“Nunca sabes lo que puede pasar”. Winsbert Harry, presidente de la Organización Nacional de Pescadores de San Vicente y las Granadinas, describe un panorama de incertidumbre que es común a muchos otros sitios en el Caribe.
Los más de 40 ataques que Estados Unidos ha perpetrado contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe frente a Venezuela y en el Pacífico junto a Colombia han dejado ya 150 muertos.
Organizaciones no gubernamentales, líderes regionales y activistas de derechos humanos han calificado estas operaciones como ejecuciones sumarias.
Pero hay otra víctima más allá de los caídos en altamar: la pesca artesanal, y la afectación se extiende mucho más allá de las aguas internacionales en torno a Venezuela y Colombia.
Islas tan distantes como Santa Lucía o San Vicente, separadas por más de 700 km de las costas venezolanas, están en alerta y eso incluye previsiones extraordinarias para los hombres que viven del mar.
Winsbert Harry apunta que los pescadores de todo el Caribe se están preparando para el punto máximo de la temporada de atún. De ella depende en muchos casos su sustento, pero la decisión de hacerse a la mar es cada día más difícil de tomar.
En una entrevista con la cadena estatal de televisión SVG-TV de San Vicente el 17 de febrero, el mismo día que tres lanchas fueron impactadas y 11 personas murieron, Harry reconoció que la seguridad de los pescadores en el Caribe es una preocupación cada vez mayor.
Impacto más extendido
Hasta el momento los ataques estadounidenses han afectado a venezolanos, colombianos, ecuatorianos, trinitenses y ahora se cree que también a ciudadanos de Santa Lucía, porque el primer ministro Philip J. Pierre reconoció que está tratando de establecer si en otro bombardeo diferente al del 17 cayeron dos ciudadanos de su país.
“El Gobierno de Santa Lucía está participando activamente, a través de canales diplomáticos y de seguridad establecidos, para verificar los hechos. Comunicaremos información confirmada al público de manera rápida y responsable”, dijo el 16 de febrero Pierre.
La Policía Real de San Vicente y las Granadinas también se ha activado, y está pidiendo a los pescadores que informen sobre «escombros, avistamientos inusuales o actividad no explicada», esto después de que partes de una embarcación fueran vistas flotando en las costas de la isla de Canouan, que forma parte del archipiélago.
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El hallazgo coincide con la desaparición de tres ciudadanos de Santa Lucía, que fue reportada el 9 de febrero, días después de otro “ataque cinético” en el Caribe en el que el Departamento de Defensa informó precisamente sobre tres víctimas.
Pero medios de San Vicente se han hecho eco de otro bombardeo, que ni las autoridades locales ni el ejército estadounidense han reportado, y en el que podrían haber perdido la vida otras dos personas de Santa Lucía.
«Restos y partes de cuerpos encontrados flotando en aguas entre San Vicente y Santa Lucía han suscitado dudas sobre si la embarcación o si algunos ataques no se han reportado», reportó la emisora sanvicentina One News el 9 de febrero, agregando que «los restos del barco descubiertos en esas aguas indican que era de Santa Lucía».
Cuestionamientos crecientes
Las voces contra las operaciones estadounidenses supuestamente destinadas a cortar rutas tradicionales del narcotráfico se multiplican cada vez más.
El ex primer ministro sanvicentino Ralph Gonsalves declaró en un programa de radio este 18 de febrero que los ataques constituyen un acto de «barbarie contraria a los valores estadounidenses y al derecho internacional».
«Aunque estas personas estuvieran implicadas en el tráfico de drogas, no puedes simplemente matarlas. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se puede ser juez, jurado y verdugo sin dar a la gente la oportunidad de defenderse en un tribunal», agregó Gonsalves en declaraciones a Star FM.
El presidente Donald Trump ha justificado las operaciones a través de la designación del Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y el Clan del Golfo como organizaciones terroristas internacionales, a las que enfrenta en el marco de un “conflicto armado” contra el narcotráfico.
Pero el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), organizaciones que procuran el acceso a la justicia de comunidades amenazadas, coinciden en cuestionar la legalidad de los ataques.
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Brett Max, asesor jurídico de la ACLU, denunció las operaciones como «actos atroces de personas que afirman ser capaces de abusar de su poder con impunidad en todo el mundo», cuando anunció que representaría a las familias de dos víctimas trinitenses en una demanda contra el Gobierno de Trump.
Por su parte, Baher Azmy, director legal del CCR, advirtió en un comunicado que «es absurdo y peligroso que cualquier Estado proclame unilateralmente que existe una ‘guerra’ para desplegar fuerza militar letal».
«Estos son asesinatos sin ley a sangre fría; matar por deporte y asesinatos por teatro, por eso necesitamos un tribunal que proclame lo que es verdad y limite lo que es ilegal”, denunció Azmy, quien agregó que “los responsables podrían acabar respondiendo penalmente por asesinatos y crímenes de guerra».
Los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se reunirán en Saint Kitts and Nevis del 24 al 27 de febrero, y se espera que la situación de los pescadores de la región ante el asedio de la flota militar estadounidense forme parte del temario.
Con AP, EFE y medios locales
