Por instrucciones de Hugo Beras se iniciaron acciones para aprobar contrato Intrant y Latam

SANTO DOMINGO.- Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fue señalado por impulsar un mecanismo de aporte de fondos provenientes de otras instituciones para gestionar un apoyo financiero, para ligar la asignación de RD$1,200 millones de contrato entre la institución que dirigía y la empresa Transcore Latam.

En el documento de orden de arresto contra Beras y demás imputados en la operación Camaleón, detalla que bajo las instrucciones directas del exfuncionario, se iniciaron todas las actuaciones administrativas necesarias en el Intrant para proceder con un proceso de contratación.

Junto a Francisco Álvarez Carbuccia, ambos comprometieron el presupuesto institucional, destinando parte de los fondos para cubrir un anticipo del 20 % con recursos propios de la institución.

Uno de los puntos más críticos del proceso, es que el pliego de condiciones del contrato no fue preparado por el departamento correspondiente, lo que despertó cuestionamientos sobre la transparencia en la elaboración de las bases de licitación. Además, se obligó a los peritos encargados del proceso a firmar acuerdos de confidencialidad.

Existen indicios que señalan la participación de Frank Atilano Díaz Warden, quien habría influenciado al encargado del departamento de compras, Félix Rubén Reynoso Calderón, para modificar el pliego de manera extemporánea. Esto contribuyó a que no se llevara a cabo una evaluación técnica adecuada y transparente.

Asimismo, se han detectado vínculos entre las empresas adjudicatarias Aurix SAS y Transcore Latam SRL, cuyos representantes, Julio César Martínez Lantigua y José Ángel Gómez Canaán, están asociados al proceso. Se destacó también, que el monto adjudicado superaba los fondos disponibles, lo que añade una nueva capa de dudas sobre la legitimidad de este proceso de contratación.

Un informe especial de investigación realizado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, ha sacado las presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública nacional núm.Intrant-CCC-LPN-2023-0001 con Latam.

La investigación, liderada por Andreinys D. Guerrero, Yariely Hernández y Julio Caraballo, y que abarcó el período de agosto de 2022 a noviembre de 2023, ha revelado graves violaciones a las leyes de contratación pública y actos fraudulentos en la adjudicación de contratos.

El informe incluye auditorías técnicas y financieras que muestran irregularidades en el proceso de selección de la empresa Transcore Latam SRL, desde la planificación del proyecto hasta la firma del contrato.

Se identificó que los funcionarios del Intrant, incluyendo a su exdirector Hugo Beras Goico Ramírez, gestionaron un aporte de RD$1,200 millones del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, comprometiendo el presupuesto de la institución sin seguir los procedimientos adecuados.

La evaluación técnica del proyecto tampoco se realizó de manera transparente, lo que resultó en la adjudicación de un contrato a Transcore Latam SRL por un monto superior al disponible.

Además, destaca vínculos entre las empresas adjudicatarias Aurix SAS y Transcore Latam SRL, y personas como Julio César Martínez Lantigua y José Ángel Gómez Canaán, lo que añade un componente de conflicto de interés al proceso.

Uno de los hallazgos más graves fue la falsificación de la firma de Jorg Brinkmeyer, relacionada con los documentos societarios de Transcore Latam SRL en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, como constató una experticia caligráfica realizada por la licenciada Yelida M. Valdez López, analista forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a solicitud del procurador adjunto Wilson Camacho Peralta.

Este informe, que incluye una auditoría técnica de la red semafórica y un CD con anexos que sustentan los hallazgos, señala graves violaciones a las leyes 340-06 sobre compras y contrataciones públicas y 10-07 sobre control interno, con implicaciones directas para los funcionarios del Intrant y la empresa involucrada.