El Congreso argentino, afín al presidente Javier Milei, aprobó la modificación de la Ley de Glaciares, una norma pionera desde 2010. Con la reforma, no todos los glaciares ni las zonas periglaciares estarán protegidos: la decisión pasará a manos de las provincias, abriendo la puerta a proyectos mineros y reavivando el debate sobre el futuro del agua en el país.
Argentina fue el primer país del mundo en aprobar una ley dedicada única y exclusivamente a proteger sus glaciares. Pero ahora, el tablero político cambió y, con él, la definición de lo que merece ser protegido. La minería busca espacio donde antes solo había hielo y, para lograrlo se pasó de la protección absoluta a una selectiva.
La norma original, de 2010, prohibía explotar minerales e hidrocarburos en los glaciares y también en los ambientes periglaciares, que son las áreas de montaña con suelos congelados y a veces saturados de hielo. Pero con la modificación que hizo el Congreso, la protección ya no es para todos los glaciares, sino solo para los que cumplan con una “reserva estratégica” del agua. Y, según el Artículo 8 del texto, la potestad de decidirlo recae ahora en cada provincia.
“La autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción correspondiente: identificará basándose en estudios técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas en el artículo 1°, es decir, actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, indica el texto que fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados de la Nación.
El Gobierno de Javier Milei y su partido La Libertad Avanza promovieron la modificación con el argumento de que se necesitaba promover el desarrollo de la economía y que, de paso, se fortalecía el federalismo. Esos argumentos los terminó de validar la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor de la reforma, 111 en contra y 3 abstenciones,
Pero para activistas y para expertos, la modificación de la Ley de Glaciares es un retroceso ambiental. Afirman que va en contra del Artículo 41 de la Constitución argentina, que permite usar los recursos naturales, siempre y cuando no se comprometan las condiciones de las generaciones futuras.
Para ellos, explotar minas e hidrocarburos en los glaciares pone en riesgo el agua de siete millones de personas en el país, como nos explicó el glaciólogo Antoine Rabatel, y quien fue uno de los ocho expertos internacionales que le escribieron una carta a los diputados para advertirles de los riesgos de modificar la ley y de desproteger estos ecosistemas.
“Estos glaciares van acumulando masa durante el invierno. Y durante la primavera y el verano más que todo, una parte de esta nieve y del glaciar se funde. Esa agua participa en el funcionamiento hídrico de los ríos«, explicó.
En otras palabras, los glaciares son uno de los últimos reservorios de agua que quedan en la montaña, especialmente en las temporadas secas.
Ahora bien, la importancia de los glaciares en el ciclo hídrico varía según la región. Rabatel señala que en el norte del país, predomina el ambiente árida, mientras que en la zona de la Patagonia hay más precipitaciones. «En las provincias del norte, yo diría hasta el sur de Mendoza o hasta el norte de la Patagonia, el rol de los glaciares es aún más importante, porque en estas provincias las cantidades de precipitación es mucho más baja», indicó Rabatel.
El glaciólogo también señala que aunque los glaciares y las áreas periglaciares argentinas cubren una vasta zona, no son donde hay más minería, mientras que una exploración allí, sí afectaría el agua.
“El litio más que todo se encuentra en la zona de los salares. En camboi, más abajo en el lugar de los glaciares, son más proyectos minerales de la alta cordillera que generalmente son pluriminerales con oro, plata o cobre,. Y ahora, los grandes proyectos mineros se hacen a cielo abierto, no bajo suelo. Eso hace que cuando un proyecto minero está en una zona de glaciares y periglaciares, se destruyen esos ambientes y se afecta directamente la cantidad de hielo o de agua congelada en el suelo que puede existir”, explicó.
El Inventario Nacional señala que en Argentina existen 16.968 glaciares, lo que corresponde a una superficie de casi 8.500 kilómetros cuadrados. Para hacerse a una idea, eso representa una superficie que es 41 veces la Ciudad de Buenos Aires, pero menos del 0,3% de todo el territorio nacional.
«Sabemos que esas zonas contienen minerales, pero tampoco son los lugares con las mayores reservas. Tenemos que ver si es mejor cuidar ese ambiente para nosotros y para las generaciones futuras, o si vale la pena extraer todo lo que se puede de cualquier espacio, de cualquier territorio, simplemente para ganar más dinero», opinó el glaciólogo.
Si los glaciares argentinos se afectan, no solo el país vive las consecuencias. Como lo explican en la carta los expertos, en las últimas dos décadas hubo el mayor nivel de pérdida de masa glaciar por el cambio climático, lo que generó un aumento de 21 centímetros del nivel promedio del mar en todo el planeta. En otras palabras, los efectos se sienten mundialmente.
“La cosa es que los glaciares tienen un rol muy importante a distintos niveles porque son uno de los contribuyentes a la evolución del nivel del mar, y lo que estamos viendo durante el último siglo o las últimas décadas es que el nivel global del mar está subiendo por culpa de la fusión de los glaciares y también de los grandes casquetes de Groenlandia y de Antártida. También por el aumento de la temperatura del agua del mar. Eso en cuanto a lo global. Y en cuanto a lo loca, tienen un impacto muy fuerte para el recurso hídrico, para el funcionamiento hidrológico de las cuencas”, concluyó Rabatel.
Por eso él y otros glaciólogos le argumentaron a los diputados argentinos que tenían una «profunda preocupación ante cualquier intento de reforma que reduzca los niveles actuales de protección de estos ecosistemas». Pero su llamado no fue escuchado y hoy la reformade la Ley de Glaciares es una realidad. Por lo que cada provincia podrá decidir cuál de estos ecosistemas merece ser protegido y en cuál deberá explotarse minería.
