Fue una situación aparentemente inusitada. Una magistrada, Sonia Sotomayor (liberal, nominada por Barack Obama en 2009, la tercera mujer en la Corte y la primera de origen hispano) criticó hace semanas al magistrado Brett Kavanaugh, nominado por Trump, miembro de la mayoría conservadora.
Los cuestionamientos iban en torno a su opinión en una decisión judicial de la Corte vinculada a un caso sobre las políticas migratorias de la Casa Blanca y la Administración Trump, y su prometida cruzada de deportaciones masivas.
Durante un evento en el estado de Kansas, Sotomayor lanzó dardos contra su colega que no solo estuvieron relacionadas con su opinión judicial o criterio legal en el marco de la Constitución y derechos civiles, sino que tocaron una fibra personal, al mencionar la historia familiar y personal de Kavanaugh.
Las críticas cuestionaron la opinión de Kavanaugh en un caso denominado «Noem v. Vasquez Perdomo”, de septiembre de 2025, en el que la Corte ratificaba la legalidad de las detenciones de inmigrantes basadas en factores como los perfiles raciales y la ocupación en empleos de bajos salarios.
Aunque Sotomayor no mencionó a Kavanaugh, la referencia y crítica era inequívoca: Kavanaugh —que llegó a la Corte tras el retiro de Anthony Kennedy— fue el único miembro de la mayoría que explicó su voto.
“Esto lo dice alguien cuyos padres eran profesionales. Y probablemente no conoce a nadie que trabaje a la hora o a destajo como yo”, deslizó Sotomayor.
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Un comentario que hacía referencia a los orígenes y formación en el seno de una familia de profesionales, con mayores privilegios. Sotomayor agregó que algunas personas “no pueden entender nuestras experiencias, incluso cuando se las cuentas”.
Las críticas de Sotomayor a Kavanaugh expusieron las continuas y más recientes fricciones y divisiones dentro del máximo órgano judicial en el país. Tensiones que tienen su origen en las diferentes visiones sobre el rumbo de la Corte bajo la dirección de su presidente, John Roberts, y las recientes decisiones en casos de alto perfil.
Los cuestionamientos fueron seguidos de una inusual disculpa pública: «En una reciente comparecencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, me referí a un desacuerdo con uno de mis colegas en un caso anterior, pero hice comentarios inapropiados. Lamento mis comentarios hirientes», dijo Sotomayor en un comunicado difundido por la Corte, que agregaba: «Ya me disculpé con mi colega».
Las tensiones y roces públicos muestran la grieta
Kavanaugh es uno de los seis jueces conservadores de la Corte, que actualmente tiene una conformación de 6-3, donde las progresistas son minoría. Antes había respaldado la decisión mayoritaria sobre las facultades de las autoridades migratorias para realizar redadas indiscriminadas en California.
El llamado bloque o el ala conservadora de la Corte está integrado también por su presidente John Roberts, y los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.
Mientras tanto, Sotomayor es la juez de mayor antigüedad de la minoría liberal, todas mujeres, completada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Los magistrados —Associated Justices, en inglés— pueden argumentar sus votos o criterios legales, o incluso expresar sus desacuerdos en fallos o sentencias mediante escritos caracterizados por un tono preciso, apegado a la interpretación individual de la Constitución y las leyes, pero también argumentativo, donde explican sus conclusiones.
También tienen el derecho o prerrogativa de expresar sus disidencias, cuando su voto no hace parte de la mayoría o está en desacuerdo con la decisión final, a través de escritos llamados ‘dissents’, que plantean desafíos, ideas contrapuestas, interpretaciones distintas, en una narrativa adversativa o contraria a la mayoría, generalmente cordial, exenta de ataques personales.
Pero recientemente estas diferencias o críticas han ido tornándose más personales y públicas.
¿Se está rompiendo la tradición?
Históricamente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos han procurado el ejercicio de sus funciones bajo una cultura y estándares tradicionales, que tienen su máxima expresión en valores o principios fundamentales como la independencia judicial, imparcialidad e integridad.
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Están en el tope de la jerarquía y presiden sobre niveles superiores del sistema judicial, como los tribunales federales y de apelaciones.
Tradicionalmente, mantienen un perfil bajo y suelen huir del foco público o de controversias, evitan hacer declaraciones al margen de sus funciones, y aunque en ocasiones pueden compartir sus razonamientos en entornos académicos o institucionales, rara vez ventilan sus diferencias de manera agria o confrontativa.
La magistrada Kentanji Brown —la primera mujer afroamericana en la Corte y nominada por el expresidente Barack Obama— ha cuestionado a sus colegas del bloque conservador por lo que ha caracterizado como el “abuso” de las mociones incluidas en el denominado “expediente de emergencia”, para juzgar sobre asuntos que las cortes inferiores pueden tratar.
Estas peticiones, la mayoría empleadas de manera exacerbada por la Administración del presidente Donald Trump, permiten tramitar solicitudes de manera urgente o dictar medidas cautelares que requieren una acción rápida, usualmente fuera del calendario de audiencias orales, que suelen demorar —si las causas son admitidas— varios meses.
El magistrado Clarence Thomas, el primer afroamericano en la Corte -y bajo frecuente escrutinio por señalamientos de recibir regalos y prebendas de figuras y millonarios conservadores, como el magnate republicano Harlan Crow-, ha cuestionado al ala progresista de la Corte.
Thomas ha caracterizado al bloque de sus colegas como una “amenaza existencial” a los principios fundacionales del país y las ideas de los redactores de la Constitución.
“El progresismo pretende sustituir los principios fundamentales de la Declaración de Independencia y, por ende, nuestra forma de gobierno”, afirmó en una intervención en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, Texas, el pasado 16 abril.
Thomas —cuya confirmación por el Senado en 1991 se vio empañada por un juicio por supuesto abuso sexual contra la abogada Anita Hill— ha sido acusado de conducta inapropiada por no declarar obsequios y regalos de figuras como Crow.
El medio de investigación ProPublica ha publicado extensos reportes desde 2023, que revelan la omisión de declarar obsequios de alto valor, viajes y transacciones inmobiliarias.
Según los informes, durante más de dos décadas, Thomas aceptó vacaciones de lujo, incluidos vuelos en el jet privado de Crow y viajes en su superyate, violando las leyes federales de divulgación, que buscan prevenir conflictos de intereses. Thomas enmendó luego sus declaraciones para incluir los viajes y regalos-
La jueza Amy Coney Barrett también ha entrado a criticar a su colega Brown en sus escritos de sentencias. En 2025 la cuestionó por su disidencia «extrema» y con «connotaciones sociales», en un caso relacionado con la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Coney Barret —nominada por Trump— acusó a Brown de “malinterpretar” la Constitución y de “extralimitarse en sus funciones judiciales”. También argumentó que su visión sobre el poder Ejecutivo es errónea y recordó “que los jueces, no solo el presidente, están sujetos a la ley”.
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Las relaciones entre magistrados, tradicionalmente caracterizadas por decoro, respeto mutuo y discreción, parecen haber comenzado a mostrar fracturas y diferencias más allá del ámbito jurídico, a medida que a sus despachos llegan los mismos temas que dividen a la opinión pública y a los factores políticos en Estados Unidos.
Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales
