En México, la defensa del medio ambiente se mantiene como una actividad de alto riesgo, incluso mortal. De acuerdo con el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la violencia contra personas y colectivos ambientalistas sigue en aumento en el país, donde el Estado aparece como el principal agresor.
“La violencia no solo persiste, sino que se manifiesta en múltiples formas en cada evento, lo que evidencia un contexto de riesgo constante. La continuidad de agresiones letales y las fallas en su registro reflejan la urgencia de fortalecer la protección a quienes defienden el medio ambiente en México”, advirtió el organismo.
Homero Gómez González fue hallado sin vida, después de 16 días desaparecido. El caso del defensor de la mariposa monarca en México sigue impune, y se une a la lista de 93 asesinatos a defensores de la tierra, en los últimos tres años.
La duodécima edición del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México señala que, durante el último año, se documentaron 10 muertes de defensores y activistas en los estados de Jalisco (3), Oaxaca (2), Guerrero (2), Morelos (1), Michoacán (1) y Puebla (1).
Aunque la cifra de casos mortales se mantiene por debajo de los 25 fallecimientos registrados en 2024, la organización advierte que “es probable que exista un subregistro en el número de homicidios”, debido a que el informe se nutre de datos proporcionados por los propios colectivos o familiares de las víctimas, quienes han mostrado resistencia a denunciar ciertas agresiones por temor a represalias.
El CEMDA señala que los escenarios de violencia contra quienes defienden el medio ambiente y el territorio presentan un incremento significativo. En 2025 se registraron 135 eventos de agresión —entendidos como periodos en los que ocurren una o más agresiones contra una o varias víctimas— y 314 agresiones específicas, es decir, ataques concretos. Estas cifras superan las 94 situaciones de agresión y las 236 agresiones específicas reportadas en 2024.
De este modo, 2025 se posicionó como el segundo año con mayor número de eventos de agresión en la última década, solo por debajo de los 197 registrados en 2022. En términos geográficos, la mayor concentración de estos eventos se ubicó en la Ciudad de México, con 39 casos; Puebla, con 20; y Oaxaca, con 17. En conjunto, estas entidades concentraron el 56.2% del total nacional.
Crecen agresiones contra mujeres y organizaciones civiles defensoras
Las personas integrantes de comunidades originarias continúan siendo el grupo más vulnerable, al representar el 11.3% del total de las víctimas. Les siguen los defensores independientes (3.3%), abogados (2.6%) y académicos (2%). El documento destaca además un incremento alarmante de más de 171% en los ataques dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, las cuales son agredidas por su labor de defensa y acompañamiento en casos de derechos humanos ambientales.
En cuanto al género, si bien 158 víctimas corresponden a personas de sexo y género masculino y 89 al femenino, el informe advierte un aumento cercano al 62% en las agresiones dirigidas contra mujeres en comparación con 2024, lo que sigue evidenciando la persistencia de violencia estructural en su contra.
Una de las conclusiones más contundentes del informe apunta directamente a las distintas instancias de gobierno. El CEMDA sostiene que “el Estado mexicano, en sus distintos órdenes de gobierno, continúa siendo el principal agresor contra las personas y comunidades que defienden el medio ambiente en el país”.
