Dirigentes opositores cuestionan austeridad gubernamental y anuncian posibles acciones constitucionales inmediatas
Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) intensificaron sus críticas contra la propuesta del Gobierno de reducir nuevamente los recursos asignados a los partidos políticos, calificando la medida como una amenaza para el equilibrio democrático y una estrategia que favorece al oficialismo frente a la oposición.
Las declaraciones fueron emitidas por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, y el vicepresidente de la organización, Temístocles Montás, quienes coincidieron en que el recorte planteado por las autoridades carece de una visión integral para enfrentar la crisis económica y afecta directamente el funcionamiento del sistema político dominicano.
Según denunciaron, la propuesta contempla una reducción de hasta un 50% de los fondos públicos destinados a los partidos, situación que, aseguran, agravaría las limitaciones financieras de las organizaciones opositoras.
PLD opuesto a recorte a partidos políticos: amenaza la democracia
PLD cuestiona política oficial de austeridad
Durante una entrevista en el programa Panorama de la Mañana, Johnny Pujols afirmó que el Gobierno ha utilizado el discurso de austeridad sin aplicar medidas reales dirigidas a reducir el gasto estatal.
Recordó que desde el año 2022 los partidos ya enfrentan reducciones extraordinarias en los recursos que reciben durante períodos no electorales, por lo que consideró injustificado un nuevo ajuste presupuestario.
“Existe un interés deliberado de crear una condición de asimetría financiera frente a la oposición”, expresó el dirigente político.
Pujols sostuvo que el PLD ha presentado alternativas concretas para enfrentar la situación económica sin afectar el financiamiento partidario. Entre las propuestas mencionó la reducción del gasto corriente, una revisión exhaustiva de la nómina pública, el control de las pensiones especiales y un plan integral para disminuir las pérdidas del sector eléctrico.
El dirigente señaló que el subsidio eléctrico supera actualmente los 100 mil millones de pesos, mientras que la nómina pública habría aumentado en más de 144 mil millones de pesos, sin que exista —según dijo— una mejora proporcional en los servicios públicos.
“Si el Gobierno quiere hablar de sacrificios, debe comenzar reduciendo el dispendio y mejorando la calidad del gasto público”, manifestó.
Además, exhortó a las fuerzas políticas a mantenerse unidas en defensa del sistema democrático y advirtió que el debate sobre el financiamiento no debe distraer la atención de los problemas económicos que afectan a la población.
Dirigente del PLD critica recorte a partidos y critica gastos públicos
Amenazan acudir ante Tribunal Constitucional
Por su parte, Temístocles Montás aseguró que el PLD no descarta acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la medida, argumentando que violaría disposiciones legales y constitucionales relacionadas con el funcionamiento de los partidos políticos.
Montás calificó el recorte como una acción “arbitraria, ilegal y peligrosa para la democracia”, al considerar que los partidos están reconocidos constitucionalmente como pilares fundamentales del sistema democrático.
“Si tenemos que llevar esto a los tribunales, especialmente al Tribunal Constitucional, lo vamos a hacer”, declaró durante su participación en el programa Despierta con CDN.
El dirigente peledeísta sostuvo que el Gobierno no ha presentado un verdadero plan de austeridad ni una estrategia estructurada para enfrentar la situación fiscal del país.
Afirmó que reducir fondos a los partidos representa una porción mínima del gasto público y no solucionará los problemas económicos nacionales.
Asimismo, calificó la iniciativa como una medida “populista”, alegando que busca aprovechar el descrédito que enfrentan las organizaciones políticas ante sectores de la opinión pública.
“El verdadero plan de austeridad debe comenzar por el Gobierno”, insistió Montás, quien reclamó mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos estatales.
Ambos dirigentes coincidieron en que el país necesita políticas económicas integrales y espacios de diálogo entre Gobierno y oposición para enfrentar el contexto económico actual sin afectar la institucionalidad democrática ni el equilibrio político nacional.
