
Sánchez emitió un mensaje en redes sociales, Sánchez para señalar que la Justicia peruana ya descartó que hubiera incurrido en un delito de fraude. Así insistió en su inocencia por los supuestos delitos de documentación y financiación falsa del partido político y por los que la Fiscalía busca que se le abra un juicio.
«Demostré que nunca hice uso personal de recursos económicos del partido, y por eso el supuesto fraude como delito grave fue archivado por el Poder Judicial mediante resolución judicial. No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia», destacó el dirigente político identificado con el expresidente Pedro Castillo.
«Rechazo haber dado falsa declaración a ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades», advirtió el candidato.
Así mismo, agregó que participó de todas las diligencias realizadas por la Fiscalía durante los cinco años que se prolongó la investigación. «Reafirmo mi proceder correcto y respetuoso de la legalidad. Les demostraré su error», alertó Sánchez.
El congresista y exministro también defendió a su hermano Ricardo, quien «fue elegido como comité electoral en un congreso nacional del Juntos por el Perú y, como órgano autónomo le correspondió autogestionar su acción de comité electoral».
«Por ello, también su caso está archivado y no tiene ninguna causa pendiente con el ministerio público ni poder judicial. En esos años 2018, 2019 y 2020 no se recibieron ni un sol de fondos públicos esto también está demostrado», apuntó el aspirante a la jefatura del Estado peruano.
La resolución del fiscal fue emitida el 15 de enero, pero el contenido recién se conoció este martes 12 de mayo, cuando medios locales accedieron a ella, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las autoridades de la justicia electoral definen si será o no el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las presidenciales del próximo 7 de junio.
La próxima instancia será el miércoles 27 de mayo, cuando está previsto que se realice una audiencia donde se formalizará la acusación, que incluye un pedido de inhabilitación política. En es momento restarán poco más de dos semanas para la realización de la segunda vuelta.
Allí, el juez de turno deberá decidir si existe o no suficiente prueba para dar lugar a un juicio contra el dirigente político.
La acusación contra Roberto Sánchez
En el expediente, el fiscal afirma que Sánchez habría presentado una declaración con información supuestamente falsa en 2018 y presuntos aportes económicos falsos en 2019, en los informes financieros del partido Juntos por el Perú.
Según la Fiscalía, tanto el candidato como su hermano William Sánchez habrían recibido hasta 280.000 soles (unos 81.500 dólares, sin declarar en documentos financieros de la formación, en concepto de aportes cobrado a los afiliados del partido.
En tanto, Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez aseguró que el dirigente político no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras y criticó a la fiscalía por no informar cómo usó los aportes su defendido.
Sánchez fue el único ministro que permaneció durante todo el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión.
Con EFE.










