Cuestiona énfasis en permisos sobre control y planificación
Santo Domingo.– La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lanzó este lunes duras críticas a la gestión ambiental del Gobierno, al considerar que ha relegado la protección de los recursos naturales en favor de una política centrada en la emisión de permisos.
Durante una rueda de prensa celebrada tras el asueto de Semana Santa, el titular del área, Alfonso Ureña, advirtió que la actual administración ha priorizado la tramitación de autorizaciones ambientales por encima de la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.
El señalamiento surge luego de que las autoridades destacaran recientemente el procesamiento de más de 6,500 permisos ambientales, presentado como un logro en términos de eficiencia administrativa. Para el PLD, ese enfoque es limitado y, en el contexto ambiental, incluso riesgoso.
“En materia ambiental, la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos”, afirmó Ureña, quien fungió como vocero del organismo peledeísta. A su juicio, una política pública basada en la rapidez de los trámites puede debilitar la capacidad del Estado para regular y proteger los ecosistemas.
En el encuentro también participaron miembros del Comité Político y del Comité Central del partido, junto a subsecretarios de la organización, quienes respaldaron la postura institucional y expresaron preocupación por lo que califican como un deterioro en la gestión ambiental.
El organismo advierte que existe una tendencia preocupante en la administración pública que podría poner en riesgo ecosistemas estratégicos del país, al tiempo que debilita la institucionalidad encargada de su protección. Según explicaron, el problema no radica en la existencia de permisos o licencias, sino en la falta de seguimiento, control y autoridad efectiva para hacer cumplir las normativas.
Como parte de sus argumentos, la Secretaría citó varios casos recientes que, a su entender, evidencian fallas en la fiscalización. Entre ellos, mencionaron denuncias de daños a humedales y manglares vinculados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, así como la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros, provincia Azua.
Estos hechos, sostienen, generan dudas sobre la rigurosidad con la que se están aplicando las leyes ambientales y sobre la capacidad de las autoridades para prevenir impactos negativos en áreas vulnerables.
El PLD también hizo referencia al Informe GEO República Dominicana 2024, elaborado con acompañamiento internacional, el cual advierte que el crecimiento económico del país ha venido acompañado de una mayor presión sobre los recursos naturales, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
En ese contexto, la organización política señaló que, en distintas regiones del país, las comunidades han tenido que asumir un rol activo en la defensa del medio ambiente ante lo que consideran una ausencia del Estado.
Entre los ejemplos citados figura el caso de Cotuí, donde residentes han protagonizado protestas por la contaminación de la presa de Hatillo. Asimismo, en la región del Cibao, sectores sociales han expresado preocupación por permisos otorgados para exploración minera en la Cordillera Septentrional.
A esto se suman denuncias sobre actividades de tumba y quema en el Parque Nacional Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más importantes del Caribe, lo que, según el PLD, evidencia la urgencia de reforzar la vigilancia y el control en áreas protegidas.
Frente a este panorama, la Secretaría de Medio Ambiente del PLD planteó la necesidad de abrir un debate nacional sobre el rumbo de la política ambiental en República Dominicana. La propuesta incluye fortalecer los mecanismos de fiscalización, garantizar la protección de las fuentes de agua y asegurar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
“El país no puede seguir postergando una discusión seria sobre su modelo de desarrollo y su relación con el medio ambiente”, concluyó Ureña, al insistir en que la sostenibilidad debe ser un eje central de la gestión pública.
