20 exintegrantes de las extintas FARC fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras el acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de Colombia en 2016, por su responsabilidad máxima en el reclutamiento de menores de edad durante el conflicto armado en el país en el que hubo al menos 11.052 víctimas. La JEP también afirmó que la cifra de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos» aumentó a 7.837 casos. Analizamos el panorama con Laura Bonilla, politóloga, defensora de Derechos Humanos y subdirectora la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
