Bajo la presión de Estados Unidos y ante el inicio de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República, Rubén Rocha Moya expresó este sábado su intención de retirarse temporalmente de su cargo de gobernador de Sinaloa.
“Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”, dijo Rocha Moya en un video publicado en redes sociales el sábado 2 de mayo.
El gobernador de Sinaloa fue señalado el miércoles 29 de abril de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que no presentó pruebas de manera pública.
Según las acusaciones, Rubén Rocha Moya habría ayudado a importar droga a Estados Unidos a cambio de sobornos y favores políticos. El gobernador de Sinaloa lo niega.
En todo caso, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, afirma que Washington pidió la extradición de Rocha Moya.
“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento en el que las instituciones de justicia de este país lo requieran”, dijo.
“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanos”, añadió Rocha Moya, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Rubén Rocha Moya es un representante de la izquierda en el estado de Sinaloa, que gobierna desde 2021 y también es considerado un cercano del antiguo presidente Andrés Manuel López Obrador.
Diez acusados en total
Entre los otros nueve acusados está Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, ciudad del estado de Sinaloa. Él también pidió una licencia provisional, que fue aprobada el 1 de mayo, y fue reemplazado temporalmente por Miriam Ramos Villarreal.
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, también fueron señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Finalmente, los otros funcionarios estatales que hacen parte de la lista son Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Fiscalía de México pide pruebas a Estados Unidos
Según la Fiscalía General de México, lo que pidieron las autoridades estadounidenses no fue una extradición formal, sino la detención provisional de los acusados como primer paso del proceso.
Sin embargo, no hay pruebas suficientes para llevar a cabo esta medida cautelar, dijo el ente de control.
«No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional», dijo este viernes el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial Raúl Armando Jiménez.
También afirmó que pedirá «todas las pruebas, argumentos, informes, documentos» necesarios a las autoridades encargadas estadounidenses.
Sube la tensión con Estados Unidos
Tras las acusaciones, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió el jueves a Estados Unidos que presente pruebas “irrefutables” del caso, afirmando: «Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito».
Afirmó que, en caso de que la fiscalía mexicana encuentre “elementos constitutivos de un delito”, considerará la solicitud de extradición de Estados Unidos de acuerdo con la ley.
Al mismo tiempo, no descartó que detrás del caso haya una motivación política por parte de Estados Unidos.
«Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», dijo la mandataria en su rueda de prensa.
La presidenta afirmó que la única prueba presentada hasta ahora es una hoja con supuestos pagos de sobornos a los políticos.
«Esto no había ocurrido nunca antes. Nunca, en la historia, que una Fiscalía o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pida una orden de extradición de un gobernador en funciones o de un presidente municipal en funciones, o de un senador en funciones”, explicó la mandataria.
Con AFP, Reuters y EFE
