México es el sexto país del mundo con mayores reservas de gas shale, y aun así importa el 75% del gas natural que consume, casi todo desde un solo proveedor: Estados Unidos. La magnitud del problema se vuelve patente cuando se considera que, en 2024, el 60% de la energía del país se generó en centrales de ciclo combinado que funcionan con ese mismo combustible. Esa dependencia, que en tiempos normales podría tolerarse, se ha vuelto políticamente insostenible en un contexto de tensiones con el vecino del norte, y el gobierno de Claudia Sheinbaum busca resolverla explorando la fracturación hidráulica (fracking). El 15 de abril, la presidenta presentó al grupo de académicos que en dos meses emitirá sus recomendaciones sobre la viabilidad de la técnica.
Con todo, dentro de la paradoja a veces hay ocasión de ventaja. En regiones como la cuenca Pérmica (Permian Basin), en Texas, la sobreproducción de gas derivada del fracking ha sido tal que, en ciertos momentos, los precios han caído a niveles negativos, lo que implica que los productores pagan por deshacerse del gas. Es ese gas, el más barato del mundo, el que cruza la frontera hacia México.
La fracturación hidráulica (o fracking) es una técnica de extracción de gas natural y petróleo que consiste en ejercer alta presión en formaciones rocosas profundas para liberar los hidrocarburos atrapados en ellas. Ha sido un método utilizado desde 1950. Sin embargo, en las décadas de 1990 y 2000 surgió el boom del shale debido a avances tecnológicos que permitieron que, al menos en Estados Unidos, la producción de gas natural creciera del 7% al 70% de 2007 a 2018, consolidándolo como el primer productor de gas natural a nivel mundial.
Desde entonces, ha prevalecido la controversia en torno a los impactos ambientales y sociales del fracking frente a sus beneficios económicos y geopolíticos. Para México, esta no es la excepción. En 2014, a raíz de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, se impulsó la explotación y exploración del gas e hidrocarburos, lo que derivó en la apertura de más de 33,000 pozos. De ellos, más de 8,000 pozos han sido sometidos a procesos de fracking en el país, principalmente en Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León (de acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos).
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y la misma presidenta Claudia Sheinbaum expresaron su oposición al fracking en distintos momentos, en 2026 la discusión resurge en un contexto de tensiones geopolíticas con Estados Unidos. La dependencia de México del gas importado ha reactivado el debate sobre si el país debería apostar por el fracking como vía hacia la soberanía energética.
¿Qué es el fracking?
Debajo de la superficie terrestre se encuentran enormes reservas de gas natural que durante décadas fueron inaccesibles. Hoy, una tecnología conocida como fracturación hidráulica permite extraerlas. Un pozo de fracking puede instalarse prácticamente en cualquier lugar donde exista gas natural. Todo comienza con la perforación de un conducto vertical (el pozo) que atraviesa distintas capas de sedimento. Al alcanzar profundidades de entre 2,500 y 3,000 metros, el pozo llega a su punto de desvío: ahí comienza la perforación horizontal. En ese punto, la trayectoria gira 90 grados y se extiende hasta 1.5 kilómetros a lo largo de una capa densa y compacta conocida como roca de lutita (shale). Después, se introduce una herramienta de perforación que dispara cargas explosivas controladas, creando pequeñas perforaciones que atraviesan el revestimiento del pozo y penetran la roca.
Meses después de la perforación inicial, el pozo está listo para la fase clave: el fracking. En esta etapa, se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y compuestos químicos. La presión es suficiente para fracturar la roca, generando grietas por las que el gas y el petróleo atrapados pueden liberarse. El fluido utilizado es, en más de un 90%, agua. El resto consiste en aditivos químicos que varían según las condiciones del yacimiento, pero que suelen cumplir tres funciones principales: ácidos que disuelven minerales y limpian el conducto, compuestos que reducen la fricción para facilitar el flujo (conocidos como slickwater), y biocidas que evitan el crecimiento bacteriano. A esta mezcla se le añade arena o arcilla, cuya función es mantener abiertas las fracturas incluso después de que la presión disminuye, permitiendo que los hidrocarburos sigan fluyendo.
Según un reporte de 2011 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), México cuenta con 545 billones de pies cúbicos de recursos de gas shale recuperables, posicionándolo como el sexto país a nivel mundial con mayores reservas. De estas reservas, las cinco regiones con mayor condensación de lutita están en las cuencas de Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos (desde Ciudad Juárez hasta Coahuila), Burgos (Nuevo Laredo hasta la mitad de Nuevo León), Tampico-Misantla (sur de Tamaulipas hasta Xilitla) y Veracruz. Pero hay un detalle importante: gran parte de estas cuencas se ubican en el norte del país, una de las regiones con mayor estrés hídrico en México. Por cada pozo, se puede requerir entre 2 y 5 millones de galones de agua en cuencas de gas shale estándar, y puede superar los 10 millones en operaciones más intensivas. De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, alrededor del 67% de los municipios en Chihuahua presentan algún grado de sequía, 56% en Tamaulipas y 25% en Nuevo León. Estas cifras reflejan una presión creciente sobre los recursos hídricos en regiones donde se concentra el potencial de gas shale.
