
Análisis: Víctor Bautista
Santo Domingo, República Dominicana.- La prensa de Guyana ha recibido el acuerdo petrolero suscrito con la República Dominicana como un hecho de alto impacto geopolítico y energético, pero también como una decisión cargada de tensiones sobre soberanía, transparencia y control de los recursos naturales. La cobertura mediática en Georgetown refleja una división clara entre los medios alineados con la narrativa gubernamental y los espacios editoriales más críticos, que observan el convenio con cautela y recelo.
Los medios estatales y próximos al Gobierno de Irfaan Ali han presentado el acuerdo como un paso histórico hacia una integración energética caribeña. El Guyana Chronicle, principal diario oficialista, ha insistido en el concepto de una “formidable partnership” entre Guyana y República Dominicana, retomando incluso la línea editorial iniciada desde los Memorandos de Entendimiento firmados entre ambos países en 2023. En sus coberturas recientes, el periódico ha enmarcado la alianza como parte de una arquitectura regional orientada a fortalecer la seguridad energética, la cooperación económica y el respaldo diplomático frente al conflicto territorial con Venezuela por el Esequibo.
Bajo esa lógica, la prensa gubernamental ha evitado centrar la discusión en los términos financieros del contrato y ha privilegiado un discurso de integración hemisférica. Titulares como “Guyana, Dominican Republic create formidable partnership” o “Fruitful talks pave way for enhanced Guyana–Dominican Republic co-operation” muestran cómo el relato oficial intenta posicionar a República Dominicana no como un simple operador petrolero, sino como un aliado estratégico dentro del Caribe.
Sin embargo, la recepción en medios independientes ha sido mucho más crítica. Kaieteur News, probablemente el diario más combativo del ecosistema mediático guyanés, ha utilizado el acuerdo para cuestionar nuevamente la opacidad de los contratos petroleros firmados por la administración Ali. El medio publicó análisis y editoriales bajo un tono frontal, incluyendo el texto “Guyana Must Wake Up”, donde compara la política petrolera guyanesa con los recientes movimientos de Senegal para revisar concesiones consideradas desfavorables para el interés nacional.
Las críticas de Kaieteur News se concentran en tres ejes principales. Primero, la falta de publicación íntegra de los términos contractuales del acuerdo con República Dominicana. Segundo, las dudas sobre el régimen fiscal que se aplicará al bloque adjudicado, ante sospechas de posibles beneficios especiales derivados de la relación diplomática bilateral. Y, tercero, las interrogantes sobre consultorías y conexiones empresariales vinculadas al proyecto Gas-to-Energy, que algunos sectores consideran señales de una estructura poco transparente alrededor de los nuevos acuerdos energéticos.
Lectura técnica e industrial
Por su parte, OilNOW —medio especializado en energía e hidrocarburos— ha ofrecido una lectura más técnica e industrial. Su cobertura sitúa el ingreso dominicano al sector upstream como un intento de diversificar los actores presentes en la explotación offshore de Guyana, tradicionalmente dominada por ExxonMobil, Hess y CNOOC. Desde esta perspectiva, la participación dominicana es vista como un movimiento político y económico orientado a ampliar la red de aliados estratégicos de Georgetown en momentos en que Guyana se consolida como una de las economías petroleras de más rápido crecimiento en el mundo.
Otro aspecto ampliamente destacado por la prensa guyanesa ha sido el vínculo entre el acuerdo petrolero y la disputa territorial con Venezuela. Los medios oficialistas han enfatizado reiteradamente que República Dominicana ha respaldado públicamente la posición de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. En consecuencia, parte de la narrativa gubernamental sostiene que otorgar bloques petroleros a países aliados fortalece el compromiso regional con la defensa de la soberanía guyanesa.
La cobertura también ha conectado el acuerdo con los planes de construir una refinería en Guyana con participación dominicana. Este proyecto, que años atrás había sido descartado o minimizado por funcionarios del propio Gobierno, ha regresado al debate público, impulsado por la volatilidad energética global y las tensiones geopolíticas internacionales. Medios como Kaieteur News y Guyana Business Journal han mostrado posiciones divergentes: mientras el Gobierno lo presenta como una cuestión de “seguridad nacional”, analistas independientes cuestionan su rentabilidad y sugieren que responde más a intereses geopolíticos y diplomáticos que estrictamente económicos.
La reacción mediática ocurre, además, en un contexto particularmente sensible para la prensa de Guyana. El cierre de la edición impresa de Stabroek News en marzo de 2026 dejó un vacío importante dentro del periodismo independiente del país. Diversos analistas consideran que esta desaparición debilitó los mecanismos tradicionales de fiscalización pública sobre los contratos petroleros, aumentando la polarización entre los medios estatales y los críticos.
En términos generales, la prensa guyanesa está tratando el acuerdo con República Dominicana como mucho más que un simple contrato energético. Para el oficialismo mediático, representa una consolidación estratégica del liderazgo regional de Guyana y un nuevo eje de cooperación caribeña. Para los sectores críticos, en cambio, el convenio simboliza los riesgos de reproducir un modelo petrolero poco transparente en medio de un crecimiento económico extraordinario que todavía no se traduce plenamente en bienestar social para la población guyanesa.










