100 primeros días de gobierno (OPINION)

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Este 26 de noviembre culminaron los primeros 100 días del segundo mandato del Presidente Luis Abinader; un período marcado con hechos insólitos, crisis, escándalos y desaciertos, que han puesto de cabeza en varias ocasiones al gobierno, y han requerido la respuesta inmediata del mismo Presidente de la República.

Entre los escándalos y desaciertos ocurridos, podemos señalar los siguientes:

Propuesta reforma fiscal

La propuesta de reforma fiscal impulsada por el gobierno de Luis Abinader a inicios de octubre de este año, generó un clima de tensión social en la República Dominicana poco visto alguna vez.

Desde su anuncio, la iniciativa fue objeto de críticas por diversos sectores, quienes consideraron que las medidas tributarias afectarían a los sectores más vulnerables si hubiesen sido aprobadas por el Congreso.

Las vistas públicas, organizadas para recibir las opiniones de diferentes sectores sobre las reformas sirvieron como escenario para que grupos empresariales, organizaciones sindicales, activistas sociales, políticos, turísticos y ciudadanos comunes expresaran su desacuerdo con varias de las disposiciones incluidas en el proyecto. Ningún sector apoyó el proyecto fiscal, tal como fue sometido.

Ante tantos rechazos y protestas provenientes de todos los sectores de la sociedad, el Presidente Abinader optó finalmente por solicitar el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal de la agenda del Congreso Nacional.

Los haitianos

Todas las medidas tomadas por el gobierno dominicano a los fines de contrarrestar la masiva presencia de ilegales en nuestro país han ido a la deriva, y hoy, resulta más avasallante la presencia de haitianos en nuestro país haciendo uso de los servicios públicos.

Asimismo, se siguen otorgando miles de visas a haitianos que deciden venir a República Dominicana, tanto como turistas, como a asuntos laborales.

La presión migratoria que se ha venido dando en nuestro país está erosionando ya los servicios públicos, y a la vez, generando motivos de inseguridad para los dominicanos.

La migración irregular haitiana casi desborda los servicios educativos, los hospitales y el ambiente de seguridad pública.

Apagones

Tediosos y prolongados apagones han venido azotando, inmisericordemente, diversas ciudades de República Dominicana durante estos primeros 100 días, provocando estragos en la población, especialmente en zonas vulnerables donde se han escenificado protestas de sus residentes.

Las interrupciones y costosas facturas eléctricas no dieron tregua, con cortes de hasta nueve horas en algunas demarcaciones causando pérdidas económicas en el sector comercio.

Diversos sectores de la sociedad atribuyeron la crisis eléctrica a la falta de planificación y gerencia de las autoridades que han permitido que se agudice la situación que mantiene desesperada a la ciudadanía.

Resolución MAP

El Ministerio de Administración Pública (MAP), emitió una Circular en la que instruyó a todos los entes y órganos del Estado, a través de sus direcciones de Recursos Humanos, a realizar una recopilación de datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados gubernamentales.

La disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP), que ordena a los empleados reportar el pago del agua y la luz a sus respectivas instituciones, desató críticas y reacciones adversas por parte de todos los sectores de la sociedad, rechazando de plano esa medida.

Dicha Resolución desconocía principios elementales de gestión establecidos en la Ley 247-12, Orgánica de Administración Pública, y 41-08 de Función Pública, así como   disposiciones constitucionales como el artículo 142 que establece El Estatuto de la Función Pública, lo cual obligó al Ministro del MAP, a modificar su naturaleza y alcance.

Compra Aduanas de terreno sobrevaluado

La Dirección General de Aduanas (DGA) licitó un terreno de 88,700 metros cuadrados en el paraje “Mal Paso”, Municipio de Jimaní, Provincia Independencia, con el propósito de reinstalar allí la base interagencial de la zona, con un asombroso costo promedio por metro cuadrado de RD$7,186.84.

La licitación de ese terreno se dio en un contexto de controversias relacionadas con gastos en alquileres por parte de otras instituciones públicas, y la misma, tuvo que ser cancelada en lo inmediato, tan pronto la misma salió a la luz pública.

INTRANT

Casi un año después del escándalo por la contratación de la empresa Transcore Latam para la ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, las autoridades allanaron la residencia de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant), entidad involucrada en este escándalo de corrupción.

En noviembre de 2023, Hugo Beras había defendido el proceso de licitación para la mejora del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, asegurando que se llevó a cabo con absoluta transparencia y en cumplimiento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

En el marco de ese escándalo, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue dejado detenido tras varias horas de interrogatorio en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Escándalo Educación

A mediados del mes de noviembre salió a relucir que el Ministro del Ministerio de Educación -Minerd- Ángel Hernández, favoreció mediante un proceso de excepción por exclusividad a una empresa involucrada en actos de corrupción.

De conformidad con el comunicador Julio Martínez Pozo se trataba de la empresa Servicios Integrales Corporativos, siendo sus principales socios Luis Paulino y Juan Ovalles.

El periodista reseñó que Paulino, quien actualmente presta servicios de consultoría al Minerd, fue director de Auditoría de la Cámara de Cuentas y fue destituido de ese cargo por actos de prevaricación. También, señaló que el Ministerio de Salud Pública lo desvinculó en el pasado por su participación en el «escándalo de las jeringas».

Escándalo Alquileres inmuebles

Uno de los escándalos más notables giró en torno a un contrato de alquiler sin precedentes en la historia del país: más de RD$1,400 millones destinados a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), dirigida por el abogado Bartolomé Pujol.

La población quedó perpleja al ver una suma tan elevada destinada al alquiler de un inmueble que, en última instancia, no aportará ninguna infraestructura permanente para el Estado dominicano, y que ha desatado serias controversias y rechazos en todo el país, señalándolo como un desconocimiento de la austeridad prometida por el gobierno.

Algunas voces calificaron como inconcebible que el gobierno invierta cifras exorbitantes en alquileres y remodelaciones que aumentarán la plusvalía de los propietarios de los inmuebles, cuando esos fondos bien podrían destinarse a la adquisición de propiedades propias.

Banco Agrícola

Dirigentes del sector agropecuario nacional denunciaron un “derroche de préstamos” otorgados por el Banco Agrícola a dirigentes políticos del PRM, mientras pequeños y medianos productores agropecuarios pasan trabajo para adquirirlos.

Según voces autorizadas del país, “se han aprobado en el Gobierno Abinader préstamos millonarios que se solicitan, se formalizan, se aprueban y se desembolsan el mismo día, como es el caso de la sucursal de Santiago”.

El escándalo es mayúsculo en las sucursales de Arenoso, Barahona, Santiago, Dajabón, La Vega, Nagua y Monte Plata.

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