Santo Domingo. La suspensión por un año del ejercicio profesional de tres abogados de la firma León & Raful, impuesta por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) mediante la sentencia TDH-014-2026, es inconstitucional, fue dictada en desacato a dos fallos judiciales firmes y carece de toda validez legal, denunciaron este domingo los propios afectados.
Los licenciados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, quienes representan a María Amelia Hazoury Delgado en un proceso de partición de bienes derivado de su divorcio con Juan Rafael Llaneza Gil, señalaron que la sanción ignora expresamente dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenaron dejar sin efecto los procedimientos disciplinarios en su contra.
Sentencias desacatadas
Las decisiones desacatadas son la sentencia 0030-03-2025-SSEN-00389, dictada el 5 de agosto de 2025 por la Segunda Sala del TSA, y la sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003, emitida el 13 de enero de 2026 por la Primera Sala del mismo tribunal; ambas motivadas en la verificación de violaciones a derechos fundamentales de los letrados.
Los afectados destacaron que una de esas sentencias llegó a imponer al CARD un astreinte —sanción pecuniaria por retardo en acatar una decisión judicial—, ante la renuencia de la institución a cumplir el mandato de archivar los procesos disciplinarios.
Base legal cuestionada
La sentencia fue fundamentada en los artículos 73 al 77 del Decreto 12-90, que contiene el Código de Ética del CARD. Sin embargo, dichas disposiciones fueron expulsadas del ordenamiento jurídico mediante la sentencia TC 100-2026 del Tribunal Constitucional, lo que priva al fallo, según los sancionados, de toda validez y eficacia legal.
Los tres abogados indicaron, además, que las acciones disciplinarias fueron promovidas por Inmobiliaria Don Juan y Grupo Alugav, entidades que forman parte de la comunidad conyugal en disputa, y que el proceso habría sido utilizado como mecanismo de presión contra quienes defienden los intereses de la señora Hazoury en ese patrimonio común.
León Lebrón, Fernández León y Del Rosario Albuquerque han interpuesto un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia TDH-014-2026 y anunciaron que continuarán ejerciendo la representación legal de su cliente «por todas las vías legales disponibles».
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