La decisión fue adoptada por el juez Juan Manuel Chuyo, quien consideró necesario garantizar la presencia de los investigados durante el desarrollo de las diligencias fiscales.
La Fiscalía sostiene que existen indicios de riesgo de fuga, especialmente tras el hallazgo de un pasaporte adicional en el domicilio del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, durante un allanamiento reciente, pese a que este ya había entregado otros documentos de viaje a las autoridades.
Investigación por presunta colusión y fallos en el proceso electoral
El caso gira en torno a posibles delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales relacionados con la contratación de la empresa de transportes Gálaga, encargada de distribuir el material electoral. Según el Ministerio Público, habría indicios de un posible direccionamiento en ese contrato, lo que derivó en retrasos significativos en la apertura de centros de votación, especialmente en Lima.
Las fallas logísticas tuvieron consecuencias directas sobre el ejercicio del voto: miles de ciudadanos no pudieron sufragar en la fecha prevista, lo que obligó a extender de manera inédita la jornada electoral hasta el día siguiente. Este escenario no solo generó malestar ciudadano, sino que también abrió interrogantes sobre la integridad del proceso.
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Además de Corvetto, la medida judicial afecta a otros funcionarios de la ONPE, entre ellos responsables de áreas clave como gestión y producción electoral, así como al representante de la empresa contratada. Para la Fiscalía, la presencia de todos ellos es fundamental para esclarecer unos hechos que han tenido impacto nacional.
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Medidas judiciales en un contexto de alta tensión política
Aunque el juez rechazó la solicitud de detención preliminar contra Corvetto, sí avaló la ejecución de allanamientos en varios inmuebles vinculados a los investigados. Estas acciones forman parte de una estrategia fiscal orientada a recabar pruebas en una investigación que se desarrolla en paralelo al avance del proceso electoral.
La dimisión de Corvetto, presentada días después de los comicios, se produjo en medio de una creciente presión política y mediática. Su salida fue interpretada como un intento de contener la crisis institucional generada por los errores en la organización electoral.
Las irregularidades detectadas han sido utilizadas por algunos actores políticos para cuestionar la legitimidad de los resultados. El candidato Rafael López Aliaga ha denunciado un supuesto fraude en su contra, aunque sin aportar pruebas concluyentes. Sus acusaciones se producen en un contexto de estrecha competencia por el pase a la segunda vuelta.
En paralelo, el recuento oficial continúa avanzando y perfila una contienda decisiva entre la líder conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez. La estrecha diferencia de votos entre los aspirantes ha contribuido a intensificar el clima de incertidumbre.
La decisión judicial de impedir la salida del país a los investigados refleja la gravedad con la que las autoridades están abordando el caso. Más allá de las responsabilidades individuales, el proceso pone a prueba la credibilidad del sistema electoral peruano en un momento clave.
La combinación de fallos logísticos, denuncias políticas y acciones judiciales ha configurado un escenario de alta volatilidad institucional. A medida que se acerca la segunda vuelta, el esclarecimiento de estos hechos será determinante para restaurar la confianza pública en el proceso democrático.
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Con EFE y medios locales
