Santo Domingo.– La reciente decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de cualquier actividad vinculada al Proyecto Romero, en la provincia San Juan, ha reactivado el debate nacional sobre el futuro de la minería en la República Dominicana, generando reacciones encontradas entre el sector empresarial, ambientalistas y actores políticos.
El Gobierno: prudencia y escucha social
El presidente Luis Abinader dispuso este lunes la paralización del proyecto argumentando la necesidad de actuar con prudencia frente a las preocupaciones expresadas por comunidades locales.
El mandatario defendió la medida como parte de un estilo de gobierno basado en la “escucha activa”:
“Este Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad, y cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia.”
La decisión ha sido interpretada como una respuesta directa a las protestas y preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto en una zona de alta sensibilidad hídrica y agrícola.
Camipe: alerta por seguridad jurídica y clima de inversión
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) expresó preocupación por las implicaciones institucionales de la medida, señalando que la paralización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) afecta la predictibilidad del sistema regulatorio.
Según la entidad, detener este proceso no fortalece la protección ambiental, sino que interrumpe el mecanismo técnico que precisamente busca garantizarla.
Advirtió además sobre el impacto en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad del sector, que en el primer trimestre de 2026 registró un crecimiento de 7.7 %.
La organización insistió en la necesidad de una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, participación social, y seguridad jurídica:
“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable, técnicamente evaluada y socialmente dialogada.”
Asimismo, valoró la apertura al diálogo del presidente Abinader y ofreció su colaboración técnica para un proceso de revisión integral.
Ambientalistas: un debate que sigue abierto
Desde el sector ambiental, el especialista Luis Carvajal consideró que la decisión presidencial representa un avance, pero advirtió que el problema de fondo no está resuelto.
Carvajal explicó que el Proyecto Romero es solo una parte de un sistema más amplio de concesiones mineras en la región, lo que exige una revisión estructural del modelo:
“Romero es solo un pequeño frente dentro de una concesión más amplia y de múltiples concesiones en la zona.”
El ambientalista sostuvo que la presión social fue determinante en la decisión gubernamental y destacó la organización de las comunidades locales como un factor clave.
No obstante, advirtió que el debate debe ir más allá de un solo proyecto y abordar temas como el uso del suelo, la gestión del agua y la fragilidad ambiental del valle de San Juan.También insistió en la necesidad de actualizar el marco legal minero y de fortalecer los procesos de evaluación ambiental, con una visión de política de Estado:
“Es una obligatoriedad del Estado dominicano definir un marco legal correcto y consultar a la población.”
César Dargam: apoyo al diálogo, pero dudas institucionales
El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, expresó su desacuerdo con la paralización del proyecto, aunque reconoció la trayectoria del presidente Abinader en materia de concertación.
Dargam advirtió que la medida genera interrogantes sobre la fortaleza de los procesos institucionales y la toma de decisiones basadas en evidencia técnica:
“Estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, pues plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia.”
No obstante, afirmó que la minería responsable puede ser una oportunidad para el país si se maneja con equilibrio entre lo social, ambiental y económico.
El Presidente @luisabinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la “detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero” pues plantea interrogantes sobre resguardar…
