SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó un informe en el que denunció un supuesto colapso del sistema de protección ambiental en el país.
Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la citada organizacioón atribuyó la presunta «debacle» a la «incapacidad institucional, permisividad, opacidad administrativa y creciente riesgo al patrimonio natural de la nación».
“El panorama ambiental dominicano luce muy nublado por la incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir los mandatos de la ley que lo creó”, indica el documento titulado “Nubarrones en el Panorama Ambiental Dominicano”, leído por Abreu en rueda de prensa.
Dijo que Medio Ambiente «está fallando en su rol constitucional de protección y dejando sin respuesta situaciones que comprometen ecosistemas estratégicos».
Recordó que dicho ministerio anunció como logro la emisión de 6,500 autorizaciones ambientales en 2025, pero posteriormente admitió que más del 60 % corresponden a certificaciones de impacto mínimo.
No obstante, advirtió que aún quedan más de 2,500 autorizaciones sobre las cuales no existe claridad pública respecto a su naturaleza jurídica. “Todavía quedan más de 2,500 autorizaciones que no se sabe si son licencias, permisos o constancias ambientales, cada una de las cuales conlleva requerimientos según su impacto”, señaló.
Indicó que desde el 5 de diciembre se solicitó formalmente acceso a esa información sin que el Ministerio haya respondido, lo que calificó como una violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. En ese contexto, afirmó que el derecho ciudadano abre la posibilidad de interponer un recurso de amparo para obligar a las autoridades a rendir cuentas.
“El Ministro debe responder. Sin embargo, lo que se observa es un relajamiento inaceptable de los indicadores y parámetros del sistema de protección de nuestros recursos naturales”, advirtió.
CONTAMINACION EN PRESA DE HATILLO
Como segundo eje del informe, Abreu abordó la situación de la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, donde se ha producido una floración masiva de algas.
“Por segunda ocasión en tiempos recientes el agua en la presa de Hatillo ha cambiado de color, apareciendo enturbiada por una alta profusión de lama verde y pastosa que se conoce como floración de algas o crecimiento explosivo de éstas”, explicó.
Abreu cuestionó que, pese a que la toma de muestras fue anunciada el 5 de diciembre, más de dos meses después el país no cuenta con una explicación oficial. “Más de dos meses después todavía el Ministerio de Medio Ambiente no le tiene una respuesta al país. Y eso es incapacidad para gestionar situaciones que requieren respuestas que despejen dudas y ofrezcan soluciones”, sostuvo.
Agregó que la presa cumple funciones estratégicas en generación energética, riego agrícola, producción piscícola y potencial abastecimiento de agua potable para la capital, por lo que la falta de un diagnóstico integral de la cuenca del río Yuna constituye una falla grave en la gestión ambiental.
INTERVENCION EN VALDESIA
El tercer punto del informe se centra en el proyecto de limpieza de sedimentos de la presa de Valdesia, ejecutado aparentemente por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
Abreu indicó que comunitarios del Distrito Municipal Pueblecito-Muchas Aguas han denunciado que la obra se realiza abriendo una carretera a través del cauce del río Yubazo, afectando fuentes de agua que abastecen a varias comunidades.
Según explicó, el permiso ambiental otorgado permitiría intervenciones que violentan la franja de protección de 30 metros establecida por ley en los cursos de agua, e incluso penetran directamente el cauce del río en un trayecto de más de seis kilómetros.
Solicitó que se publique toda la documentación del proyecto, incluyendo estudios de impacto ambiental, evaluaciones técnicas, empresa ejecutora y destino de los materiales extraídos, que según estimaciones comunitarias, tendrían un valor de miles de millones de pesos.
LITIGIO EN PARQUE JARAGUA
El cuarto “nubarrón” expuesto por Abreu se refiere a la disputa judicial sobre más de 12 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua, en el municipio de Oviedo.
Explicó que una empresa obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Administrativo mediante acción de amparo, lo que podría abrir un precedente peligroso respecto a la protección constitucional de las áreas protegidas.
Sostuvo que la Constitución de 2010 establece la supremacía constitucional y la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales del Estado, por lo que cualquier reducción de límites en áreas protegidas requiere aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional.
En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente no presentó en audiencia los medios probatorios necesarios sobre los límites del parque ni defendió con suficiente claridad la protección constitucional del área, lo que a su juicio revela nuevas fallas institucionales.
RIESGO ESTRUCTURAL AL PATRIMONIO NATURAL
Al concluir la presentación, Abreu reiteró que los cuatro casos expuestos no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural.
“El Ministerio de Medio Ambiente está fallando en su rol constitucional de protección”, afirmó.
Señaló que «la combinación de incapacidad institucional, permisividad administrativa y opacidad informativa está colocando en riesgo el patrimonio natural dominicano».
Aseguró que la Fuerza del Pueblo dará seguimiento a cada uno de los casos expuestos y acompañará a las comunidades en defensa de un medio ambiente sano, advirtiendo que “otras oscuras nubes ensombrecen el panorama ambiental dominicano” si no se corrige el rumbo actual de la gestión pública ambiental.
jt-am
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