Cuba dio un paso significativo en su política económica al poner en vigor el Decreto-Ley 117, una normativa que habilita a los cubanos residentes en el exterior a invertir directamente en la isla, en sectores clave.
La medida, que había sido anunciada por el Gobierno desde 2024, se presenta como una respuesta a la profunda crisis estructural que enfrenta el país y a las crecientes presiones internacionales, particularmente desde Estados Unidos, país que bajo el mandato de Donald Trump, ha asegurado que Cuba es un “estado fallido”.
El nuevo marco legal establece la “condición migratoria de inversores y de negocios” para ciudadanos cubanos en el extranjero, permitiéndoles participar en proyectos económicos sin necesidad de intermediarios y además reduciendo las medidas burocráticas que les impedía enviar dinero a la isla.
La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial y entró en vigor de inmediato, en un intento por movilizar capital desde una diáspora estimada en cerca de tres millones de personas y mientras el territorio insular sufre de apagones constantes que complican el estilo de vida de los ciudadanos.
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Apuesta por sectores estratégicos
Desde el Gobierno, la reforma se plantea como un cambio que trasciende el ámbito comercial y busca redibujar el rol de los ciudadanos que emigraron, para mantener una conexión con su país.
Pero además, autoridades como el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, han señalado que el objetivo incluye atraer “grandes inversiones” en sectores considerados prioritarios como el turismo, la minería y la energía, áreas clave para la recuperación económica de la isla.
La apertura a la inversión externa por parte de ciudadanos cubanos llega en un contexto de limitado acceso a financiamiento multilateral y de contracción del aparato productivo estatal.
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Cambios en el estatus migratorio
Uno de los elementos más relevantes de la normativa es la eliminación del concepto de “emigrado”, que hasta ahora se aplicaba a quienes permanecían más de 24 meses consecutivos fuera del país.
Ahora, con la nueva legislación, se espera que los ciudadanos puedan acceder a derechos similares a los residentes efectivos si obtienen la condición de inversores o mantienen vínculos económicos que sean fácilmente revisados por las autoridades.
El jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, Mario Méndez, aseguró que quienes accedan a esta categoría gozarán de “los mismos derechos” que los residentes en el territorio nacional. Además, indicó que el Gobierno trabaja en normativas complementarias para garantizar la protección jurídica de estas inversiones.
Por su parte, la Cancillería cubana precisó que los interesados deberán tramitar esta condición a través de consulados, siempre que cuenten con un proyecto de negocio aprobado en la isla y vínculos con entidades económicas locales.
La reforma incluye también cambios en la Ley de Migración que entrarán en vigor en un plazo de 180 días. Entre ellos, destaca la posibilidad de que los cubanos en el exterior conserven sus propiedades en la isla incluso si permanecen fuera por más de dos años, una restricción que hasta ahora generaba incertidumbre jurídica.
Asimismo, se introduce el concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a quienes permanezcan en Cuba al menos 180 días al año. No obstante, también podrán acceder a esta condición quienes demuestren arraigo mediante vínculos familiares, laborales o patrimoniales.
Contexto de tensión con Washington
Pero la implementación de la norma no se da bajo un escenario aislado, pues llega justo después de una larga serie de tensiones con Estados Unidos que ha recrudecido su presión sobre el Gobierno izquierdista cubano, bajo el argumento de hacer cambiar a la fuerza su sistema económico y político, puntos sensibles sobre la administración de Díaz-Canel que considera que éstas son áreas internas no negociables.
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Desde inicio de año, la Casa Blanca ha endurecido sus sanciones contra La Habana, incluyendo una orden ejecutiva reciente que amplía las restricciones a empresas y personas extranjeras con vínculos comerciales con Cuba, especialmente en sectores estratégicos como energía y finanzas.
Además, bloqueó sustancialmente el acceso de la isla al petróleo que atracaba en sus puertos, agravando la ya crítica situación energética del país y provocando apagones prolongados a los largo y ancho del país, que a su vez mantienen a media marcha la economía.
Con información de EFE.
