SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeid) informó que el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso la reposición de varios servidores públicos que habían sido desvinculados, tras denuncias de presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coramon), presentadas en el programa de investigación “El Informe con Alicia Ortega”.
De acuerdo con la DIGEIG, estas acciones se producen luego de que la institución recibiera, en agosto de 2025, denuncias sobre posibles irregularidades administrativas en esa entidad, las cuales también fueron expuestas en el referido espacio televisivo.
Tras realizar los levantamientos preliminares, la Digeig determinó que los hechos podrían tener implicaciones penales, por lo que remitió el expediente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), conforme a la normativa vigente.
Denuncias y acciones iniciales
Como parte del seguimiento al caso, la entidad también adoptó medidas para evitar posibles represalias contra los denunciantes, elevando la situación ante la Procuraduría General de la República y solicitando protección para quienes denunciaron las irregularidades.
En ese contexto, la directora general de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, sostuvo reuniones con la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y gestionó formalmente ante el MAP la revisión de las desvinculaciones.
Como resultado de estas gestiones, el Ministerio de Administración Pública instruyó la reposición de los servidores afectados, garantizando el respeto a sus derechos laborales y a los procedimientos establecidos en la Ley de Función Pública.
La Digeig consideró que esta decisión fortalece los mecanismos de protección a denunciantes y envía un mensaje de respaldo a quienes reportan actos de corrupción en la administración pública.
Protección a denunciantes
Asimismo, la institución informó que trabaja en un anteproyecto de ley de protección a informantes, víctimas y testigos en la administración pública, con el apoyo de organismos internacionales, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y confidencialidad a quienes denuncien irregularidades.
