Santo Domingo.- La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) alerta sobre riesgos institucionales por paralización del proyecto Romero y urge una nueva Ley de Minería advirtió sobre los riesgos institucionales, económicos y de confianza inversionista derivados de la paralización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, en la provincia San Juan.
Asimismo, la entidad urgió la aprobación de una nueva Ley de Minería que garantice reglas claras, seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental.
El pronunciamiento de la entidad se produce en un contexto de crecimiento del sector minero dominicano, que registró un aumento de 7.7 % en el primer trimestre de 2026, consolidándose como uno de los principales motores de inversión, generación de empleo y encadenamientos productivos en el país.
Preocupación por la paralización del EEIA
CAMIPE consideró preocupante que el Poder Ejecutivo haya detenido un proceso técnico clave como el EEIA, instrumento que —según explicó— es fundamental para asegurar que las actividades mineras cumplan con los más altos estándares ambientales. “Detener esa evaluación no protege el medioambiente; lo deja sin el análisis riguroso que merece”, sostuvo la organización.
La entidad señaló que cualquier decisión sobre proyectos de alto impacto debe basarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, cumplimiento de las obligaciones legales y respeto al debido proceso, en coherencia con los objetivos establecidos en el Plan META 2036.
Llamado a una nueva Ley de Minería
En ese sentido, CAMIPE afirmó que la situación evidencia la necesidad impostergable de actualizar el marco legal del sector mediante una nueva legislación minera. A su juicio, esta normativa debe promover la transparencia, la participación social efectiva y altos estándares ambientales, al tiempo que brinde certeza a los inversionistas.
Asimismo, la organización subrayó que el debate sobre la minería en la República Dominicana no debe plantearse como una disyuntiva entre desarrollo económico y protección ambiental. Por el contrario, abogó por la construcción de un modelo de minería moderna y sostenible, basado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.
CAMIPE valoró, además, la disposición al diálogo manifestada por el presidente Luis Abinader, y puso a disposición su experiencia técnica para contribuir a un proceso inclusivo que involucre a autoridades, comunidades, especialistas ambientales, la academia y el sector productivo.
- “República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable, técnicamente evaluada, ambientalmente regulada y socialmente dialogada. Para eso necesitamos una nueva Ley de Minería”, concluyó la organización.
