Venezuela anuncia la libertad inminente de 379 presos políticos tras la Ley de Amnistía
«Estas personas deben ser excarceladas, amnistiadas, entre la noche del viernes y la mañana del sábado», reveló a última hora del viernes Jorge Arreaza, tras informar de 379 solicitudes tramitadas por los órganos de justicia para acogerse a la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero.
Arreaza, que lidera la comisión ad hoc para las excarcelaciones, detalló que entre los beneficiados hay 371 reos en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas, según sus declaraciones a la cadena de televisión estatal VTV.
Las autoridades de Venezuela establecieron el viernes un protocolo para la aplicación «expedita» de la amnistía. El documento, cuyo contenido se desconoce, fue redactado y aprobado por la titular del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y la recién concebida Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, que lidera Arreaza.
Saab detalló en redes sociales que el protocolo «garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios» para quienes se beneficien de la ley.
La Asamblea Nacional instaló la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley de amnistía «en colaboración con los órganos del sistema de justicia del país», según explicó en una nota de prensa. La comisión funcionará en el Palacio Federal Legislativo, la sede parlamentaria en Caracas.
Alcance desconocido
Foro Penal, la ONG que abandera la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza más de 600 personas aún detenidas por razones políticas, tras las 448 liberaciones efectuadas desde la caída de Maduro.
Alfredo Romero, director de la entidad, explicó a France 24 que la amnistía no se aplicará a detenidos «del sector militar» –185, según su ONG– o a señalados «de acciones armadas, golpes de Estado o rebeliones militares».
La organización calculó el viernes que alrededor de 400 presos políticos quedarán excluidos de la Ley de Amnistía. No obstante, eso implicaría la libertad de solo 200 presos, lo que contrasta con las 379 excarcelaciones anunciadas por el chavismo.
O bien hay presos políticos que no han sido contabilizados en la base de datos de Foro Penal, o hay reos que la entidad cree que no serán liberados, pero que sí están siendo contemplados en la aplicación de la ley. Ante la colisión de datos del Gobierno y las entidades del tercer sector, el alcance de la amnistía es aún un enigma.
Aun así, Venezuela ya puede acotar un número más exacto de presos que podrían ser excarcelados, tomando como base la declaración de Arreaza, después de que el 8 de enero, el gobierno de Delcy Rodríguez informara de la liberación de «un número significativo» de presos, sin dar más detalles de cuántos.
El anuncio de enero despertó la incertidumbre entre algunos familiares que, esperanzados por la idea de volver a ver sus allegados, se agolparon a las puertas de las cárceles incluso hasta hoy.
Afuera de los penales
Familiares de presos políticos de distintas cárceles como Rodeo I –en el estado Miranda–, El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y de un comando policial conocido como Zona 7, ambos en Caracas, convocaron a vigilias durante la noche del viernes para pedir por la libertad de todos sus parientes.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que los familiares «no abandonarán las cercanías de los centros de detención hasta que el reencuentro con sus seres queridos sea una realidad» e instó al Estado a revisar «cada uno de los casos y garantice que todos los inocentes regresen a sus hogares».
Los familiares presentes dividieron su vigilia en dos tiempos, «transformando el cansancio físico y el dolor de la ausencia en un clamor unificado», expresó el colectivo en X.
Los familiares, en tiendas de campaña o sobre colchones en el suelo, despertaron este sábado con la mira puesta en la entrada del penal. Hoy se cumplen 44 días desde que los familiares de detenidos por motivos políticos decidieron permanecer en las adyacencias de los centros de reclusión, recordó el Comité.
La diáspora, descontenta
La ley de amnistía cubre, en teoría, un período establecido entre 1999 y 2026. No obstante, especifica 13 coyunturas políticas a las que se aplicará, la primera de ellas data de 2002.
“La ley beneficia a un grupo significativo de personas, pero la esencia del problema que vive Venezuela con respecto a la persecución política persiste”, remarcó el viernes a la prensa Alfredo Romero, de Foro Penal.
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En la misma línea, la Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela –una plataforma de la sociedad civil, articulada principalmente desde España– sostuvo que la amnistía no desmonta «el aparato represivo» responsable de las detenciones en Venezuela.
La agrupación, que une a entidades como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) o Ayuda Venezuela, pidió en un comunicado la «liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia actualmente detenidos en Venezuela».
Más temprano, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en Madrid, había tachado de «farsa» la amnistía en Venezuela y mostró su rechazo a la propuesta del gobierno español de pedirle a la UE el retiro de las sanciones contra Delcy Rodríguez.
«A mí me parece que esa amnistía es para blanquear a quienes han sido sancionados, entre otras instituciones, por la OFAC [EE. UU.] y la Unión Europea».
Con información de EFE y medios locales
