para Gálvez, la orden de Trump no tiene otra motivación que las “posiciones racistas y discriminatorias” de figuras de su entorno, entre las que identifica al asesor de seguridad nacional Steven Miller.
“El hecho de que Trump cite experiencias de otros países que han eliminado la ciudadanía por nacimiento es solo una demostración de la fragilidad de su argumento”, estima Gálvez.
Un bisnieto de Wong Kim Ark, Normal Wong, lo pone en palabras sencillas: el argumento de Trump ante la Corte Suprema “se resolvió hace 128 años, solo estamos retomando”, como le dijo a la agencia Reuters.
¿Qué está en juego en este caso?
La nacionalidad estadounidense es automática solo por nacer en el país, sin importar el estatus migratorio de los padres, con excepciones muy específicas para hijos de diplomáticos y niños nacidos de integrantes de fuerzas de ocupación.
Para la Administración Trump, la ciudadanía por nacimiento es un incentivo para la inmigración ilegal y el “turismo de maternidad”.
Trump lo resumió en una publicación en Truth Social como “personas ricas de China y del resto del mundo que quieren que sus hijos, y cientos de miles más, POR DINERO, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América”, recordando que el espíritu original de la enmienda era “sobre los bebés de esclavos”.
Según el presidente, “el mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías de nuestro país”, y esto es posible gracias a “jueces tontos” que “no harán un gran país” y a un sistema judicial del que el mundo “se ríe de lo estúpido que se ha vuelto”.
El tono de su publicación no parece anticipar un resultado favorable, a la luz del reciente revés en materia arancelaria, y también de los incisivos cuestionamientos de uno de sus principales apoyos en la Corte Suprema, el juez Brett Kavanaugh, quien asedió al procurador general D. John Sauer durante una audiencia el año pasado sobre el tema.
Las preguntas de Kavanaugh anticipaban la tormenta burocrática que podría producirse si procede la eliminación de la ciudadanía por nacimiento: ¿cómo operarían los hospitales al momento de registrar a un recién nacido? ¿Cómo procederían los gobiernos estatales? ¿De qué manera podrían determinar la ciudadanía los funcionarios federales si el certificado de nacimiento pierde su validez?
Carlos Díaz Olivo concede algo de racionalidad al planteamiento de Trump, pero admite que este choca con más de un siglo de práctica profundamente institucionalizada.
“La posición de Trump no es descabellada, a pesar de la resistencia que suele generar”, admite. “Nacer en Estados Unidos puede ser un accidente, y la mayoría de los países rechazan ese reconocimiento automático. Pero una medida como esta rompe con un valor de estabilidad y certidumbre, y alteraría por completo el Estado de derecho”.
La sentencia a favor de Wong estableció el precedente en términos que resultará difícil rebatir para la maquinaria legal de Trump.
Según el tribunal, no reconocer la condición de nacional de Wong «sería negar la ciudadanía a miles de personas de ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa, alemana u otra europea que siempre han sido consideradas y tratadas como ciudadanos de Estados Unidos.»
En caso de ser aprobada, la nueva norma no podría aplicarse de forma retroactiva, pero eso no disminuye el tamaño del reto, porque para detectar a un estimado de 250.000 no elegibles habría que verificar el estatus legal de los padres de los 3,6 millones de bebés que nacen cada año en Estados Unidos.
La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, una de las tres magistradas liberales que suele votar en contra de la Administración Trump, definió el intento de Trump el año pasado como «una tarea imposible a la luz del texto de la Constitución, la historia, los precedentes de este Tribunal, la ley federal y la práctica del poder ejecutivo”.
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Pero la Corte ya ha acompañado a Trump en el pasado en varios de sus esfuerzos antiinmigración, avalando la eliminación de alivios migratorios y la deportación de indocumentados a terceros países con los que no tienen relación, de modo que un nuevo voto 6-3 a favor de Trump en junio, cuando se llegue a la etapa de decisión, no es del todo descartable.
Carlos Díaz Olivo advierte que la sentencia, se incline o no a favor de Trump, enviará un mensaje que va mucho más allá del tema en cuestión.
“Una de las cosas que se lograron cuando la Corte Suprema le declaró inconstitucional la imposición de aranceles por orden ejecutiva fue dejar claro que había una fuerza dentro del arreglo constitucional estadounidense que estaba dispuesta a ponerle límites a las interpretaciones amplias de poder que estaba haciendo Trump, que el tribunal, aun siendo de mayoría conservadora, no iba a darle carta blanca al presidente”, estima.
Si ahora falla a su favor, daría un impulso al magnate, “que se va a sentir más cómodo para seguir ejerciendo poderes y facultades, y podría, en otros contextos, viabilizar cosas como el Save Act”, apunta Díaz Olivo, haciendo referencia al proyecto de ley que pretende exigir prueba de ciudadanía para poder votar.
“Recibir el visto bueno en este tipo de temas le va a dar a Trump más poder para insistir en sus exigencias en materia electoral y seguir empujando su agenda con mayor legitimidad”, estima el analista.
