Por Melvinson Almánzar
El presidente del Consejo de la Refinería Dominicana de Petróleo y exadministrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, rompió el silencio este fin de semana con una declaración pública cargada de indignación y preocupación, en la que denunció haber sido víctima de presuntos actos de extorsión, difamación y ataques personales dirigidos no solo contra él, sino también contra su familia y sus hijos menores de edad.
La reacción de Pereyra surgió todavía con más carácter, luego de una publicación realizada por Carlos Rubio en Instagram, en la que se utilizaron imágenes e informaciones relacionadas con su entorno familiar. Lo que a mi juicio es una falta de respeto y consideración desde todos los ordenes, inclusive tendente a la condena moral y legal.
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En lo particular, no conozco a Carlos Rubio y a penas sé lo que públicamente llevo unos 10 años escuchando de Samuel, pero en ningún código la familia se puede irrespetar de esa manera, ni en humano, ni en lo político, ni en los códigos de la calle esto es admisible.
El bullying y el daño que pueden recibir los menores
La exposición pública de menores de edad en conflictos políticos o personales puede tener consecuencias devastadoras en su vida emocional y social. Cuando imágenes, nombres o situaciones familiares son llevadas a redes sociales masivas, los niños quedan vulnerables al acoso escolar, las burlas y la estigmatización dentro de sus propios entornos educativos.
En muchos casos, compañeros replican comentarios vistos en internet sin comprender el daño psicológico que generan, convirtiendo a los hijos de figuras públicas en víctimas indirectas de disputas entre adultos.
Especialistas en conducta infantil han advertido durante años que el bullying derivado de la sobreexposición digital puede provocar ansiedad, aislamiento, inseguridad y afectaciones emocionales a largo plazo. En contextos como este, donde menores son arrastrados al debate público por ataques dirigidos contra sus padres, el daño trasciende las redes sociales y puede perseguirlos en escuelas, actividades sociales y círculos familiares.
Límites de la libertad de expresión
En un país donde el debate público suele tornarse agresivo y polarizado, la denuncia de Samuel Pereyra abre nuevamente la discusión sobre los límites éticos de las redes sociales y la diferencia entre fiscalizar a un funcionario y convertir a su familia en blanco de ataques personales.
“Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con el cargo público y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme”, expresó Pereyra en su comunicado.
El exadministrador de Banreservas afirmó que decidió acudir a la justicia en el estado de Florida, Estados Unidos, lugar donde reside actualmente Carlos Rubio, interponiendo acciones legales por presunta extorsión, difamación y uso indebido de imágenes e informaciones vinculadas a menores de edad.
Más allá del conflicto legal, el mensaje del funcionario plantea un tema delicado: el uso irresponsable de las plataformas digitales para destruir reputaciones. El señalamiento es grave. Pero aún más grave resulta la normalización de prácticas donde hijos, esposas y familiares son utilizados como munición mediática para golpear políticamente o emocionalmente a una persona.
Exponer menores de edad en redes sociales con fines de presión pública no puede confundirse con periodismo, denuncia ciudadana ni libertad de expresión. La crítica a los funcionarios públicos es legítima y necesaria en cualquier democracia. Sin embargo, cuando el debate abandona los hechos y se traslada al terreno de la intimidación personal, el chantaje o la humillación familiar, deja de ser ejercicio ciudadano para convertirse en un acto de degradación moral.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa el enorme vacío regulatorio y ético existente en el ecosistema digital dominicano, donde cuentas personales y figuras mediáticas operan muchas veces sin filtros, sin responsabilidad y sin consecuencias inmediatas, aun cuando involucran menores de edad o difunden acusaciones sin sustento judicial.
Mientras el caso avance en tribunales estadounidenses, la discusión pública apenas comienza: ¿hasta dónde puede llegar una figura digital en nombre de la “denuncia”? ¿Dónde termina la libertad de expresión y comienza el abuso?
Para muchos, como en mi caso, la línea quedó cruzada en el momento en que la familia de Samuel Pereyra fue expuesta públicamente.
