Despolitizar la educación

El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

La República Dominicana ha estado en un proceso continuo de reforma educativa, impulsado por la asignación del 4% del PIB al sector educativo y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. El 4% del PIB equivale a RD$297,041.5 millones para el año en curso.

Desde 2013, se han manejado aproximadamente RD$936,428.9 millones para el sector educativo. Estos recursos se han distribuido principalmente en mejorar infraestructuras escolares, aumentar los salarios de los maestros y en la formación docente.

Aunque el 4% del PIB ha contribuido a mejorar infraestructuras y salarios docentes, la inversión no ha resuelto problemas críticos como el déficit de escuelas, la sobrepoblación estudiantil y la formación académica insuficiente de los profesores. A pesar de la construcción de nuevas aulas, la falta de cupo, la escasez de butacas y personal docente persiste.

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 ha enfrentado desafíos que han limitado su implementación efectiva, aunque el salario para los docentes ha sido aumentado considerablemente, estos avances no se han traducido en una mejora proporcional en la calidad educativa. Los resultados en pruebas internacionales como PISA siguen siendo bajos, lo que indica que el aprendizaje de los estudiantes no ha mejorado significativamente reflejando deficiencias en el sistema educativo.

La inversión del 4% del PIB en educación en la República Dominicana ha generado un debate significativo debido a su implementación y resultados. A pesar de los recursos asignados, el sistema educativo enfrenta varios desafíos:

Existe un déficit de más de 7,000 aulas, lo que ha dejado sin cupo al 5% de los estudiantes que intentaron inscribirse en escuelas públicas. Las construcciones escolares solo han cubierto el 30% de la necesidad. El 43% de las escuelas tiene más de 30 estudiantes por aula, y en zonas urbanas, este problema es aún más pronunciado. Esto afecta la calidad del aprendizaje y la atención individualizada.

La inversión no ha mejorado significativamente la calidad del docente, y hay un déficit de maestros, con radios de hasta 50 estudiantes por profesor. La capacitación de docentes es insuficiente y no responde a un diagnóstico claro de necesidades. Los resultados en pruebas internacionales como PISA han sido bajos, reflejando deficiencias en comprensión lectora y matemáticas. Aunque ha habido mejoras en infraestructura y salarios, la calidad educativa no ha mejorado sustancialmente.

Carencias observadas

Falta de Transparencia y Rendición de Cuentas: Aunque se establecieron sistemas de monitoreo y evaluación, la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria ha sido un problema persistente.

Politización del Sistema Educativo: La influencia política ha afectado la implementación de las reformas, limitando la capacidad de llevar a cabo cambios estructurales necesarios.

Desigualdad en el Acceso a Recursos: Persisten desigualdades en la distribución de recursos educativos, afectando principalmente a las regiones más desfavorecidas.

Incumplimiento de Compromisos: La falta de cumplimiento de algunos compromisos del pacto anterior, como la mejora en la calidad de los aprendizajes y la democratización del acceso a una educación de calidad, destaca la importancia de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación más robustos.

Nuevo llamado a un Pacto por la Calidad de la Educación

Con este nuevo pacto se pretende abordar las deficiencias que los gobiernos obviaron aplicar, aunque repitiendo parte de lo acordado en el 2014-2030, mediante la mejora de la formación inicial y continua de los profesores, la evaluación efectiva de su desempeño, la inversión eficiente del presupuesto educativo y la integración de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) deben de jugar un papel crucial en la implementación del Pacto por la Calidad de la educación, pues siendo utilizadas efectivamente pueden establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan el seguimiento de los compromisos del pacto. Esto incluye la implementación de plataformas como el SIGOB y la IDEC para la educación preuniversitaria, que ayudan a coordinar y evaluar el progreso de las iniciativas educativas.

El uso expreso de los canales de comunicación que permitan la participación de la comunidad educativa y otros actores sociales en el proceso de implementación del pacto. Esto facilitaría la veeduría social y la corresponsabilidad, asegurando que las opiniones y contribuciones de todos los interesados sean tomadas en cuenta. También implica mejorar la infraestructura tecnológica en las escuelas, facilitando el acceso a recursos digitales y mejorando la calidad del aprendizaje.

Estos objetivos reflejan una continuidad en los esfuerzos por mejorar el sistema educativo, pero también subrayan la necesidad de una implementación más efectiva y una rendición de cuentas más rigurosa. La participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo padres, docentes y comunidades, es esencial para asegurar que las reformas sean inclusivas y reflejen las necesidades reales del sistema educativo.

Mientras que la inversión en educación ha permitido ciertos avances, el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas de manera efectiva, asegurar una distribución equitativa de los recursos y mantener un enfoque constante en la mejora de la calidad educativa.

Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido se podrán superar los desafíos actuales y garantizar un futuro educativo más prometedor para todos los estudiantes.

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