Santo Domingo, R.D. – Durante un reciente pronunciamiento oficial en el que se fijó posición sobre el estado de derecho y la gobernanza democrática, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana adoptó una postura de total reserva ante las interrogantes sobre posibles sanciones consulares dirigidas a miembros del Poder Judicial dominicano.
Al ser consultada específicamente sobre si la delegación diplomática contempla la revocación de visados a aquellos jueces cuyas decisiones no estén apegadas a la ética y a los valores institucionales, la embajadora Leah F. Campos optó por omitir una opinión directa sobre el tema.
En su declaración formal, reflejada en el documento de la imagen 1000656821.jpg, la funcionaria se limitó a señalar que, «de conformidad con nuestra política, la Embajada no comenta sobre casos individuales de visas».
Esta deliberada omisión y la negativa a descartar la medida han sido interpretadas por analistas y sectores de la opinión pública como una señal de que el gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre las decisiones y el comportamiento de los magistrados en el país, dejando abierta la posibilidad de retirar visados a quienes se aparten de la legalidad.
A pesar de su hermetismo en materia consular, la embajadora Campos fue enfática en el plano político y doctrinal, manifestando el rechazo categórico de su nación hacia cualquier intento de «manipular los procesos judiciales con fines políticos». Asimismo, advirtió que un sistema de justicia justo, independiente y transparente es esencial para la confianza pública, lanzando un claro mensaje de advertencia contra las prácticas de persecución judicial o «lawfare».
