La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual gestión de la Policía Nacional, por lo que instó a diversas autoridades del sistema de justicia a intervenir de manera urgente.
En ese sentido, la entidad hizo un llamado al Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo, a fin de que investiguen y actúen frente a los hechos denunciados.
Denuncias y cifras
De acuerdo con los datos presentados, en un período de 100 días se han documentado unas 60 muertes atribuidas a presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que, según la organización, constituye una violación directa al Estado de derecho, a la Constitución y a los convenios internacionales suscritos por el país.
Asimismo, la Comisión señaló la reaparición de prácticas que consideraba superadas, como allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. Indicó que estos hechos han sido registrados en localidades como Bonao, San Cristóbal, Los Alcarrizos y la provincia Santo Domingo, entre otros puntos del país, donde —asegura— existen pruebas documentales que respaldan las denuncias.
Acciones legales
La organización también informó que ha iniciado acciones legales concretas para frenar estas prácticas, incluyendo la interposición de recursos de amparo contra el actual director policial y varios oficiales superiores asignados a distintas provincias, a quienes acusa de actuar al margen de la ley.
- En el caso específico de San Cristóbal, la entidad denunció que un oficial vinculado a un hecho previo ocurrido en el sector Barranquita habría sido posteriormente ascendido y trasladado a esa demarcación. Según la Comisión, este mismo agente estaría implicado en nuevos incidentes que involucran la muerte de jóvenes en circunstancias cuestionadas.
Finalmente, la organización reiteró su compromiso de continuar documentando los casos y de impulsar acciones judiciales para garantizar que se respeten los derechos fundamentales y se establezcan responsabilidades conforme a la ley.
