EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo
La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por autoridades de Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de Venezuela. Tras el operativo que derivó en su traslado a territorio estadounidense, asumió la presidencia la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, abriendo formalmente un nuevo capítulo en la conducción del Estado venezolano.
Este hecho ha generado expectativas sobre una eventual transición democrática, económica e institucional. Sin embargo, conviene actuar con prudencia. Las transiciones políticas en sistemas altamente centralizados y con estructuras de poder consolidadas suelen ser complejas y prolongadas.
Las elecciones presidenciales de 2024 ya habían dejado profundas dudas en amplios sectores nacionales e internacionales. La oposición desconoció los resultados alegando falta de transparencia en la publicación de actas y ausencia de garantías plenas. Observadores internacionales y diversos gobiernos cuestionaron el proceso, lo que debilitó aún más la legitimidad del mandato de Maduro.
La falta de credibilidad del sistema electoral venezolano no surgió de manera repentina, sino que es el resultado de un proceso acumulativo de desconfianza institucional que se remonta a los años posteriores al gobierno de Hugo Chávez. La concentración de poder en el Ejecutivo y la subordinación progresiva de otros poderes del Estado configuraron un modelo político con escasos contrapesos.
Durante la administración del presidente Donald Trump, la política hacia Venezuela se caracterizó por sanciones económicas, presión diplomática y acusaciones formales contra altos funcionarios venezolanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia estadounidense había señalado a Maduro como presunto colaborador de redes criminales internacionales, elevando significativamente la tensión bilateral.
En este contexto, la negativa del gobierno venezolano a negociar nuevas elecciones profundizó el conflicto. El reconocimiento internacional a la líder opositora María Corina Machado reforzó el debate global sobre la situación democrática del país y aumentó la presión política interna y externa.
La captura de Maduro en enero de 2026 debe entenderse, por tanto, dentro de un marco de escalada geopolítica y confrontación prolongada entre ambos gobiernos.
Con la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia, se abrió la posibilidad de una transición controlada. No obstante, las estructuras del chavismo–madurismo permanecen activas en la Fuerza Armada, el aparato judicial y la administración pública. Sin reformas institucionales profundas, cualquier cambio podría limitarse a una reconfiguración interna del poder.
Entre los primeros anuncios del nuevo gobierno destaca la promesa de una ley de amnistía para presos políticos. Aunque aún no ha sido formalmente aprobada, la liberación de más de un centenar de detenidos ha sido interpretada como una señal inicial de distensión. Sin embargo, persisten interrogantes importantes, como el retorno con garantías de los líderes políticos en el exilio y la restauración plena de la libertad de prensa.
El senador estadounidense Marco Rubio ha señalado que cualquier proceso de democratización será necesariamente de largo plazo. Esta apreciación coincide con la experiencia comparada en América Latina: las transiciones exitosas requieren negociación política, reformas institucionales verificables y reconstrucción de la confianza ciudadana.
La recuperación económica será uno de los pilares fundamentales del proceso.
Venezuela necesita rehabilitar su industria petrolera, particularmente a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), atraer inversión extranjera y restablecer la seguridad jurídica. Sin estabilidad institucional y garantías legales, el levantamiento de sanciones internacionales resultará limitado.
Además, la transición deberá enfrentar la grave crisis social que ha provocado migraciones masivas y deterioro del poder adquisitivo. La reconstrucción del tejido productivo exigirá apertura económica, disciplina fiscal y fortalecimiento del Estado de derecho.
¿Ruptura o negociación?
El mayor dilema radica en la forma que adopte la transición. Los sectores chavistas aspiran a conservar espacios de poder y buscan garantías de seguridad jurídica frente a posibles represalias. La oposición, por su parte, demanda elecciones libres, renovación de los poderes públicos y plena restitución democrática.
La experiencia histórica demuestra que las transiciones negociadas, aunque lentas, suelen ser más sostenibles que aquellas basadas en rupturas violentas. La consolidación democrática no depende únicamente de la salida de un líder, sino de la reconstrucción institucional integral.
La nueva etapa política venezolana representa una oportunidad histórica, pero también un desafío monumental. La transición hacia la democracia, la estabilidad económica y la reconciliación nacional no será automática ni inmediata. Requerirá voluntad política interna, acompañamiento internacional y, sobre todo, un compromiso real con el restablecimiento del Estado de derecho.
El verdadero cambio no consistirá solo en sustituir nombres en el poder, sino en transformar las reglas del juego político para que sea el pueblo venezolano quien, mediante elecciones libres y transparentes, determine su destino.
of-am
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