Turquía: comienza macrojuicio en el que la Fiscalía pide 2.352 años de cárcel para el opositor Imamoglu
El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, enfrentó a la Justicia de Turquía este lunes 9 de marzo, junto a más de 400 otros acusados de corrupción generalizada. Se trata de un caso que los críticos ven como una acción con motivaciones políticas contra la oposición de Turquía.
Imamoglu, quien lleva casi un año en prisión, es el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan durante sus 23 años de gobierno. Fue elegido candidato del principal partido de la oposición para las elecciones de 2028, pocos días después de su detención.
La audiencia comenzó en un ambiente tenso, pues Imamoglu solicitó la palabra y el panel de jueces la denegó, según informaron el canal de noticias Halk TV y otros medios. Los jueces acusaron a Imamoglu de perturbar el proceso y abandonaron la sala. El juicio se aplazó hasta la tarde.
La mayoría de los 402 acusados trabajaban para la Municipalidad Metropolitana de Estambul, dirigida por Imamoglu desde 2019. Muchos son funcionarios electos del Partido Republicano del Pueblo (CHP), mientras que entre los acusados también hay periodistas.
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El arresto de Imamoglu el 19 de marzo del año pasado desencadenó semanas de protestas callejeras , las mayores vistas en Turquía en más de una década.
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Se enfrenta a 142 cargos, entre ellos el de establecer la «organización criminal Imamoglu con ánimo de lucro» desde 2015, cuando era alcalde del distrito de Beylikduzu en Estambul. La acusación de 3.900 páginas alega que el objetivo no solo era enriquecer al acusado mediante un sistema de manipulación de licitaciones y sobornos, sino también financiar el ascenso de Imamoglu en el CHP, lo que finalmente resultó en su candidatura presidencial.
Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena total de prisión superior a 2.000 años.
En un artículo periodístico publicado el viernes, Imamoglu describió el juicio del lunes como “una de las pruebas más duras de la democracia” en la historia de Turquía y un “intento de anular la voluntad del pueblo”.
Este caso es solo una de las muchas acusaciones por las que el alcalde de 54 años podría ser encarcelado y expulsado de la política. Otras incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, falsificación de su título universitario e insultos a funcionarios.
En lo que los críticos del gobierno califican de amplia campaña judicial contra la oposición, miembros electos del CHP, incluyendo alcaldes de otras ciudades importantes, enfrentan acusaciones separadas de terrorismo y corrupción. La propia dirección del partido también se encuentra bajo presión legal por presuntas irregularidades en torno a su congreso de 2023.
La magnitud y la duración prevista del juicio ante la Municipalidad Metropolitana de Estambul, que podría prolongarse durante años, han llevado a las autoridades a encargar la construcción de una nueva sala de audiencias en el complejo penitenciario de Silivri, al oeste de Estambul, donde se encuentran recluidos Imamoglu y muchos otros acusados. Hasta su finalización, los participantes se apiñarán en una sala ya existente en la prisión.
Para destacar lo que consideran la naturaleza política de los procesos contra miembros del CHP, los partidarios de Imamoglu y los grupos de derechos humanos señalan una serie de factores, incluyendo el papel del fiscal general de Estambul. Akin Gurlek, viceministro de Justicia, fue nombrado para ese cargo a finales de 2024, donde inició una serie de investigaciones contra figuras del CHP. El mes pasado, regresó al gobierno como ministro de Justicia.
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Los críticos también dicen que la dependencia de la fiscalía de “testigos secretos”, cuya identidad se oculta a los abogados defensores y a los acusados que testifican contra sus coacusados, contraviene el derecho a un juicio justo.
El Gobierno sostiene que el poder judicial de Turquía es independiente e imparcial.
A pesar de la prohibición de manifestaciones en los alrededores del complejo penitenciario de Silivri, cientos de personas se congregaron para exigir la liberación de Imamoglu. La CHP instaló una réplica de la celda donde se encuentra recluido el alcalde —equipada con un escritorio, una silla y un pequeño televisor— para que sus simpatizantes la visitaran.
Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, describió los casos contra la CHP durante el último año como “la utilización del sistema de justicia penal como arma”.
“Si analizamos estos casos en su conjunto, es difícil evitar la conclusión de que los fiscales están intentando sacar a Imamoglu de la política y desacreditar a su partido de maneras que socavan la democracia”, dijo.
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Con AP y EFE
