Colectivos y organizaciones ambientalistas consideran la suspensión del proyecto Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo, como una victoria que merece celebrarse. Sin embargo, este conflicto representa apenas uno de los numerosos movimientos ciudadanos y ecologistas activos en México que buscan garantizar la supervivencia de distintos ecosistemas y los medios de vida de múltiples comunidades.
Con apenas el 1% de la superficie terrestre del planeta, México concentra cerca del 12% de la biodiversidad mundial. El patrimonio ambiental del país comprende ecosistemas únicos, desde selvas y arrecifes hasta desiertos, reconocidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a través de seis bienes naturales y dos mixtos, lo que coloca a la nación en el quinto lugar global. No obstante, el acelerado crecimiento urbano y turístico ha fragmentado numerosos hábitats que, en muchos casos, también constituyen la principal fuente de ingresos de miles de familias.
Tras una serie de convocatorias difundidas en títulos populares como Brookhaven, Adopt Me! y Blox Fruits, los avatares de cientos de jugadores de Roblox salieron a las calles virtuales con pancartas para defender Mahahual.
Esta tendencia se refleja en casos como el de Puerto Loreto, en Baja California Sur, una zona que dejó de ser considerada exclusivamente un área natural protegida para convertirse también en un puerto habilitado para la navegación de altura y cabotaje.
La modificación quedó oficializada tras la publicación de un decreto firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 10 de abril, como parte de una serie de reformas sustentadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Puertos.
En el caso específico de Loreto, la disposición permite el ingreso de embarcaciones internacionales y amplía las actividades de comercio exterior. Esto incluye el tránsito de barcos nacionales destinados al transporte de mercancías, combustibles y pasajeros.
La coalición ¿Ballenas o Gas?, integrada por más de 40 organizaciones civiles y ambientalistas, exige la revocación inmediata del decreto al considerarlo una medida inconstitucional. De manera general, sostiene que la decisión “pone en grave riesgo el hábitat de la ballena azul y las economías locales que dependen de la llegada y permanencia del animal más grande del mundo y de otras especies igualmente relevantes”.
Hasta ahora no existen acciones legales formales contra el decreto. Sin embargo, hace unas semanas, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, aseguró que su administración propondrá revisar la medida si es necesario, bajo la premisa de que cualquier decisión relacionada con el desarrollo marítimo de Loreto debe priorizar el bienestar comunitario, la vocación turística de la región y la protección de las áreas naturales.
De Sonora a la Ciudad de México, activistas buscan proteger el medio ambiente
Una situación similar ocurre en Sonora alrededor del Proyecto Saguaro, una terminal de gas natural licuado (GNL) que, aunque promete convertirse en la más grande del país, también amenaza la supervivencia de las ballenas que habitan en el golfo de California.
En septiembre del año pasado, la organización civil Nuestro Futuro interpuso una demanda contra el Proyecto Saguaro “a nombre de las ballenas”, mediante la cual solicitó la revocación de los permisos ambientales otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a Saguaro Energía, empresa responsable del desarrollo.
