El más reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), calificó la implementación del nuevo Código Penal, los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como las medidas migratorias, como los desafíos más preocupantes en la República Diminicana.
Según el informe de la CIDH, la Comisión observó con preocupación que el nuevo Código Penal dominicano mantenga la prohibición absoluta del aborto, sin excepciones, lo que contraviene los estándares interamericanos en la materia y pone en riesgo la vida y salud de las mujeres.
A su entender, los niveles de violencia contra las mujeres siguen siendo elevados, registrándose un número significativo de feminicidios durante el año.
Derecho de niños, niñas y adolescentes
Sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el informe de la CIDH precisa que a pesar que el Estado dominicano informó sobre la implementación de la Política Nacional de Prevención de Uniones Tempranas y Embarazos en Adolescentes, la República Dominicana continúa registrando una de las tasas más altas de la región en embarazos infantiles.
Advierte que dicha situación que requiere un fortalecimiento de las estrategias de educación sexual integral y acceso a servicios de salud reproductiva.
Medidas migratorias
Otros desafíos presentados por la CIDH en su informe es la adopción de nuevas medidas migratorias que, a su entender, dificultarían el acceso a la salud para personas migrantes, así como su impacto en personas dominicanas de ascendencia haitiana, y el continuo incremento en las expulsiones de personas en movilidad humana.
Al mismo tiempo, continúa advirtiendo sobre «supuestas» limitaciones en el ejercicio del derecho a la nacionalidad de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, y la persistencia de un contexto de discriminación estructural.
El mismo ve con preocupación la continuidad de embarazos en niñas y adolescentes, los actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, así como el hacinamiento y las condiciones de detención en las prisiones del país.
Respecto de la situación de las personas en movilidad humana, la Comisión expresa profunda preocupación por el incremento de las expulsiones colectivas de personas de nacionalidad haitiana, a menudo en condiciones que no garantizan el debido proceso ni la evaluación individualizada de las necesidades de protección.
Precisan que a menudo reciben denuncias sobre el impacto de estas medidas en personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes se encuentran en riesgo de expulsión arbitraria debido a la falta de reconocimiento de su nacionalidad.
El informe resalta que a pesar que el Estado dominicano informó sobre la implementación de la Ley No. 169-14, destinada a regularizar la situación de las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la Comisión observa que persisten obstáculos significativos en su aplicación, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema y riesgo de apatridia.
