SANTO DOMINGO.- Las luces, la música y el baile se han transformado, en diversas ocasiones, en escenarios de horror absoluto. Sin embargo, más allá del luto, las tragedias más mortíferas en discotecas, a nivel mundial, han marcado un antes y un después en las legislaciones penales y las normativas de seguridad civil.
A continuación, analizamos las consecuencias legales de los casos más emblemáticos
El rigor de la justicia internacional: condenas ejemplares
La negligencia suele ser el denominador común en estos siniestros. La justicia global ha comenzado a señalar no solo a los dueños, sino también a funcionarios y técnicos responsables.
China (2000): El incendio de Luoyang
Tras la muerte de 309 personas, un tribunal chino sentenció a 23 responsables en 2001.
Las Penas: Entre 3 y 13 años de prisión.
Los Culpables: Desde soldadores sin licencia que iniciaron el fuego accidentalmente hasta directivos que operaban el local de forma ilegal y funcionarios públicos que ignoraron que el edificio falló múltiples inspecciones de seguridad desde 1997.
Brasil (2013): Discoteca Kiss
El incendio que cobró 242 vidas resultó en una de las batallas legales más largas de la región.
Condena: En 2021, los dueños Elissandro Spohr y Mauro Hoffmann fueron sentenciados a penas de entre 18 y 22 años por homicidio y tentativa de homicidio.
Argentina (2004): República Cromañón
Un hito en la justicia latinoamericana tras la muerte de 194 personas.
Responsables: El gerenciador Omar Chabán recibió una condena inicial de 20 años. El dueño del predio, Rafael Levy, fue condenado a 4 años y medio. La tragedia provocó incluso la destitución del entonces jefe de Gobierno de Buenos Aires.
Rusia (2009): El Caballo Cojo (Lame Horse)
La pirotecnia en un lugar cerrado dejó 156 muertos.
Sentencias: El copropietario Konstantin Mrykhin fue condenado a 6,5 años y a pagar una indemnización de 5 millones de euros. Otros implicados, como los técnicos de pirotecnia y funcionarios de bomberos, recibieron penas de entre 4 y 9 años.
¿Que pasa en RD?
A un año del trágico suceso ocurrido en el establecimiento Jet Set, legisladores de diversos partidos denunciaron que las graves fallas en la supervisión de obras y los vacíos legales que permitieron el incidente permanecen intactos.
Pese a las promesas iniciales de reforma, los congresistas coinciden en que no se han implementado controles efectivos ni sanciones que garanticen la seguridad en este tipo de edificaciones.
El diputado Ramón Raposo, quien impulsó proyectos de ley a raíz del suceso, lamentó que las propuestas legislativas se hayan «esfumado» con el paso del tiempo.
Según los legisladores, la falta de resultados concretos evidencia una preocupante inacción estatal, donde los discursos oficiales no se han traducido en acciones reales para corregir las deficiencias estructurales en la supervisión de infraestructuras en el país.
Un juicio marcado por el dolor
- Al cumplirse un año de la tragedia que conmocionó al país, el Ministerio Público ha reafirmado su intención de lograr la pena máxima de dos años de prisión contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Durante la audiencia preliminar celebrada esta semana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los fiscales presentaron formalmente la acusación de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas.
Pese al pedido de las autoridades, el juez Reymundo Mejía Zorrilla dictó un receso de la audiencia preliminar hasta el próximo 20 de abril. Esta decisión se tomó para permitir que los querellantes concluyan sus exposiciones y para dar curso a un nuevo peritaje técnico solicitado por la defensa.
