El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decidió este lunes paralizar «cualquier actividad» relacionada con el proyecto minero Romero, en el suroeste del país.
Según Abinader, «si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”. Una decisión que se enmarca en la ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos.
En el día previo a esta decisión, cientos de personas se habían manifestado en contra del proyecto minero de extracción de oro y otros metales en la provincia de San Juan. La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas y utilizó carros hidrantes contra la protesta cuando intentaba avanzar a la localidad de Romero.
Los primero permisos de exploración se otorgaron en 2005 y fueron reiterados en 2010. Durante los años 2015 y 2018 se volvieron a renovar y se autorizaron estudios técnicos para determinar el alcance del proyecto. «En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación», afirmó el mandatario.
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La defensa minera
En su defensa, GoldQuest fundamentó que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre en otra región del país, donde opera la también canadiense Barrick Gold.
Para los detractores del proyecto el avance del proyecto implicaría la contaminación de los ríos de toda la provincia, una zona donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.
