Uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, el actual jefe de gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, continúa en el centro de la polémica luego de que se conociera en las últimas horas que habría abonado 245.000 dólares en efectivo por obras en una vivienda que no figuraba inicialmente en su declaración patrimonial, hasta que la Justicia argentina comenzó a investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito.
El dato surge de la declaración ante la Fiscalía del constructor que llevó a cabo las reformas, quien afirmó haber recibido ese dinero sin factura ni documentación formal. Por ahora, se trata de un testimonio incorporado a la causa, sin conclusiones judiciales.
El patrimonio de Adorni se encuentra actualmente bajo la lupa tras denuncias vinculadas a la compra de propiedades y viajes al exterior que no serían consistentes con sus ingresos declarados como funcionario público.
En ese contexto, el contratista Matías Tabar declaró haber recibido el pago en efectivo por parte del actual jefe de gabinete, según informaron medios locales.
“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, sostuvo Tabar en declaraciones al diario argentino ‘Infobae’ a la salida de la Fiscalía.
También aseguró que el funcionario fue quien abonó por sus servicios, en efectivo y sin recibos.
Las propiedades bajo la lupa
El testigo aportó detalles de las reformas realizadas en una vivienda de aproximadamente 400 metros cuadrados, que incluyeron, entre otras cosas, la construcción de una piscina con cascada artificial.
La obra también abarcó la remodelación de baños, cocina completa y galerías delanteras y traseras, así como la construcción de una parrilla de importantes dimensiones y un horno a leña
Según la información difundida, la casa habría sido comprada en 2024 por unos 120.000 dólares mediante un préstamo no bancario otorgado por dos mujeres policías y se encuentra ubicada en el country Indio Cuá, un barrio privado residencial de alto nivel a las afueras de Buenos Aires.
La propiedad no habría sido incluida en su declaración hasta mediados de abril, una vez iniciado el escándalo.
Asimismo, la pesquisa, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, también investiga la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En este caso, parte del financiamiento habría provenido de préstamos sin interés otorgados por dos mujeres jubiladas que, según medios locales, aseguraron no conocer al funcionario.
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Viajes y gastos
Por otro lado, también están bajo estudio dos viajes familiares: uno en avión privado a Punta del Este, Uruguay, y otro de dos semanas a Aruba, donde habría volado en primera clase y se habría alojado en un hotel de lujo.
De acuerdo con las versiones que circulan en la investigación, estos gastos —junto con las operaciones inmobiliarias— contrastan con los ahorros declarados por Adorni, lo que alimenta las sospechas, aunque todavía sin una determinación judicial.
Si bien el foco está en los 245.000 dólares de la remodelación de la casa, la Justicia ya tiene un mapa de gastos más amplio:
- Viaje a Bariloche: se supo que Adorni gastó más de 9 millones de pesos argentinos (6.447 dólares) en un fin de semana en el exclusivo hotel Llao Llao, incluyendo 2,5 millones (1.790 dólares) en excursiones, comidas y peluquería.
- El total bajo la lupa: entre los viajes a Punta del Este, Aruba, Bariloche y las propiedades, la cifra que Adorni debe justificar ya supera los 356.000 dólares.
Pero los datos de la investigación, citados por la prensa local, también señalan otros 335.000 dólares en deudas. En combinación, Adorni acumula compromisos por más de USD 725.000, según recogió ‘Infobae’ a partir de fuentes judiciales.
La defensa y la reacción política
Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que demostrará su situación patrimonial ante la Justicia.
“No cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, afirmó el pasado 29 de abril en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
Con relación a su cuestionado patrimonio, aseguró haber afrontado todos los pagos de los viajes que realizó con su familia y que el Estado nacional “no registra ningún costo” de los mismos.
“Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables”, señaló.
El caso tomó mayor dimensión política por el rol que ocupa dentro del actual Gobierno. Como jefe de Gabinete y hasta hace poco vocero presidencial, es una de las figuras más cercanas a Milei y uno de los principales encargados de comunicar y defender las políticas oficiales.
La reacción del propio presidente también contribuyó a escalar el conflicto. Ante las preguntas de periodistas sobre el caso, Milei respondió con dureza y llegó a calificarlos de “corruptos”, en lo que fue interpretado como un intento de desacreditar las críticas.
”Corruptos son ustedes», respondió ante las consultas de la prensa la semana pasada en el Congreso.
Un caso en desarrollo
Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa inicial: hay denuncias, testimonios y cobertura mediática al instante, pero no hay imputaciones firmes ni resoluciones judiciales.
Sin embargo, el caso ya tiene impacto político porque pone en cuestión a un funcionario clave dentro de un gobierno que ha construido parte de su discurso en la crítica a la corrupción y a la “casta” política tradicional, lo que amplifica la relevancia del episodio.
Con EFE y medios locales










