La violencia armada fue el tema del día en el Congreso filipino y no por estar incluida en la agenda parlamentaria. Varios disparos se escucharon al interior del Legislativo este miércoles 13 de mayo, donde las autoridades habían desplegado tropas para capturar al senador Ronald dela Rosa, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.
El tribunal con sede en La Haya difundió el pasado lunes 11 de mayo una orden de arresto contra el hombre, un exjefe de policía de 64 años acusado por los mismos cargos de los que se responsabiliza a Duterte, quien espera juicio en la CPI, tras su detención en marzo de 2025.
El senador convocó a sus seguidores a movilizarse y frustrar su inminente arresto. «Les pido su ayuda, espero que puedan ayudarme. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya», clamó en un video publicado en Facebook desde su oficina en la sede de la Cámara Alta, donde se ha refugiado desde el lunes, cuando fue puesto bajo protección legislativa.
Agentes de la Oficina Nacional de Investigación intentaron detener al legislador el lunes, pero este logró escapar al pleno del Senado y pedir ayuda a sus colegas parlamentarios. Desde entonces, cientos de agentes de policía han sido desplegados en las inmediaciones del Senado para intentar mantener el orden.
Instantes antes de los disparos de este miércoles, se vio llegar al edificio a más de diez infantes de marina con uniformes de camuflaje y fusiles de asalto, aunque aún se desconoce el motivo del despliegue.
Legisladores que aún estaban en el Congreso y periodistas de agencias de noticias, como Reuters y AP, describieron al menos una docena de disparos. El personal de seguridad armado, incluyendo militares, corría de un lado a otro con las armas preparadas, mientras los civiles buscaban refugio.
Las autoridades afirmaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos en los hechos. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que ningún miembro del Gobierno estuvo involucrado en el incidente antes de llamar a la calma. «Llegaremos al fondo de esto», aseguró Marcos en un mensaje de video.
El secretario del Interior, Juanito Victor Remulla Jr., llegó más tarde al Congreso acompañado de altos mandos policiales y declaró que el mandatario lo había enviado para garantizar la seguridad de los senadores. Remulla indicó que se abrió una investigación para esclarecer los hechos y que revisarán las cámaras de seguridad para averiguar quién está detrás del tiroteo.
El Senado estuvo fuertemente custodiado durante todo el miércoles, con personal de seguridad con chalecos antibalas y rifles. Afuera de la sede parlamentaria, la Policía vigilaba a los manifestantes reunidos, algunos pidiendo el arresto de Dela Rosa, más conocido como «Bato» o «Roca».
Cinco senadores solicitaron a Dela Rosa en una resolución que se entregara a las autoridades, pero sus aliados se opusieron a la propuesta el miércoles en un acalorado debate, entre ellos la vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente juzgado en la CPI.
Ronald dela Rosa presentó una petición de urgencia ante el Tribunal Supremo para instar al órgano de justicia a bloquear cualquier intento de trasladarlo a La Haya. El tribunal otorgó este miércoles a todas las partes 72 horas para responder.
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Persecución sangrienta
Ronald dela Rosa es acusado por la CPI por el asesinato de «no menos de 32 personas» entre julio de 2016 y finales de abril de 2018, cuando dirigía la Policía Nacional filipina bajo el mandato de Duterte.
Tras ganar la Presidencia en 2016, Duterte nombró a Ronald dela Rosa al frente del organismo que ejecutó la controvertida guerra contra las drogas, que alarmó a los gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos.
Dela Rosa había dirigido la fuerza policial de la ciudad sureña de Davao, donde Duterte fue alcalde. Allí forjó una reputación política por su enfoque de mano dura contra el crimen.
Alrededor de 6.000 personas murieron durante la guerra contra las drogas del entonces gobierno de Duterte, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esa estimación a más de 30.000.
Los activistas aseguran que es posible que nunca se conozca el número real de víctimas mortales, ya que consumidores y pequeños vendedores fueron asesinados a diario en barrios marginales, donde la Policía atribuía las muertes a grupos de justicieros y guerras territoriales.
Dela Rosa afirmó estar dispuesto a afrontar cualquier acusación ante los tribunales filipinos, pero negó haber ordenado las ejecuciones extrajudiciales durante su gestión al frente de la Policía. «Si tengo que responder por algo, lo haré ante nuestros tribunales locales y no ante extranjeros», manifestó a los periodistas en el Senado.
Duterte sacó a Filipinas de la CPI en 2019, pero ese tribunal reivindicó su derecho para juzgar los crímenes cometidos en el país antes de la retirada. Con esa decisión, el exmandatario se convirtió en el primer líder asiático en ser procesado por la CPI.
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Con Reuters y AP
