La justicia federal argentina solicitó formalmente este lunes 1 de junio a España la extradición de Ephraín Enrique Verdú Torrelles, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en 2014.
Se trata de la primera solicitud de extradición que se deriva de la causa que Argentina tramita bajo el principio de jurisdicción universal contra funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
Según las Naciones Unidas, la jurisdicción universal es el principio del derecho internacional que permite a los tribunales nacionales de cualquier país investigar y juzgar ciertos crímenes graves, sin importar dónde se cometieron, ni la nacionalidad de las víctimas o de los perpetradores.
La orden contra Verdú Torrelles fue dictada en febrero de este año, luego de que las autoridades confirmaran que el excoronel reside en España, en la región de Galicia.
La Cancillería argentina transmitió entonces el pedido a Madrid y, en marzo pasado, el Consejo de Ministros español habilitó la continuación del proceso. El expediente se encuentra ahora en manos del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional.
Una bala a corta distancia en el rostro
El 19 de febrero de 2014, Geraldin Moreno Orozco, de 23 años, estudiante de Citotecnología y jugadora de fútbol sala, participaba en una manifestación pacífica en la puerta de su propio edificio en Valencia, estado Carabobo.
Un grupo de efectivos de la GNB llegó en moto y comenzó a disparar contra los manifestantes. Geraldin empezó a correr y cayó herida. Uno de los guardias bajó de la moto y le disparó a corta distancia en el rostro y el cuerpo. Murió tres días después, el 22 de febrero.
Las protestas de 2014 fueron las más masivas en décadas: el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.286 manifestaciones en todo el año, un promedio de 26 por día. La represión dejó, según cifras del propio Ministerio Público venezolano, 42 muertos, 973 heridos y más de 3.300 detenidos solo entre febrero y junio.
La muerte de Geraldin quedó como uno de los símbolos más crudos de esa represión.
En Venezuela, la justicia condenó a los ejecutores directos: Albin Bonilla Rojas, sargento de la GNB, recibió 30 años de prisión, y Francisco Caridad Barroso, otro militar, 16 años y seis meses.
Pese a que el Tribunal Supremo ratificó las condenas en 2019, la cadena de mando nunca fue investigada. Ese vacío es precisamente el que busca llenar la causa abierta en Argentina.
Cuando tuvieron lugar los hechos, Verdú Torrelles se desempeñaba en el destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y encabezaba el operativo de ese día. La investigación argentina lo señala como responsable dentro de esa cadena de mando.
«Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune», dijo Rosa Orozco, madre de la joven, en un comunicado de la ONG InterJust, que se especializa en casos de justicia universal.
«Cada avance legal, como éste, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, agregó.
El otro caso y el origen de la causa
La denuncia que dio origen al expediente también incluye el caso de J.A.M.F., un joven que el 19 de febrero de 2014 filmó con su celular cómo las fuerzas de seguridad reprimían una marcha pacífica en Caracas. Cuando lo descubrieron, lo persiguieron, lo atraparon y lo golpearon sin que opusiera resistencia. Murió cuatro días después en el hospital producto de las lesiones.
La causa se inició en enero de 2023 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia.
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En junio de ese año, la Fundación Clooney para la Justicia presentó otra querella ante la justicia federal argentina centrada en ambos homicidios, cuyas víctimas habían permanecido en el anonimato para proteger a sus familias. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires.
Este año, la organización InterJust tomó la representación de los querellantes y reveló este lunes 1 de junio la identidad de Rosa Orozco; el otro caso sigue protegido bajo reserva de identidad.
“Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas”, afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust.
“Pondría fin a años de impunidad y serviría como un importante recordatorio de que no debe haber refugio seguro para los responsables de crímenes internacionales”, añadió.
El expediente se encuentra en el Juzgado Federal N° 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2025, Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro, de Diosdado Cabello y de otros trece funcionarios. Tras la detención del expresidente en Estados Unidos, el juez solicitó en febrero que sea extraditado también a Argentina.
El respaldo internacional
Amnistía Internacional pidió este lunes a España y Argentina que cooperen «de forma ágil y plena» con el proceso y con cualquier solicitud futura.
La directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, afirmó que los crímenes de lesa humanidad «deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles«.
“Los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela, deben remover la conciencia de toda la comunidad internacional y conducir a acciones tangibles para proteger a las víctimas frente a violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, tanto pasados como futuros”, expresó la directora en un comunicado.
En ese sentido, Amnistía Internacional exigió el “desmantelamiento inmediato de la política estatal de represión, incluyendo la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y la reforma integral del sistema de justicia”.
En la misma línea, InterJust instó a las autoridades competentes de España a “cooperar plenamente con el proceso y a conceder la solicitud de extradición de conformidad con la ley, garantizando así que Argentina pueda proceder al juicio del acusado con pleno respeto al debido proceso y las garantías judiciales”.
Con EFE y medios locales
