Torturas y asesinatos: un informe acusa posibles “crímenes de lesa humanidad” en estado de excepción en El Salvador
Bajo la lupa el estado de excepción en El Salvador.
Desde el inicio de esa medida para combatir la violencia de las pandillas, en marzo de 2022 y hasta agosto de 2025, al menos 403 personas, incluidos cuatro niños, han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, según un informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los casos documentados de desaparición forzada superan los 540, hasta febrero de 2025. Y miles de las 91.000 personas detenidas en virtud del régimen de excepción resultaron encarceladas sin que se cumpliera el debido proceso.
Entre quienes han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (el temible CECOT) y otras cárceles salvadoreñas se han detectado casos de golpizas, descargas eléctricas, desnudez forzada, privación de alimentos, falta de atención médica e incluso de ventilación.
Por tanto, el reporte señala que existen «motivos razonables» para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, según lo define el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Y alega que las violaciones forman parte de una política de Estado «conocida e incluso promovida por las más altas esferas del Gobierno del presidente Nayib Bukele».
Todos estos hallazgos aparecieron reflejados en un documento de 275 páginas, elaborado a partir de informes oficiales, reportes de organismos de derechos humanos, cobertura de prensa, declaraciones de funcionarios públicos y entrevistas a más de 1.700 personas, entre ellas algunas víctimas.
El documento fue hecho público el 10 de marzo durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala.
«El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)», concluye el reporte.
Los redactores, cinco expertos independientes de amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, se apoyaron en organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Sus conclusiones tomaron en cuenta los estándares aplicados por los tribunales constituidos por la Corte Penal Internacional para analizar los crímenes en la Guerra de los Balcanes y el genocidio de Ruanda, que concluyeron con duras condenas.
Con base en sus hallazgos, el panel recomendó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la constitución de una misión internacional de determinación de hechos, con el objetivo de «asegurar la rendición de cuentas y justicia».
Detenciones sin causa justificada
El informe señala que «los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del Gobierno del presidente Nayib Bukele«.
Varias de las prácticas documentadas en las 275 páginas del reporte han sido orgullosamente defendidas por Bukele, que mantiene altos índices de popularidad precisamente por su política de mano dura contra la delincuencia.
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Los hallazgos muestran que miles de las detenciones en el marco del régimen de excepción violaron el debido proceso, bien sea porque los acusados no fueron informados de los motivos de su arresto, porque fueron juzgados por la figura de jueces sin rostro o porque la captura se basó en un perfilamiento físico, como la presencia de tatuajes, entre otras irregularidades.
Bukele reconoce que al menos 8.000 de las más de 91.000 detenciones practicadas en el marco del estado de excepción se hicieron sin causa justificada.
El panel de expertos también denuncia prácticas como desnudez forzada, falta de ventilación en los sitios de reclusión o violencia psicológica.
Los videos gubernamentales de miles de detenidos sin camisa, descalzos, con las cabezas rapadas, encadenados en posiciones incómodas durante los traslados, hacinados en celdas no aptas para la cantidad de reclusos y siendo señalados de terroristas antes de un juicio dejan pocas dudas sobre las conclusiones del informe.
El documento también cuestiona la duración del estado de excepción, al afirmar que “su renovación sucesiva e indefinida, sin motivación sustantiva ni control judicial efectivo, ha transformado una medida extraordinaria en un mecanismo permanente de gobernanza”.
De nuevo el Gobierno de Bukele parece darle la razón. Y es que el próximo 26 de marzo, la Asamblea Nacional renovará el régimen por la ocasión número 49, cumpliendo ya cuatro años de vigencia, y los ministros del Interior, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino, siguen coincidiendo con Bukele en que la guerra contra las pandillas aún debe mantenerse.
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Una acusación «sin base», según el procurador salvadoreño
El procurador general de El Salvador, René Escobar, respondió este 11 de marzo a los hallazgos del informe, rechazando que el Estado promueva o tolere prácticas violatorias de los derechos humanos.
«No existe base jurídica, ni fáctica que sustente una imputación de esa naturaleza», afirmó Escobar, aunque existen 6.400 denuncias documentadas de personas que fueron presuntamente víctimas de estas prácticas.
«La condición de personas defensoras de derechos humanos no puede interpretarse como una categoría de inmunidad de la ley»
Hablando durante una audiencia pública ante la CIDH, el procurador también rechazó que exista un patrón de persecución de los defensores de derechos humanos en el país.
«El Estado no persigue a personas por sus ideas, su visibilidad pública o su posición crítica. Las instituciones actúan únicamente cuando existen indicios sobre hechos concretos con relevancia penal», aseguró Escobar.
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Sin embargo, el funcionario advirtió que «la condición de personas defensoras de derechos humanos no puede interpretarse como una categoría de inmunidad de la ley».
En medio de este panorama, la abogada, activista de derechos humanos y experta anticorrupción, Ruth López, se encuentra encarcelada desde mayo de 2025, acusada de enriquecimiento ilícito, y el Gobierno de Bukele ha hecho caso omiso a las medidas cautelares dictadas a su favor por la CIDH.
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Con Reuters y EFE
